Huelgas en Sudáfrica: La burocracia sindical organiza la represión

Las fuerzas de seguridad de Sudáfrica han establecido un sitio y reprimen en forma intermitente a los huelguistas de American Platinum (Amplats), la explotación de platino más grande del mundo, que se niegan a aceptar el acuerdo firmado por el sindicato oficial (Unión Nacional de Trabajadores Mineros – NUM, por sus siglas en inglés). Este plantea la reincorporación de los 12.000 mineros despedidos si regresan a sus labores antes del 1º de noviembre y el retiro de su reclamo salarial.


Días antes, unos 4.000 trabajadores mineros abandonaron sus tareas en Marikana y pararon durante varias horas, protestando contra la detención de cuatro de sus compañeros acusados por el gobierno de estar involucrados en el asesinato, tres semanas atrás, de un representante del NUM y de otros dos individuos cuya filiación no ha sido dada a conocer. Los detenidos son dirigentes reconocidos de la huelga minera que hizo de punto de partida de la oleada de luchas que recorre el país, y que el gobierno y la burocracia sindical están tratando de quebrar a través de los despidos y la represión.


Marikana fue el origen y centro vital de la huelga en Lonmin, que duró cuarenta días y arrancó un acuerdo salarial cercano al exigido, pasando por encima del NUM. Fue allí donde fueron abatidos 34 trabajadores mineros por la policía, una masacre por la que, al día de hoy, no hay un solo enjuiciado.


El asesinato del representante del NUM ha descorrido el velo, por otra parte, de una trama siniestra. Caracterizado como “testigo clave” en la investigación que el gobierno se vio forzado a escenificar ante la matanza de los 34, su testimonio, según todas las versiones, iba a incriminar a los huelguistas de Marikana como agresores de las fuerzas de seguridad el día de la masacre, y a fortalecer el relato oficial de un enfrentamiento armado y provocado por los trabajadores.


“Vemos que Marikana regresa… y estamos preocupados porque podría ser el inicio de nuevas huelgas”, ha planteado el vocero de la NUM (19/10, [email protected]). Según el portal SWS (25/10), la burocracia sindical está algo más que ‘preocupada’: está ejecutando el asesinato planificado de activistas antiburocráticos.


En rigor, la oleada de huelgas no ha cesado en las minas y se extiende fuera de ellas. El 12 de septiembre concluyó la huelga de 20.000 camioneros que comenzó a paralizar el país, arrancando un aumento no previsto en los planes oficiales. Están en huelga los textiles de Newcastle, una de las mayores concentraciones obreras, y los municipales de varios Estados, que han advertido sobre la inminencia de una huelga nacional de los estatales, la primera de estas características desde el estallido de Marikana.


Los convenios que sólo pueden ser firmados por la burocracia sindical, los plazos de vigencia imposibles de alterar: todo el edificio de regimentación de los sindicatos por el Estado ha entrado en crisis. No casualmente, “los inversores están preocupados por las leyes laborales, la extensión de las huelgas y la relación de los sindicatos con el CNA (Congreso Nacional Africano, el partido nacionalista negro en el poder)” (The Economist, 20/10).


Apartheid y crisis mundial


Sudáfrica es, dentro de todo el continente, el país “más fuertemente vinculado con el mundo opulento, y por lo tanto a los problemas de ese mundo opulento” (ídem). Este detonante desnudó, al mismo tiempo, la enorme estafa política que significó el llamado “fin” del Apartheid. Los tres meses de violentas huelgas son la expresión del profundo desencanto con el régimen que no ha podido resolver uno solo de los problemas acuciantes de las masas ni de la discriminación sobre los negros: el desempleo oficial es del 25% (real del 40), pero es del 29% entre los negros y del 6% entre los blancos; las tres cuartas partes de los alumnos blancos completan lo que llamaríamos la secundaria, lo que logra sólo un tercio de los negros; la desigualdad fue de 0,63 en 2009 contra 0,59 en 1993, al fin del Apartheid, uno de los mayores registros del mundo. Una minoría negra organizada en el CNA, que incluye a la burocracia sindical, es hoy parte del directorio de las grandes empresas o “emprendedora”, con auxilio de los recursos y concesiones del Estado. Lo que va de la mano del monopolio político, desde el momento que los líderes del CNA se reservan la digitación de los candidatos en las elecciones generales y provinciales.


Marikana ha puesto al rojo un debate existente desde el fin del Apartheid: la nacionalización de las minas y de las tierras, en definitiva el programa de un gobierno de trabajadores.