Cerca de 250 millones de trabajadores participaron el miércoles pasado de un imponente paro general en la India convocado por las centrales sindicales, acompañado por organizaciones campesinas y el movimiento estudiantil. La medida de fuerza demandó un aumento del salario mínimo, repudió las políticas de privatización de empresas públicas por parte del gobierno de Narendra Modi, cuestionó el aumento de las tarifas y los ataques fascistas de patotas en las universidades,  y también rechazó las modificaciones en la ley de ciudadanía que limitan el ingreso de la población musulmana al país.

Se trató de un paro activo, con piquetes en rutas y ferrocarriles. En algunas ciudades, los comerciantes cerraron sus puertas en apoyo a la medida. De acuerdo a los informes de las organizaciones de izquierda, el paro fue especialmente significativo en el transporte, entre los trabajadores del té y el yute, así como entre el personal de la informática.

India se encuentra conmocionada por las modificaciones en la ley de ciudadanía aplicadas por el gobierno derechista del BJP (Bharatiya Janata Party), que posibilitan el ingreso de refugiados al país desde naciones vecinas (Pakistán, Afganistán y Bangladesh) siempre y cuando no sean musulmanes. Esto desató un virtual levantamiento en empobrecidas regiones del norte, como Uttar Pradesh (el estado más populoso del país), que concentran a la mitad de la población musulmana. La despiadada represión dejó más de 20 muertos, once de los cuales fueron manifestantes que sufrieron disparos por encima de la cintura.

Tras su reelección, Modi ha profundizado las políticas discriminatorias y su apoyo a las bandas del supremacismo hindú que se dedican al linchamiento de musulmanes. A la par, las bandas derechistas vienen de realizar un brutal ataque contra estudiantes y maestros en la Jawaharlal Nehru University (JNU) que dejó 30 heridos, con total protección policial.

Modi ha ordenado asimismo la anulación de la autonomía de la Cachemira india, región de mayoría musulmana, donde apostó un millón de soldados (en un área con 8 millones de habitantes), encarceló cientos de opositores y provocó un apagón informático que lleva cinco meses.

La belicoisdad de Modi, que cuenta con el apoyo de Trump,  alienta las tensiones en la región. Provocó una nueva crisis con la vecina Pakistán, ella misma también una potencia atómica, que disputa el área cachemira y se recuesta, como contrapeso, sobre China.

La represión estatal y paraestatal del gobierno indio busca detener el creciente malestar popular ante la pobreza extrema y el impacto de la desaceleración económica. El ataque a la población musulmana y el lenguaje inflamado de los funcionarios oficiales busca un chivo expiatorio en medio de una crisis económica global que está provocando una desaceleración económica en el país y que abre un interrogante sobre los ciclópeos planes de infraestructura que Modi quiere financiar a través de la inversión extranjera.

El paro general ha mostrado la enorme fuerza de los trabajadores y la posibilidad de derrotar la agenda reaccionaria de Modi. Pero para ello sería vital que las medidas de fuerza continuaran hasta lograr los objetivos planteados. No es esta la orientación del Partido Congreso (fuerza histórica de la burguesía india) ni de las centrales sindicales, que ya han realizado otros dos paros contra el gobierno actual pero no les dieron ninguna continuidad.

Por las magnitudes de la India, un triunfo contra Modi sería un impulso para el mundo entero.