Huelgas de hambre, paros generales, vigilias de protesta, rutas cortadas y movilizaciones sacuden Bolivia. Todo comenzó hace unos 50 días cuando representantes de 36 pueblos indígenas, salieron de Trinidad -capital de Beni, en el oeste de Bolivia- hacia La Paz, en demanda de sus derechos y la protección del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), una reserva natural de 1,2 millones de hectáreas, amenazada por un proyecto de construcción de una carretera de unos 300 kilómetros, que dividiría en dos la llamada “casa grande” de los indígenas chimán, yuracaré y moxenos.

El domingo pasado, en un intento de no permitir que llegaran a La Paz, la movilización indígena fue brutalmente reprimida por la policía, dejando cientos de heridos y detenidos y más de 200 personas desaparecidas. La represión desató una escalada de movilizaciones y acciones de repudio al gobierno de Evo Morales, que culminaron con una paro nacional de la Central Obrera Boliviana de 24 horas, surgido por una fuerte presión de las bases, convulsionadas también por el incumplimiento de los acuerdos salariales firmados con el gobierno en el mes de abril. Sólo en la ciudad de La Paz, los medios calculaban la presencia de 100 mil personas movilizadas.

La dura represión policial de la marcha indígena derivó en consecuencias políticas de magnitud, convirtiéndose en la mayor crisis del gobierno de Morales desde que llegó al poder en 2006, al incluir la renuncia de los ministros de Defensa e Interior y dos viceministros, así como la pérdida de varios diputados oficialistas. “Asumo esta posición porque no comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno y no puedo defender o justificar la misma”, señala la carta de renuncia, enviada a Evo, de la ex ministra de Defensa Cecilia Chacón. La crisis ha puesto en peligro además las elecciones judiciales del 18 de octubre, mediante las cuales el gobierno pretende avanzar en el copamiento del órgano judicial, al punto de considerarse incluso la posibilidad de la suspensión de las mismas. Varios diputados del partido de Morales han anunciado que empezarán a votar contra el gobierno, poniendo en riesgo la cómoda mayoría de dos tercios que tiene hasta ahora.

En un abierto desafío al presidente Evo Morales, los indígenas bolivianos anunciaron tras la represión que proseguirán su marcha hasta La Paz para asegurarse de que el proyecto vial que rechazan se cancele para siempre -a pesar de que Evo Morales anunció, reculando ante la bronca desatada por la represión, la suspensión de la obra hasta tanto los ciudadanos se pronuncien. Mientras Evo intenta desentenderse de la represión y finge un pedido de disculpas a la población, maniobra para concretar un plebiscito que le permita continuar con el emprendimiento. Los pueblos originarios, que por la constitución plurinacional debían haber sido consultados antes de comenzado el emprendimiento, rechazan tajantemente tal injerencia.

“Vamos a retomar nuestra marcha y solamente en La Paz vamos a aceptar el diálogo”, dijo el mojeño Fernando Vargas Mosúa, vocero de los indígenas. Una segunda marcha indígena se dirige hacia La Paz proveniente de Oruro, encabezada por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (Conamaq), que reúne a los pueblos quechua y aymara.

El Presidente ya ha perdido el apoyo de tres de las cinco grandes agrupaciones indígenas que apoyaron su candidatura en 2006. Dos tercios de los habitantes de Bolivia -unos 12 millones- son indígenas o asumen esa herencia étnica e histórica. Una mayoría de esos dos tercios son nativos del Altiplano, de cultura quechua y aymara -etnia a la que pertenece Evo- y el resto, los llamados amazónicos o de tierras bajas, se dividen en numerosos grupos de lengua y usos que los alejan de las etnias dominantes. La fuerza de Evo reside en los llamados “colonizadores” -indígenas del Altiplano a quienes se les han prometido tierras de labriego-, que creen que grandes extensiones de tierra cultivable en el oeste del país están en manos de muy pocos “hermanos”. El parque natural objeto del conflicto tiene 1,2 millones de hectáreas y está habitado por unas 15.000 personas de tres etnias.

Con esta situación como transfondo, el conflicto actual es resultado, sin embargo, de un gran negocio al servicio de las transnacionales brasileras, que buscan un acceso al océano pacífico. El proyecto se encuentra financiado en un 80% por la banca brasilera, y ha sido adjudicado a la constructora (también brasilera) OAS, denunciada por un sobreprecio de más del 100% (1,3 millones de dólares por Km costaría la obra con este sobreprecio). El gobierno de Evo retoma el programa Iirsa, elaborado a fines de los ’90 por los gobiernos neoliberales de la región que busca hacer un gran negocio mediante obras de infraestructura para desarrollar el comercio entre los dos océanos -esto sin contar el negocio de las petroleras y madereras en la región.

En menos de un año, Morales ha tenido que dar marcha atrás dos veces por las presiones de los sectores sociales que lo llevaron al gobierno: primero en diciembre pasado, cuando buscó imponer un alza del 83% del precio de la nafta, y ahora con el anuncio de la suspensión de la autopista.

Luego del levantamiento popular en respuesta al “gazolinazo” y del ataque de Evo Morales a la huelga general de la COB por salario, la represión a los indígenas del Tipnis desata una nueva crisis con la base social que lo llevó al poder en 2006 y refuerza la delimitación de los sectores populares del “capitalismo andino”. La alianza del Estado, el capital internacional y la producción indígena, concebida por el vicepresidente de Evo, ha desnudado una vez más su carácter reaccionario. La centralización y el usufructo de los recursos y capitales que requiere el desarrollo de Bolivia, solamente pueden ser establecidos por un gobierno obrero y campesino. La construcción de una alternativa socialista de clase al gobierno de Morales es la tarea de la etapa.