En la madrugada del viernes 15, la primer caravana migratoria del año partió rumbo hacia Estados Unidos. En la frontera hondureña, unas 600 personas fueron detenidas pero otras miles lograron ingresar a Guatemala.

Los gobiernos de El Salvador, Honduras, Guatemala y México se reunieron el pasado lunes para coordinar un reforzamiento militar fronterizo y sofocar el flujo migratorio, con un despliegue de 7.000 efectivos militares.

El trasfondo de estas caravanas es el empobrecimiento y la descomposición social en Centroamérica. Las familias trabajadoras intentan sobrevivir a través de la emigración. Basta con ver los índices de pobreza, que en Guatemala, El Salvador y Honduras abarcan a más de la mitad de la población. A su vez, poseen tasas de homicidios de las más altas del mundo. Estas problemáticas preexistentes se agravaron con la pandemia del Covid-19 y la pésima gestión de sus gobiernos.

Poco antes de asumir, Joe Biden adelantó que designará a Cecilia Muñoz como Asesora de Inmigración, lo cual cobra especial sentido en este contexto, ya que fue una pieza clave en el récord histórico de deportaciones durante los mandatos de Barack Obama. Muñoz ha justificado la separación de familias y la deportación de “delincuentes latinos” que cometieran infracciones de tránsito. Fue parte mentora de la ley Arizona -que criminaliza a los jornaleros- y de las famosas jaulas donde se recluía a hijos de inmigrantes detenidos. En 2011 declaró que “mientras el Congreso nos dé dinero para deportar a 400.000, eso es lo que haremos”.

Vale señalar de nuevo la colaboración de los gobiernos de la región con Estados Unidos, incluyendo al México de Andrés Manuel López Obrador, quien suscribió acuerdos con Trump que transforman al país en un “Estado tapón” de los migrantes.

Ante el dantesco panorama social centroamericano, reivindicamos el derecho libre a la migración; abajo la represión, asilo incondicional; por la solidaridad internacional de la clase obrera para enfrentar al imperialismo, los gobiernos ajustadores y represores.