La “ley antisubversiva” impulsada por Tung y la burocracia china otorga una injerencia ilimitada a la policía y a los servicios de inteligencia en la vida política y social y autoriza la detención de personas sin acusación ni orden judicial. Su sanción era una de las obligaciones establecidas en el acuerdo por el cual el imperialismo británico devolvió la soberanía de Hong Kong a la burocracia china. La ley en cuestión tiene enormes puntos en común con las “leyes antiterroristas” impuestas por Bush y los mandatarios europeos en sus propios países. Por eso, en una nota editorial, The Economist (5/7) afirma que “la ley no es completamente mala (y) en ciertos aspectos representa una mejora respecto de las leyes coloniales existentes”.

El repudio a la ley no fue, sin embargo, el único componente de la movilización. Un corresponsal describe “un estado general de insatisfacción” ante el aumento de la desocupación, el deterioro de las condiciones de vida como consecuencia de la crisis económica, la corruptela de los gobernantes y el manejo oficial ante la reciente epidemia de SARS.

Con la manifestación del 1° de julio, las masas de Hong Kong, por primera vez en mucho tiempo, entran en la “onda china”. Las manifestaciones en la ex colonia están en sintonía con las manifestaciones y estallidos de cólera popular que regularmente tienen lugar en el interior de China contra las exacciones impositivas de la burocracia, el no pago de salarios y jubilaciones, o el cierre de empresas estatales. Esta “conexión” explica el terror de la burocracia frente a las movilizaciones de Hong Kong: la difusión de noticias e imágenes fue prohibida en todo el territorio continental por temor a que el medio millón movilizado en la ex colonia se pudiera convertir en un “faro” para los estallidos que tienen lugar en la propia China.

Ante la resistencia popular, Pekín impulsa “una ronda de consultas” entre los partidos y la “sociedad civil” de Hong Kong para “mejorar” la ley, y hasta aceptaría una ley menos draconiana y una dilación todavía mayor en su aprobación. Pero respalda fuertemente al gobierno de Tung porque no quiere crear el “antecedente” de un gobierno volteado por la movilización popular.

Asamblea Constituyente

Hace seis años, la soberanía de Hong Kong fue restituida a China mediante un acuerdo entre el imperialismo británico y la burocracia de Pekín que establecía la fórmula “un Estado, dos sistemas”. En la práctica, esto significa que la burocracia se comprometía a respetar y defender las relaciones sociales capitalistas en Hong Kong. Bajo el gobierno colonial británico, jamás la población de Hong Kong tuvo el derecho de elegir a sus gobernantes.

Hong Kong fue el “modelo” de una serie en ensayos de “reforma política”, desarrollada en las regiones cercanas a Hong Kong, como Shenzen y otras, en donde que se registra una importante radicación de empresas capitalistas. El sentido de estas “reformas” era, a la vez que mantener el monopolio político del Partido Comunista, permitir un mayor control del gobierno por parte de los capitalistas y reducir la injerencia de la burocracia en el proceso económico. Los reclamos capitalistas de un gobierno “responsable” apuntan en esta dirección.

La crisis política en Hong Kong pone en cuestión este proceso político, cuya meta final era la reunificación de China y el “regreso” de Taiwán. Pero ahora que la cuestión de la democracia y de las libertades no se plantea en el “laboratorio” de las “reformas” burocráticas sino que es planteada por la movilización popular, en las calles, el imperialismo respalda a la burocracia, es decir sus negocios…

La movilización contra el gobierno impuesto por la burocracia de Pekín y sus leyes represivas y los reclamos democráticos de las masas en Hong Kong y también en la propia China, como por ejemplo, el reclamo del derecho de la libre organización sindical y a la libre manifestación política, ponen en el primer plano la necesidad de una consigna democrática de conjunto: una Asamblea Constituyente, convocada por las organizaciones de los explotados.