Desde comienzos de agosto, Irán atraviesa una ola de huelgas sin precedentes en las últimas décadas. Los reclamos incluyen el pago de salarios atrasados, el fin de la precarización laboral y de las privatizaciones.

Si bien es común que haya conflictos por sueldos adeudados, lo distintivo esta vez es la extensión nacional de las luchas y su coordinación. Al 6 de agosto, abarcaban a refinerías y petroquímicas de 18 ciudades en 11 provincias diferentes. Según informan algunos medios, el detonante fue la muerte por sofocamiento de Ebrahim Arabzadeh, un trabajador contratado del complejo petroquímico de Mahshahr (en la provincia sureña de Khuzestán), donde los obreros desarrollan sus labores a 50 grados de temperatura. Con el correr de los días, se fueron sumando más y más empresas a la huelga, incluyendo fábricas metalúrgicas. Han expresado su apoyo al reclamo organizaciones de mujeres y estudiantiles.

La clase obrera iraní es sometida a un régimen de superexplotación y precarización, con una mayoría del personal contratado a través de agencias de empleo. Estos contratos basura suelen no incluir el acceso a la seguridad social ni a la jubilación. En los yacimientos de gas de South Pars rigen jornadas extenuantes de 20 días consecutivos de trabajo por 10 de descanso que los obreros rechazan.

Al mismo tiempo, la represión y la persecución son moneda corriente. Basta señalar el siguiente ejemplo: la Corte criminal del distrito de Arak condenó a principios de julio a 42 trabajadores de Azarab Industries (fabricante de calderas y turbinas) a la pena de un año de prisión, 74 latigazos y un mes de trabajos forzados (Industrial Global Union, 1/7). ¿El motivo? Haber salido a luchar por el pago de sueldos atrasados en octubre del año pasado, tras la privatización de la compañía.

En la ya mencionada provincia de Khuzestán se desenvuelve también desde hace más de 50 días la huelga de los trabajadores azucareros de Haft Tapeh, por análogos motivos a los ya señalados. Allí, los trabajadores habían sufrido el arresto de uno de sus dirigentes, Ismail Bakhsi, durante la huelga de 2018. El sindicato de estos trabajadores, prohibido por el régimen, se reconstruyó a partir de 2007, en lucha contra la privatización de la compañía.

La ola de huelgas ha llevado a muchos a preguntarse si no estamos en la antesala de un nuevo levantamiento, como el de 2018 o el de noviembre de 2019, este último con quema de decenas de sucursales bancarias incluido. Frente a la sublevación de noviembre, originada por un aumento en los combustibles, las fuerzas represivas dispararon a mansalva, cobrándose la vida de cien personas, siguiendo el libreto de las masacres contra manifestantes en la vecina Irak.

Las condiciones de vida de las masas iraníes se han desmoronado en el marco de las sanciones norteamericanas y la política de ajuste del régimen de los ayatollahs. El país se encuentra en recesión y padece una inflación que se estima cercana al 40% anual. En los últimos tres meses los precios de las viviendas se han duplicado y los de los alimentos treparon un 40% (Iran Focus, 1/8). El régimen apela a la emisión monetaria y al endeudamiento con el Banco Central para financiarse, pero esto termina fogoneando aún más la inflación. Las empresas privadas aducen que no pueden pagar sueldos porque el régimen se atrasa en sus pagos, como resultado de las dificultades para abonar que plantean las sanciones bancarias.

La caldera social se completa con la catástrofe sanitaria. El gobierno admite 18 mil muertos y poco más de 300 mil infectados con Covid-19, pero hay denuncias que indican que las cifras podrían ser aún mayores. La situación aparece fuera de control en algunas regiones y la falta de medidas de higiene agrava dramáticamente el cuadro. Se supone que hay 5 mil localidades con un total de más de un millón de habitantes sin agua (ídem).

El mapa político

El naufragio del acuerdo nuclear, tras la retirada unilateral de los Estados Unidos de los acuerdos de Viena, y el desmadre económico que trajo aparejado la reintroducción de sanciones a la industria petrolera y a los bancos que hacen transacciones con el régimen, ha golpeado severamente al gobierno de Hassan Rohani, un elemento que es considerado como un “moderado”. En las elecciones legislativas de febrero, los conservadores -que eran reacios al acuerdo- ganaron holgadamente los comicios, quedándose con casi el 80% de las bancas en juego. El triunfo es más notable si se considera que la legislatura previa, electa en 2016, tenía mayoría de “moderados” y “reformistas”. Si bien la proscripción de candidatos de este último bando incidió en los resultados, en Teherán -donde estos sí pudieron presentarse- perdieron igualmente todos los escaños en disputa a manos del sector conservador. En estas condiciones, muchos vaticinan un triunfo de este espacio en las elecciones presidenciales del año próximo. Sin embargo, aunque los conservadores ganaron las elecciones, fue en el marco de un crecimiento de la abstención, que superó el 60% a nivel nacional y el 75% en la capital. Esto es un indicio más del malestar popular.

El régimen se encuentra sometido a la doble presión del imperialismo, que redobla las sanciones y las provocaciones militares (recordemos el crimen del general Soleimani a comienzos de año), y de las masas que luchan en defensa de sus condiciones de vida.

Es necesario el desarrollo de una fuerza revolucionaria que rechace enérgicamente las sanciones del imperialismo y supere el régimen actual, abriendo paso a un gobierno de los trabajadores.

https://prensaobrera.com/internacionales/el-peligro-de-la-explosion-en-libano-habia-sido-advertido-hace-anos/