El empresario Enrique Pescarmona le acaba de decir a una revista semanal que “aún en las crisis se pueden hacer negocios”. “Incluso en Afganistán”, agregó para mayor claridad. Pero que la guerra es el mayor negocio de los negocios capitalistas, eso no es estrictamente una novedad.

Pescarmona se estaba refiriendo en especial a la Argentina.

Porque si de un lado la llamada recesión ha llevado a la tumba a unas veinte mil pequeñas y medianas empresas e incluso ha deshecho el emporio de Exxel; ha llevado a convocatoria a Gatic, Alpargatas o Macri e incluso golpeado los negocios informáticos del susodicho Pescarmona; y hasta Repsol ha visto degradada su calificación crediticia como consecuencia de la deuda de 15.000 millones de dólares que contrajo para “comprar” YPF; de otro lado las concesiones del gobierno han llenado los bolsillos de banqueros y grandes capitalistas como nunca.

Los capitalistas pueden pagar con títulos comprados a 40 centavos, impuestos por valor de un peso. Se los ha eximido de toda suerte de impuestos, en especial de los impuestos a los intereses ganados y a las ganancias de capital, en un momento en que el gobierno les promete un canje para subir la cotización de los bonos en su posesión. Obtienen la bancarización de todas las operaciones comerciales. Se les asegura el pago al ciento por ciento de una deuda externa que ha perdido el 70% de su valor y se les promete intereses del 7% anual cuando la tasa internacional se encuentra en el 2% y deberá caer aún más.

Como medida extrema, el gobierno ha decidido convertir en acciones de las empresas los impuestos impagos de éstas, transformándose en el socio que habrá de bancar las pérdidas del capital privado.

El Estado interviene para recomponer el capital desvalorizado por la descomposición del propio capitalismo. Pero el Estado que pretende rescatar es el que más necesita ser rescatado porque es el más golpeado por la descomposición capitalista, como lo demuestra el hundimiento de la recaudación, el incremento de la deuda compulsiva y la ruina de las finanzas públicas.

Se conforma así la base social e histórica de una crisis de poder.

La salida, para el capital, es descargar la crisis sobre el pueblo.

En consecuencia, el presupuesto del 2002 prevé no pagar los aguinaldos de junio y de diciembre, aunque tampoco se pagaría el del próximo fin de año.

Se anulan asignaciones familiares por valor de 500 millones de pesos. Quedan eliminados los 600 millones del Incentivo Docente.

Se liquidan los planes de empleo, de salud y de alimentación, por 550 millones de pesos.

Se anula cualquier obra pública, es decir que no hay ninguna salida para la desocupación.

Sin embargo, una economía que retrocede al 6% anual no puede pagar intereses del 7% por la deuda pública. El planteo de Cavallo es un callejón sin salida. Por eso no lo acompañan ni el FMI ni el Banco Mundial, es decir sus propios amos.

Antes de declarar oficialmente la inevitable bancarrota capitalista y la devaluación del peso, Cavallo quiere consumar el último y gran ajuste. O sea, disminuir los costos de la crisis para los capitalistas, atenuarle los “dolores” a la clase de los explotadores.

Es en estas condiciones que ha comenzado el corte indefinido de rutas votado por la dirección de las Asambleas piqueteras. No solamente hay que apoyarlo con todo, en primer lugar extendiendo este corte a nuevas y nuevas rutas y caminos.

Hay que apoyarlo especialmente impulsando la declaración de una huelga general por la recuperación de todas las conquistas arrebatadas, el salario mínimo de 600 pesos, el subsidio al desocupado de 500 pesos, el no pago de la deuda y el cese del gobierno de De la Rúa-Cavallo y que una Asamblea Constituyente se haga cargo del gobierno del país.