La reunión anual de la Asamblea Popular Nacional, el órgano legislativo máximo del régimen chino, ha resuelto avanzar en una norma de seguridad nacional para Hong Kong, que refuerza las atribuciones represivas del Estado en ese territorio semi-autónomo. El régimen chino argumenta que hay un incumplimiento por parte de las autoridades locales del artículo 23 de la Ley Básica, que hace las veces de una Constitución, y que establece que la isla está obligada a adoptar una legislación contra “la secesión, la sedición y la subversión”.

La medida está dirigida, en primer lugar, contra los movimientos de protesta que desafían a Beijing desde el año pasado. En junio, más de un millón de personas se movilizaron contra un proyecto que habilitaba las extradiciones a China continental. Retirada esa iniciativa, las movilizaciones continuaron en reclamo de una mayor autonomía política y en rechazo del gobierno de Carrie Lam, considerado como una simple extensión del gobierno chino. En el pico más álgido de las manifestaciones, China llegó a amenazar con una intervención militar.

La decisión del régimen chino, de todos modos, tiene que ser analizada en términos más generales. La Asamblea Popular Nacional deliberó bajo el impacto del Covid-19, con sus repercusiones políticas, sociales y económicas. China ha decidido -por primera vez desde 1990- no fijar un objetivo de crecimiento económico. Se estima que rondará apenas el 1,2%, lejos del 6,1% del año pasado. En estas condiciones, el informe de apertura del primer ministro Li Keqiang alertó sobre el problema de la “grave recesión de la economía mundial”. Para aminorar el impacto de la crisis, se analiza relajar las metas de déficit fiscal y un endeudamiento para financiar obras de infraestructura, aunque cualquier plan de rescate estará por detrás del aplicado tras la bancarrota mundial de 2008. Un dato importante es que se fija un techo para que el desempleo urbano no alcance el 6% (actualmente está apenas debajo de esa cifra): la burocracia china teme el impacto social potencialmente incendiario de la crisis e intenta atemperarlo. Tres integrantes del Instituto de Investigaciones de Valores Zhongtai difundieron un artículo a fines de abril que afirma que el desempleo real trepa al 20% en el país, como resultado de que 70 millones de trabajadores habrían perdido sus empleos recientemente. Señalan que las cifras oficiales chinas no cuentan a un importante sector de trabajadores migrantes, que no se desempeña en las ciudades (La Gran Epoca, 3/5). Sean o no sean correctas estas cifras, los propios números oficiales reconocen un crecimiento de la desocupación. Es una bomba de tiempo, que se acentúa porque muchos trabajadores no tienen cobertura de desempleo (que es de un monto de apenas 190 dólares), ya que la legislación obliga a cotizar un año entero para acceder al beneficio, y en cambio muchos empleados dejan sus labores antes de cumplir ese período (La Nación, 24/5). 

La preocupación de Beijing, a la hora de avanzar en mayores medidas represivas, no son solo las protestas en Hong Kong, sino su impacto en el continente, en momentos en que la pandemia y sus consecuencias económicas agudizan las penurias de las masas.

Otro aspecto a tener en cuenta es el cuadro internacional. Frente al debate de la ley de seguridad, Estados Unidos amenaza con quitar a Hong Kong el estatus de “nación más favorecida” (que, entre otros ítems, otorga beneficios arancelarios), apostando a golpear a la burocracia y los capitalistas chinos, que usan a la isla como intermediaria de negocios. Es un arma de doble filo, que podría lesionar intereses norteamericanos que operan en el lugar.

La tensión entre China y Estados Unidos viene en ascenso en varios terrenos. Trump ha roto con la Organización Mundial de la Salud, a la que acusa de ser una “marioneta” de Beijing. También ha reforzado lazos con el gobierno de Taiwán, donde fue reelecto un gobierno más confrontativo con Xi Jinping. Un dato menos conocido es que se han intensificado los patrullajes militares norteamericanos en el Mar de la China Meridional (CNN en Español, 15/5), fuente de disputas entre varios Estados debido a sus rutas de navegación y a sus recursos petroleros y gasíferos.

El fondo de las renovadas presiones norteamericanas es doblegar a la burocracia china y avanzar en el proceso de colonización y restauración capitalista.

El proceso de movilizaciones

El gobierno de Carrie Lam, fuertemente ligado a China, ha anunciado su disposición a cooperar en la implementación de la nueva ley. Del otro lado del tablero político, referentes de los movimientos de protesta han llamado a volver a ganar las calles. Ya han tenido lugar las primeras manifestaciones, fuertemente reprimidas, que también incluyen el rechazo a una normativa que se discute en el consejo legislativo hongkonés, que penaliza las “ofensas” contra el himno chino.

Las movilizaciones en Hong Kong, tras el retiro del proyecto de ley de extradición, se habían concentrado en reclamar la libertad de los detenidos durante las protestas, una comisión investigadora independiente de la represión policial (la oficial absolvió al cuerpo represivo), y el sufragio universal para la elección de Consejo Legislativo y de jefe de gobierno (algo que está férreamente controlado por el régimen chino). El proceso se ha caracterizado por algunas marchas multitudinarias (como la jornada de junio ya mencionada) y otras más reducidas, pero también más belicosas, donde se destaca un activismo juvenil fogueado en el combate contra las fuerzas policiales.

El movimiento obrero intervino a partir de huelgas sectoriales y de dos paros generales convocados por la HKCTU (Confederación Sindical de Hong Kong), la segunda central más importante de la isla. Esta central asume las reivindicaciones antes señaladas. En un documento a raíz del reciente 1° de mayo, denuncia la ausencia de negociaciones colectivas y el cercenamiento del derecho de huelga, pero no ha colocado esta agenda social en el proceso de rebelión.

Algunos sectores intentan llevar el movimiento al redil del imperialismo. El caso más notable es la movilización al Consulado yanqui con banderas norteamericanas, en septiembre pasado, solicitando el respaldo de Trump. Ahora, algunos activistas reclaman a EE.UU. que saquen a la isla del estatus de “nación más favorecida”, como mecanismo de presión.

Los límites del movimiento quedan más que claros cuando se analizan los resultados de las elecciones municipales de noviembre pasado, que dieron un amplio triunfo a algunos de los partidos ligados al imperialismo (y una fuerte derrota al gobierno de Lam).

Sometidas a la presión cruzada del imperialismo y de la burocracia china, las masas hongkonesas tienen el desafío de abrirse un rumbo independiente para imponer sus reivindicaciones democráticas y sociales. En este camino,  es clave que procuren una confluencia con los explotados del continente.