El 12 de diciembre, Puerto Rico fue sacudida por una movilización de miles de profesores y estudiantes que marcharon desde el Capitolio hasta el Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación, para reclamar la eliminación del incremento de la cuota universitaria en un 300% (cada estudiante paga 49 dólares en la actualidad por materia en la Universidad de Puerto Rico) y la cuota especial de 800 dólares, la cual los estudiantes tendrán que pagar a mitad de enero cuando inicie el período de matrícula. Ante la falta de respuesta, el 14 de diciembre los estudiantes votaron en asamblea el comienzo de una huelga que se sostiene hasta el día de hoy. La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y la Confederación Nacional de Asociaciones de Profesores Universitarios -convocantes a la marcha- también se encuentran en huelga y sus miembros se niegan a cruzar las líneas de los piquetes estudiantiles.

La huelga estudiantil prácticamente ha paralizado el mayor campus en Río Piedras, San Juan. La Universidad de Puerto Rico (UPR) tiene once locales en la isla con aproximadamente 60.000 estudiantes, de los cuales 20.000 cursan en el campus principal.

La universidad pública de Puerto Rico tiene una larga tradición de luchas dentro del marco asfixiante del Estado colonial, desvergonzadamente llamado “Estado Libre Asociado”. A mediados de año, el gobernador colonial Fortuño impulsó unas brutales medidas de ajuste contra el sector público. Entre ellas: el despido de más de 15 mil trabajadores, un recorte de 100 millones de dólares al presupuesto universitario de 2011, la eliminación de las exenciones en el pago de matrícula y un aumento de la misma. Las promesas incumplidas en ese entonces -cuando una enorme lucha enfrentó el ajuste- han dado lugar a una nueva rebelión estudiantil.

La politización de la huelga actual es muy superior a la precedente, luego de un año de intensas movilizaciones y procesos asamblearios. Se calcula que el incremento de la matrícula significaría la exclusión de alrededor de 10.000 estudiantes, además, del principio del fin de la educación pública superior en Puerto Rico. Pese al estatuto colonial en la isla, gracias a la lucha de los estudiantes no se ha podido implantar el sistema de enseñanza privatizado de los Estados Unidos.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (controlado por el Partido Nuevo Progresista del gobierno) rechazó el derecho a huelga de los estudiantes. El Congreso estadounidense aprobó en 1947 la Ley Taft Harley, que limita el derecho a la huelga, normativa que se extendió a la isla caribeña.

Ante la inminencia del paro estudiantil, el gobierno decidió militarizar el campus universitario. La policía ocupó el recinto de Río Piedras -lo cual no ocurría desde hace treinta años, tras el asesinato de la estudiante Antonia Martínez en marzo de 1970 y la sangrienta ocupación policial de la universidad en marzo de 1971, que dejó decenas de heridos de bala y tres muertos.

El 14 de diciembre, a pesar de la militarización de la universidad, casi todos los 17.000 estudiantes del Campus de Río Piedras y los 1.500 claustrales vaciaron la universidad. Desde entonces, la huelga voluntaria de más del 95% de los estudiantes y profesores ha paralizado la institución y se ha extendido a las sedes de Cayey, Humacao y Carolina, entre otras. Como consecuencia de la militarización de la universidad, los huelguistas realizan actos relámpago en las plazas y los centros comerciales, con un gran apoyo popular.

Quiebra económica, independencia nacional

A pesar de que los estudiantes han presentado infinidad de propuestas para reemplazar el aumento de la matrícula, el gobernador colonial no ha cedido. Puerto Rico tiene una economía que se encuentra a punto de cumplir 60 meses de recesión, con un déficit de 3.300 millones de dólares. Luis Fortuño y el Banco Gubernamental de Fomento han aplicado medidas draconianas de ajuste, que han incluido recortes presupuestarios y el despido de miles de empleados públicos para conseguir una revisión de “estable” a “positiva” en el crédito de la isla, según la casa evaluadora Standard & Poor’s.

Entre enero y noviembre de 2010 se registraron 11.323 quiebras, principalmente en los pequeños y medianos comercios (un promedio aproximado de 1.000 quiebras mensuales). El total de quiebras acumuladas representó un incremento de 10% con respecto al total de quiebras de 2009 para este mismo período, el cual fue 10,329. La avalancha de despidos que se suscitaron a lo largo del año elevó la tasa de desempleo, reconocida oficialmente a un 16%. El un contexto explosivo, una victoria estudiantil podría ser la chispa que encienda la hoguera.