Hong Kong vive por estos días un proceso histórico de movilizaciones. Hasta dos millones de personas, en una isla de siete millones de habitantes, se han lanzado a las calles contra un proyecto del gobierno que habilita las extradiciones a la China continental.

Si bien el gobierno ha suspendido el tratamiento del proyecto en el parlamento, los manifestantes reclaman su retiro definitivo, que no haya represalias, y en el caso de algunos sectores, la renuncia de la jefa de Estado, Carrie Lam, a la que sindican como una marioneta de la burocracia de Beijing.

Las movilizaciones han sido reprimidas duramente por el gobierno. En tanto, la burocracia china las anatematizó como instigadas por intereses extranjeros. En el curso de las protestas se ha destacado el movimiento estudiantil, que arrastra una experiencia en el combate callejero con las fuerzas represivas desde las protestas de 2014. Para la burocracia china, el movimiento plantea una amenaza de contagio al continente y un mayor distanciamiento con Taiwán, donde se refuerzan los partidos anti-chinos.

El movimiento aparece dirigido políticamente por un frente de organizaciones opositoras de cuño liberal. Estas han tratado de restringir los reclamos de la marea humana al retiro del proyecto de ley, que despierta resquemores en el sector empresario, que teme que sus inversiones puedan verse afectadas. “A los que hablé les preocupaba que el proyecto de ley de extradición ofreciera la posibilidad de incautación de activos y condenas por soborno”, testimonia un columnista del South China Morning Post (19/6). Los grandes inversores, explica otro artículo, “prefieren resolver sus disputas comerciales en la isla antes que en China continental” (La Nación, 13/6). Muchas patronales, informa uno de estos medios, dieron facilidades horarias a sus trabajadores para favorecer su participación en las marchas. También la Iglesia católica apuntaló las movilizaciones.

Estos sectores realizan un trabajo para domesticar las movilizaciones con un doble propósito. Por un lado, no romper todos los puentes con Beijing, considerando los vínculos del capital extranjero y la burocracia china; por otro, impedir que cobren relevancia las demandas de los trabajadores en un territorio en que el 20% de la población se encuentra en la pobreza, “el salario mínimo exhibe menos poder adquisitivo que hace ocho años” (Clarín, 15/6) y “el 10% del decil superior gana 44 veces más que el 10% inferior de la escala” (ídem).

Hong Kong, vieja colonia británica, fue transferida a China en 1997 como parte de un acuerdo que implicó un salto en la restauración capitalista (“un país, dos sistemas”). China conservó ciertas potestades políticas, como una incidencia clave en la designación del gobierno (domina políticamente el consejo que elige al máximo mandatario, y el primer ministro chino, a su vez, debe convalidarlo), pero el lugar se transformó en una meca del capital financiero.

Guerra comercial

Las protestas de Hong Kong formarán parte de la agenda del encuentro bilateral entre Trump y Xi Jinping en la cumbre del G-20, en Osaka, Japón, que estará surcada por el problema de la guerra comercial.

Hong Kong se ha transformado en una pieza de ese escenario. Si bien Trump fue llamativamente cauto a la hora de expresarse sobre las protestas, llamando a las partes a llegar a un acuerdo, voceros del Departamento de Estado amenazaron con revisar el estatus comercial especial del que goza la isla, un punto que despierta gran preocupación entre los empresarios que operan en ese territorio. La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, advirtió también que “el Congreso tendrá que reconsiderar si Hong Kong es lo suficientemente autónoma dentro de ese marco de ‘un país, dos sistemas’” (La Nación, ídem). 

Es necesario que el movimiento de masas se abra camino en la crisis con sus propias reivindicaciones, para terciar como un factor independiente frente al imperialismo y la burocracia.