Jacinto Lara es abogado y pertenece a la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), en la que trabaja desde mediados de 2013. En el año 2010, familiares de víctimas de la dictadura franquista (1936-1977) presentaron una demanda en Buenos Aires para que se investiguen y sancionen esos crímenes, que en el Estado español quedaron impunes. Para la radicación de la querella en nuestro país, se valieron del principio de Justicia Universal de la ONU.

Desde Madrid, entrevistado por Pía Garralda (de la Asociación de Profesionales en Lucha), Lara se refirió a la lucha por verdad y justicia, examinó los límites de la Ley de Memoria Democrática aprobada recientemente en la Cámara de Diputados (pendiente aún de tratamiento en el Senado), e hizo mención a la represión e impunidad de ayer y hoy en la península ibérica.

Analizando los vínculos entre los organismos de derechos humanos y pueblos del Estado español y la Argentina, Lara destaca la importancia de los juicios de Madrid por los crímenes de derecho internacional cometidos durante la dictadura argentina, al calor de los cuales se empieza a desarrollar la cuestión de la jurisdicción universal y se dictaron resoluciones judiciales por parte de tribunales españoles.

Sin embargo, dice, “cuando (estos tribunales) han tenido que investigar y enjuiciar los crímenes domésticos cometidos durante la dictadura franquista, la transición (democrática) e incluso más allá, esa doctrina del derecho internacional de los Derechos Humanos, mantenida en otros procedimientos (no solo los relativos a Argentina y Chile, que fueron los primeros), ese corpus jurídico, toda esa normativa, desaparece de un plumazo”.

Lara se refiere a “un modelo de impunidad terrible”. Señala, por ejemplo, que “se han presentado, desde 2016 a 2022, más de 100 querellas contra criminales franquistas como consecuencia de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la dictadura, la transición y más allá, y todas, absolutamente todas, han sido inadmitidas a trámite invocándose la prescripción de los delitos, la ley de amnistía (de 1977) y el principio de ilegalidad penal”.

Video: Camila Garralda

En relación al proyecto de ley de Memoria Democrática que aprobó Diputados, y que antes de fin de año debe tratar el Senado, afirma que “la crítica de la Coordinadora es que es una ley absolutamente insuficiente en materia de justicia”.

Por caso, no se toca la ley de amnistía, lo que impedirá llevar a los represores a la cárcel, ni se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva (prerrogativa de iniciar un proceso legal y obtener reparación ante la vulneración de un derecho). “Tampoco hay una serie de disposiciones en la ley que indiquen al gobierno y el Estado que el modelo de impunidad hasta la fecha deba ser modificado o revertido. La ley no proyecta eso, ni siquiera en la exposición de motivos”, apunta.

En definitiva, y más allá de algunas medidas que avanzan en materia de la búsqueda de la verdad (exhumaciones, instauración de la asignatura memoria democrática), “no da una respuesta acorde a las exigencias en materia de Derechos Humanos que le han venido demandando al Estado español desde distintas instancias internacionales”.

Explica que la norma “prevé la creación de una fiscalía de sala en materia de Derechos Humanos y memoria que puede impulsar ciertas investigaciones, pero siempre en el ámbito de la fiscalía, no en el ámbito de juzgados y tribunales, que son los que tienen la palabra de si se abren esas diligencias de investigación de carácter judicial más allá de lo que la fiscalía haya podido constatar o comprobar”.

Aunque hay un proceso de introducción de enmiendas a la ley, Lara presume que quedará tal cual fue aprobada en Diputados. Y caracteriza que “la situación de impunidad se va a mantener”.

Consultado sobre la situación de los derechos humanos bajo el régimen democrático, entiende que “el Estado español tiene unas carencias democráticas muy importantes. Desde nuestro análisis viene arrastrado por ese modelo de impunidad, que hace que el Estado no haya sido capaz de asumir unos principios democráticos básicos. Se han venido arrastrando esas estructuras que se han ido modificando a través de leyes, de determinadas disposiciones, pero nos encontramos con que las personas siguen siendo las mismas, que el poder político y económico sigue recayendo en las mismas organizaciones y las mismas personas. Nos encontramos con una situación en que de aquellos polvos, estos lodos”.

Menciona que las situaciones de represión se repiten y “hay un modelo de impunidad que protege amplios sectores del poder, incluido por supuesto cuerpos de seguridad del Estado”.

A la “ley mordaza” de seguridad democrática, que cercena derechos y refuerza las atribuciones de los cuerpos represivos, la califica como una “reversión de derechos total y absoluta”, y cuestiona que, varios años después de su aprobación durante el gobierno de Mariano Rajoy (PP), el parlamento español no la haya derogado.

Critica también al gobierno actual del Psoe-Podemos, dado que “no está actuando con la suficiente iniciativa, convicción, poniendo encima de la mesa todas las medidas pertinentes para revertir esa situación de involución de derechos”.

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