A pocos días de la Cumbre de Annapolis, y mientras el gobierno de Olmert discute la pertinencia de que el ejército ocupe Gaza, se refuerza el maltrato a los presos políticos y la persecución contra los palestinos con ciudadanía israelí.

Salvar la vida de Amneh Muna

La WOFPP, un grupo de mujeres de Tel Aviv organizadas en defensa de los presos políticos, denuncia que corre riesgo la vida de Amneh Muna, de 30 años. Amneh, que lleva años presa y es la delegada de sus compañeras en la prisión de Neve Tirzá, firmó infinidad de denuncias sobre las brutales condiciones de confinamiento. En represalia, tiene prohibido hablar con otras presas y lleva 14 meses aislada en una celda de castigo, inundada y plagada de insectos. Casi todo el tiempo está a oscuras y atada de pies y manos. A fines de octubre, Amneh se declaró en huelga de hambre exigiendo condiciones humanitarias de detención. La respuesta fue el traslado a otra prisión, cerca de Haifa, en condiciones más terribles.

Más de un centenar de palestinas son rehenes de las cárceles sionistas. Todos los organismos internacionales confirman que la violación y la tortura son habituales, que se las priva de abogado y médicos, de medicinas y abrigo. Las violentas requisas incluyen golpes y acoso sexual. Se les impide permanecer con sus hijos pequeños. Se las extorsiona para que denuncien a familiares y compañeros. Algunas están presas sólo para “convencer” a sus familiares de que se entreguen. Son introducidas en los pabellones de presas israelíes que las humillan, las desnudan y golpean (www.wofpp.org).

Un abogado de la WOPFF que vio a Amneh la semana pasada afirma que ya no camina y que su salud está muy deteriorada. Las autoridades decidieron que no verá a su abogado ni a su familia si persiste en la huelga de hambre. Es imperiosa una campaña internacional para salvarle la vida.

Doce años de cárcel por emplear a un palestino

Un tribunal de Tel Aviv condenó a 12 años de cárcel a Mohammad Khalaf (56), un palestino ciudadano israelí y militante del movimiento Abnaa el-Balad. Su crimen fue haber dado trabajo en su carpintería a otro palestino, Wael Zakleh, de Cisjordania.

La fiscalía sionista reclamó “mucho más de diez años de cárcel” y lo acusó de “contacto con un agente extranjero (…) asistencia al enemigo en tiempos de guerra (…) realizar un servicio a una organización terrorista (y) almacenar armas ilegales”. Esto último porque le compró a Zakleh fertilizantes que, según la fiscalía, “podrían servir para fabricar explosivos”. La sentencia se basó en la confesión arrancada por los servicios de inteligencia (GSS) a Zakleh, que estuvo 6 meses incomunicado y sin abogado. El cisjordano fue considerado actor principal de “un plan para actuar contra Israel” y Khalaf su colaborador. Sin embargo, recibió la pena más grave porque los jueces dijeron que se proponían “enseñar” a los palestinos con ciudadanía israelí a “no unirse a los enemigos del Estado”.

Otro agravante fue que Khalaf se declaró inocente y no negoció con la fiscalía, que le propuso declararse culpable y pedir perdón. Khalaf subrayó que, desde su juventud, su militancia es pública y al margen de acciones armadas. Y acusó al poder judicial israelí de ser “una marioneta al servicio del GSS”, que “redacta los informes, las acusaciones y hasta las sentencias”. Khalaf denunció que la condena es en represalia a su militancia en el partido Abnaa el-Balad, que defiende los derechos de los palestinos que viven en los territorios ocupados desde 1948 por Israel. “Este estado de terror, represión y cárcel no podrá forzarme a abandonar el camino de lucha”, le espetó al Tribunal. El secretario general de su partido, Mohammad Kana'aneh, está preso desde 2004 tras un juicio similar.