La huelga general española contra el “decretazo” antiobrero de Aznar fue una dura derrota política para el gobierno. Contra todos los pronósticos oficiales de que “fracasaría”, la paralización en la industria, en la construcción y en la educación pública fue masiva. En el campo, el paro fue total. El transporte funcionó sólo con “guardias mínimas”. La prensa, editada por personal jerárquico, fue distribuida por furgonetas policiales ante el paro de los camioneros. En las grandes ciudades, más de un millón de trabajadores manifestaron su repudio al decretazo gubernamental. Pocos días antes de la huelga, una manifestación de 250.000 trabajadores contra el decreto había conmovido a Sevilla.

La nota dominante de la jornada fueron los piquetes, que en las puertas de los garajes del transporte colectivo enfrentaron a la policía para impedir el cumplimiento de los “servicios mínimos”, y que obligaron a cerrar los supermercados y el comercio. La importancia que tuvieron los piquetes, es decir, la acción colectiva de la clase obrera para hacer cumplir la medida de lucha, se revela en el hecho de que el gobierno dirigió contra ellos sus más furiosos ataques y hasta la propia prensa centroizquierdista los calificó como “anacrónicos”.

La masividad de la huelga se explica porque el “decretazo” de Aznar provocó una verdadera rebelión en la clase obrera española. El punto más importante del “decretazo” es la “reforma” del régimen de subsidio al desempleo, que penalizará a los trabajadores desocupados que rechacen una oferta de empleo -cualquier empleo, con cualquier salario, incluso aunque sea de tiempo parcial o en negro y no permita al trabajador acceder nuevamente al subsidio si es despedido-. Por esta vía, se fuerza al trabajador a aceptar la precarización y la inestabilidad laboral. También se pretende abaratar el costo de los despidos, derogando la norma que obliga a la patronal que despide sin causa a un trabajador, a pagar su salario hasta que los tribunales se pronuncien. Finalmente, se pretende liquidar el subsidio agrario que cobran los jornaleros rurales de Andalucía y Extremadura, dos regiones donde se concentra el 70% de los jornaleros españoles y en las que los salarios (y particularmente los rurales) son sensiblemente inferiores a los del resto de España.

La huelga general española -casi a continuación de la gran huelga general italiana- se desarrolló en un cuadro caracterizado por el ascenso de la lucha huelguística en toda Europa: en esos mismos días, pararon los controladores aéreos de toda Europa, los empleados judiciales italianos, los portuarios griegos, y los obreros de la construcción y los empleados bancarios alemanes.