La movilización campesina en Paraguay se ha profundizado en los últimos días y se ha convertido en el detonante de una movilización más generalizada.

Los cortes de ruta que comenzaron en el norte se han extendido a todas las regiones del país, con dos reclamos comunes: la tierra y el aumento del precio del algodón pagado por los acopiadores a los campesinos. En Asunción, las tres centrales sindicales (Cut, Cnt y Cpt) convocaron a una marcha en solidaridad con los campesinos, que la prensa caracterizó como “multitudinaria” y en la que —destaca— “los manifestantes reclamaron la huelga general” (Ultima Hora, 26/2). Wasmosy —dice Clarín (4/3)— “enfrenta un aluvión de huelgas de empleados estatales”. En la primera huelga que ha estallado, los trabajadores han paralizado el Instituto de Previsión Social en reclamo de la destitución de su directiva. Al mismo tiempo, los campesinos y trabajadores cuyas viviendas serán inundadas por el llenado de la represa de Yacyretá, han ocupado las oficinas de la empresa y amenazan con cortar el puente internacional a Encarnación en reclamo de su inmediata relocalización y de la indemnización prometida por el gobierno.

Frente a este cuadro general, que Ultima Hora (26/2) caracteriza como de “hipertensión social”, el gobierno aparece “desesperado” (ídem). Fracasada la política puramente represiva por la extensión del movimiento campesino, Wasmosy ha quedado a la defensiva.

La gran marcha nacional sobre Asunción que han convocado las organizaciones campesinas para mediados de marzo condensa y acelera todos estos elementos de movilización popular y crisis política.

Opresión campesina y régimen político

Las movilizaciones han desnudado la histórica opresión del campesinado paraguayo.

La tierra está en manos de un puñado de latifundistas: mientras el 81% de las explotaciones rurales más pequeñas —unas 220.000 familias— apenas ocupan el 6% de las tierras cultivables, el 0,3% de las mayores —menos de 900 grandes propietarios— monopoliza el 56%. Los latifundistas, además, monopolizan el crédito: las fincas de menos de cinco hectáreas han recibido, según el último censo agrícola, apenas el 1% del crédito oficial.

Sin créditos, los campesinos se han convertido en rehenes obligados de los grandes acopiadores. Cuatro grandes pulpos —que controlan el 60% del comercio algodonero— entregan a los campesinos semillas, aperos, agroquímicos, insumos y asistencia técnica —que cotizan a precios de usura— como pago a cuenta de la futura cosecha, cuyo precio de compra fijan, también monopólicamente. La exacción es, pues, por partida doble.

Los grandes acopiadores prácticamente detentan el poder político en Paraguay. Wasmosy es el propietario del segundo mayor pulpo acopiador, el grupo Comempa, que controla el 19% del comercio algodonero. Pero notablemente, el mayor explotador del campesinado paraguayo es nada menos que el hombre que encabezó la lista centroizquierdista en las últimas elecciones: Guillermo Vargas Caballero es propietario, junto con capitales franceses, del pulpo Las Palmas, que maneja el 21% del comercio algodonero. La “mesa de concertación y gobernabilidad” entre el gobierno y los partidos opositores es, apenas, una extensión de los directorios de los grandes pulpos acopiadores. El gobierno de Wasmosy ha reforzado este robo mediante un decreto que otorga a los pulpos el monopolio de la compra del algodón a los campesinos, lógicamente, con el apoyo de la “concertación”.

El monopolio, sostenido y reforzado por el régimen político, permite a los acopiadores fijar precios de miseria por la cosecha, precisamente en momentos en que la cotización del algodón en los mercados ha pegado un salto espectacular, del orden del 30%, como consecuencia de que, “por primera vez en muchos años, las necesidades de consumo superan los volúmenes producidos” (La Nación, 26/2).

Por su enfrentamiento contra los latifundistas que monopolizan la tierra y con los acopiadores que monopolizan el comercio algodonero, la rebelión campesina paraguaya no es un mero reclamo económico: es un enfrentamiento con el conjunto del régimen social y político.