Israel va a las urnas el martes próximo, la cuarta vez en menos de dos años. El premier israelí, Benjamín Netanyahu, se juega a fondo por un nuevo mandato, cuya consumación le permitiría, además de continuar con el manejo de los hilos del Estado sionista luego de 12 años de gobierno, afrontar en mejores términos las denuncias por corrupción y soborno que penden sobre su figura.

La realización de estos comicios parlamentarios responde a una crisis política de fondo, que expresa la fragilidad del régimen político israelí. La alianza de gobierno entre Netanyahu y Benny Gantz (un exmilitar que comandó la invasión contra Gaza en 2014), mediante la cual ambos rotarían en el cargo de primer ministro cada 18 meses, se rompió. El último episodio de la crisis fue un diferendo sobre el presupuesto; mientras Netanyahu buscaba aprobar un presupuesto anual, Gantz pretendía que el mismo fuera bianual, lo que llevó al fracaso de la votación, a la disolución del parlamento y a la actual convocatoria electoral.

Según diversos analistas, Netanyahu montó una maniobra, al ofrecerle a Gantz un presupuesto con el que este no estaría dispuesto a gobernar (debía asumir el gobierno en noviembre), de modo de forzarlo a romper la alianza. El actual premier, de esta forma, buscaría seguir gobernando con una mayoría parlamentaria alternativa surgida de las nuevas elecciones. Una apuesta de riesgo.

El sistema parlamentario israelí contiene, de por sí, una plétora de condimentos que a menudo empantanan la formación de un gobierno, para lo que se necesitan 61 bancas –la mitad más uno-. El Knéset (parlamento en hebreo) tiene 120 escaños que se asignan de manera proporcional entre los partidos que obtienen más del 3,25 por ciento de los votos. Días después de la elección, el presidente, en este caso Reuven Rivlin, le otorga a un legislador –generalmente el líder del partido que obtuvo el mayor número de bancas- cuatro semanas para estructurar una coalición. En caso de fracasar, existen otras dos oportunidades para intentar formar gobierno, y si persiste esa imposibilidad, se convoca nuevamente a elecciones. En los últimos tiempos, la dificultad para establecer mayorías sólidas ha conducido una y otra vez a nuevos comicios.

Turbulencias

El gobierno de Netanyahu llega a las nuevas elecciones golpeado por la pandemia, que agravó la situación social y económica y provocó manifestaciones populares. El desempleo se disparó del 4 a más del 18%. A su vez, como resultado del impacto del Covid-19 y de las propias disputas al interior del gobierno, debió suspender la aplicación del “acuerdo del siglo”, una iniciativa patrocinada por Trump para dar un salto en la anexión de Cisjordania (incluyendo la apropiación del valle del Jordán), aunque continuó con la multiplicación de las colonias, cuyo desarrollo ha sido récord bajo su gobierno.

Netanyahu quiere mantenerse en el poder para conservar los fueros ante la catarata de demandas en su contra, y, asimismo, para continuar con aspectos estratégicos de la política sionista, como los acuerdos de normalización en las relaciones diplomáticas con diversos estados árabes (Emiratos Arabes, Bahréin, Sudán, Marruecos) y la prosecución de una política de ofensiva contra los palestinos y de copamiento de sus territorios.

El premier viene intentando captar votos por el lado de su intenso programa de vacunación contra el Covid-19, con el que ha logrado inocular a casi la mitad de la población israelí, mientras que los palestinos apenas han recibido un minúsculo número de dosis.

A estos movimientos que tienen lugar en la arena política debe sumársele el anuncio de la Corte Penal Internacional (CPI) de que fuerzas militares israelíes, así como también Hamás –grupo islamista que controla Gaza-, serán objetos de indagación judicial alrededor de los sucesos que tuvieran lugar en las Marchas del Retorno de 2018 (en las que la represión sionista dejó más de 250 manifestantes muertos) y del lanzamiento de misiles desde Gaza hacia Israel en 2019. Esta suerte de teoría de los dos demonios se destaca por su perfidia política, toda vez que equipara la opresión nacional de un pueblo con la resistencia a dicha opresión. Un fallo adverso de la CPI pavimentaría el camino para la eventual detención de cientos de oficiales y militares sionistas si es que viajan a países que adhieran a estos estándares; Washington critica la investigación y reforzó su apoyo a Israel. Ambos desconocen la jurisdicción de ese tribunal.

Las encuestas

Panel Politics ha publicado una encuesta en la que indica que el Likud –el partido oficialista- lidera las consultas, atribuyéndole 27 escaños, seguido del centrista Yesh Atid –del ex periodista Yair Lapid-, que obtendría 20. Un poco más lejos se encuentra el partido de la ultraderecha ortodoxa Yamina –que incluye al partido Nueva Derecha- con 11 bancas, y en cuarto lugar, Nueva Esperanza (una ruptura del Likud). La Lista Unida Árabe contaría con 8 escaños, en tanto que Ra’am, un desprendimiento de la primera formación, 4. El partido nacionalista Israel Beitenu (liderado por el exministro de defensa Avigdor Lieberman) figura con 8 bancas, mientras que la centroizquierda –el Partido Laborista y Meretz-, por ahora, se haría con 4, al igual que la agrupación Azul y Blanco de Gantz.

Un escenario de estas características arrojaría un parlamento muy fragmentado, que volvería a hacer difícil la conformación de una mayoría de gobierno. El bajo lugar que las encuestas asignan a Gantz, quien obtuvo el segundo lugar en los comicios anteriores, responde seguramente a que sus viejos votantes lo castigan por haberse unido a Netanyahu en el gobierno.

Las principales fuerzas que se presentan a las elecciones coinciden en descargar la crisis sobre los hombros de las masas y en continuar la opresión del pueblo palestino. A la barbarie del sionismo es necesario oponerle la lucha por una Palestina única, laica y socialista como parte de una federación socialista de los pueblos de Medio Oriente.