Roberto Cardona, ex viceministro de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras, deberá escuchar la totalidad de las acusaciones en su contra el próximo viernes. Liberado luego de pagar una fianza, está acusado de violar lo predispuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en cuanto al proceso de consulta previa de información que se debe realizar con los pueblos indígenas cuando se trata de proyectos de desarrollo que afecten sus recursos naturales.

Los medios nacionales informan que está acusado de ampliar la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el Río Gualcarque, en tierras pertenecientes a la comunidad Lenca, y contra el cual sostuvo una lucha tenaz la activista indo-campesina Berta Cáceres, asesinada en marzo pasado, quien también se oponía a la instalación de bases militares norteamericanas en este territorio. Por su crimen hay seis detenidos con prisión preventiva entre los que se cuentan sicarios, miembros del ejército hondureño, retirados de la fuerza y un empleado de la hidroeléctrica Agua Zarca.

Según el diario hondureño El Heraldo, el instigador del crimen habría pagado más de 22 mil dólares por su realización. Por su parte, The Guardian publicó en junio pasado declaraciones del ex sargento primero Rodrigo Cruz, de las Fuerzas Especiales del Ejército de Honduras, donde confiesa que su unidad recibió la orden de asesinar a varios dirigentes sociales en su país, entre ellos la dirigente Berta Cáceres. El análisis de las comunicaciones telefónicas entre los detenidos da cuenta de que la planificación del crimen comenzó a  fines de enero.

El profesionalismo de los autores intelectuales y materiales del crimen contrasta con la precariedad de la investigación judicial: el expediente judicial del caso de la activista hondureña fue robado por cuatro hombres fuertemente armados a una representante de la Corte Suprema de Justicia. Aunque los funcionarios judiciales afirman tener una copia del mismo, no faltaron las voces que denuncien la liviandad con la que las instituciones del Estado proceden a investigar tamaño crimen político.

El Estado hondureño recrudece sus ataques contra el activismo indo-campesino

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) fue reprimido hace unas semanas mientras se manifestaba por una investigación independiente del crimen de su referente. Su principal dirigente, sucesor de Cáceres, denunció que fue víctima de más de seis intentos de asesinato. En los ocho meses que transcurrieron desde el crimen político de Cáceres dos activistas de la zona fueron acribillados.

Esta es la respuesta que el régimen político que emergió en Honduras en 2009, luego del golpe militar contra Zelaya que contó con el apoyo del imperialismo, puede ofrece para garantizar impunidad y mejores condiciones de explotación de los recursos naturales para el beneficio capitalista, sea este nacional o extranjero.

Diversas organizaciones sociales y políticas hondureñas y de otros países de la región exigen una comisión internacional independiente para esclarecer el crimen. Recientemente  las hijas de Berta Cáceres dieron en la tecla afirmando que toda la institucionalidad hondureña está creada para velar y garantizar el desarrollo y el impulso del modelo extractivo para la exportación de materias primas, desarrollado por la empresa privada, la banca internacional y los empresarios nacionales.

Entrevistadas por el diario costarricense La Nación, Berta y Laura concluyen: ‘Creemos que hay una responsabilidad del Estado, incluso lo hemos denominado como un crimen político’. La voracidad en la explotación capitalista contaminante y la violación de los derechos humanos en el país exigen una acción independiente de los trabajadores hondureños.