Tras haberse agotado las negociaciones regionales para la renovación del contrato colectivo metalúrgico, la IG Metall —el sindicato metalúrgico— debe llamar a sus afiliados a votar la realización de una huelga general. Hasta ahora, mientras se desarrollaban las negociaciones regionales, tuvieron lugar numerosas huelgas reducidas y parciales como forma de “presión” a las patronales.

La IG Metall reclama un aumento salarial del 6% —aunque dejó trascender a la prensa que se declararía conforme con un 3-4% más alguna forma de “seguro de empleo”. “Los sindicatos —dice The Wall Street Journal (16/2)— ofrecieron moderar sus demandas salariales a cambio de una semana laboral más corta”. Las patronales, por su parte, pretenden imponer el congelamiento de los salarios y la derogación de la “prima por vacaciones” —lo que llevaría a una reducción del “costo salarial” del orden del 10%— amén de otras concesiones en el terreno de la “flexibilización” de las condiciones de trabajo.

Según las cifras oficiales, existen cuatro millones de desocupados en Alemania, el 10% de la población económicamente activa. Pero la cifra real de desempleados es mucho mayor: existen 910.000 desempleados parciales, 670.000 trabajadores realizando “cursos de formación”  o de “reentrenamiento”  (un paso previo al despido) y otros 650.000 con “licencia pre-retiro” que nunca volverán a trabajar. A esto hay que agregarle otros dos millones de trabajadores, que han dejado de buscar empleo porque saben que no lo encontrarán. Una fuerza laboral de ocho millones de hombres y mujeres, nada menos que el 20% de la población activa, está sin empleo. Y los pronósticos son aún más negros: un “informe confidencial” elaborado por las cámaras patronales predice dos millones de despIdos adicionales en el curso del año (International Herald Tribune, 31/1).

Antes de fin de año, Alemania tendrá diez millones de desocupados, la cuarta parte de su fuerza laboral. A la vez que una expresión bárbara de la envergadura de la crisis capitalista mundial, un desempleo del 25% —cuando la caída de la producción no supera el 5%— es un arma de la burguesía para desmoralizar al proletariado, quebrar su resistencia y liquidar sus conquistas.

El gobierno de Kohl, por su parte, ha dictado un “paquete fiscal” que constituye una reducción salarial lisa y llana. A partir del 1º de enero el gobierno aumentó los impuestos a la nafta y al teléfono, ha decretado la reducción de las indemnizaciones por despido y un aumento del 2% de los descuentos salariales para el seguro de desempleo.

Un ejemplo de la política patronal-oficial es el convenio firmado en la industria química, que establece un aumento del 2% y permite a las patronales contratar trabajadores por un 90% del salario de convenio. Esto, dice “The Financial Times”, 14/1, constituye “una importante concesión de (la burocracia) la IG Chimie… un cambio significativo hacia una mayor flexibilización”. La burocracia metalúrgica aceptó, en Volkswagen, la reducción de la semana laboral a cuatro días con una reducción salarial del 10% y una “sustantiva flexibilización” de las condiciones de trabajo.

La política de la burocracia sindical está en completa bancarrota. Esto lo  señalan los propios capitalistas: según “The Wall Street Journal ”(7/12/93) “la miseria económica amenaza minar el consenso social entre los sindicatos, los gobiernos y las empresas. Los empleadores están poniendo fin a décadas de colaboración con los sindicatos y enfrentándolos con nuevo vigor… los sindicatos marchan a una crisis estructural”.

Pero los trabajadores alemanes están muy lejos de aceptar pasivamente la liquidación de sus conquistas y sus condiciones de trabajo. Las muy masivas y recientes manifestaciones de los trabajadores de la construcción y de los mineros y las propias huelgas metalúrgicas lo confirman.