Finlandia suele ser puesta como ejemplo por lo que sería un gran funcionamiento de su “estado de bienestar”. Sin embargo, el nuevo gobierno de Juha Sipilä (del Partido del Centro, junto a la extrema derecha de Verdaderos Finlandeses) ha decidido efectuar un ataque en regla contra la clase obrera: reducción de salarios y un ataque a la ley de contratos sindical que “puede representar un tijeretazo al 25% de (los) salarios” (El País, 18/9). El gobierno quiere poner un tope al salario y un techo en las negociaciones colectivas. Prevé un recorte de 800 millones de euros del presupuesto, y el cierre de las fronteras de cara a la crisis migratoria. La crisis económica mundial afectó el corazón de la industria finesa, que está estancada hace 36 meses.

La huelga general (la primera en 20 años) fue lanzada por el conjunto de los sindicatos: los vuelos se cancelaron, el transporte se paralizó, así también los astilleros Turku, la industria metalúrgica y 60 papeleras. La universidad de Helsinki fue ocupada por los estudiantes y docentes. La huelga tuvo un acatamiento superior al 75%. Tres sindicatos que representan a 2,2 millones de trabajadores (la población total es de 5,5 millones) realizaron la medida de fuerza el viernes 18 de septiembre. La movilización de 30.000 personas hacia el centro de Helsinki tuvo consecuencias inmediatas: el gobierno tuvo que posponer las medidas.