Con una masiva huelga general de 48 horas y grandes concentraciones en las principales ciudades del país, la Cosatu (la central sindical sudafricana) salió a enfrentar la política de privatizaciones del gobierno del Congreso Nacional Africano. La huelga tuvo su pico en la actividad minera y en el transporte público. Contó con el apoyo del Congreso de Estudiantes, de la Coalición de ONGs y de los grupos de lucha contra el sida (una enfermedad que sufre el 25% de los sudafricanos).

La Cosatu denuncia que la privatización de los teléfonos, la electricidad y el transporte dejará a 200.000 trabajadores en la calle, cuando el desempleo abierto alcanza al 30% y el retraso en la construcción de viviendas populares y en la distribución de tierras y la inflación, en particular en los alimentos, han creado una “situación social incandescente” (Le Monde, 14/8). El gobierno planea poner a la venta las acciones de estas empresas en la Bolsa; en el cuadro de los actuales derrumbes bursátiles, esta privatización significará una entrega lisa y llana de las empresas a precio vil.

La central sindical integra, junto con el Pc de Sudáfrica, la coalición que gobierna el país. Cautelosa, la burocracia sindical advirtió que “esta huelga no es contra el gobierno y menos contra el Congreso Nacional Africano” (Le Monde, 3/10). Pero la masividad de la huelga de la central obrera dirigida por la burocracia adicta al gobierno indica un principio de independencia política de la clase obrera sudafricana, la más importante del continente.