El asesinato de Giovanna Reggiani desató una crisis política en Italia. La mujer, una vecina de Roma, fue violada, robada y asesinada a golpes en la calle. La conmoción aumentó cuando se informó que su asesino era un inmigrante rumano.

Bajo la conmoción popular y los reclamos de “mano dura” de la derecha, el primer ministro Romano Prodi convocó a una reunión de emergencia de sus ministros. En pocas horas, el gabinete aprobó un decreto-ley para expulsar a todos los inmigrantes de Europa del Este con antecedentes penales y también a aquellos que, aunque no tengan antecedentes, no puedan demostrar que se sostienen mediante un empleo legal. En esta última categoría entra la casi totalidad de los inmigrantes (y no sólo de Europa del Este) que sobreviven sin trabajo fijo, con changas y viven en asentamientos.

El decreto-ley, según declaró el jefe de la policía, es inmediatamente operativo. Ya comenzaron las redadas en masa de rumanos, búlgaros y gitanos. “Hay planes para miles de expulsiones”, informa Corriere della Sera (2/11). El decreto pone a los inmigrantes en las manos de la policía, que será la encargada de determinar si un inmigrante tiene “capacidad de subsistencia por medios legales”. Las expulsiones serán dictadas en un término de 48 horas desde la detención. Ya se han comenzado a acondicionar campos de concentración para los inmigrantes que serán expulsados.

Europa y Rumania

La centroizquierda italiana ha copiado el programa que el derechista francés Sarkozy aplica a los “extra-comunitarios” (africanos, asiáticos, albaneses), pero para aplicarlos a inmigrantes provenientes de países que integran la Unión Europea. Según la legislación de la UE, todos los países están obligados a recibir a los inmigrantes de los demás países miembros, excepto por razones de “seguridad” o de “salud pública”. La definición es tan amplia que deja todo librado a la arbitrariedad de jueces y policías. Los inmigrantes “comunitarios” también pueden ser expulsados si no demuestran tener “medios de subsistencia”. Es decir, si están desocupados o changuean.

La Comisión Europea, por su parte, dejó en claro su apoyo al gobierno italiano: “La Comisión Europea apoyan los legítimos esfuerzos de Italia para proteger a los ciudadanos” (El País, 7/11). La Unión Europea es un instrumento de centralización del capital y de división y ataque a los trabajadores; el decreto italiano vuelve a demostrar que, para los inmigrantes, Europa no está unida.

Por su parte, el primer ministro rumano Calin Tariceanu, justificó el decreto de Prodi e intentó darle su propia utilización racista… contra los gitanos.

Crisis política

El decreto hizo estallar una violenta crisis política nacional.

La derecha (Berlusconi y el fascista Fini) reclaman expulsiones en masa de inmigrantes (“cientos de miles”) y el establecimiento de mecanismos de urgencia para las expulsiones: 24 horas entre la detención y la salida del país. La derecha ha lanzado una campaña racista en gran escala y amenaza con rechazar el decreto-ley en el parlamento.

La virulencia del ataque derechista es tan grande que el ministro de Interior Amato tuvo que recordarle a Berlusconi y Fini que no puede rechazar a los inmigrantes un país que llenó el continente americano de inmigrantes italianos.

Al mismo tiempo, “el polémico decreto amenaza con romper a la coalición de gobierno”, titula El País (7/11).

Según la prensa, el decreto-ley fue impuesto al gobierno de Prodi por el alcalde de Roma, Walter Veltroni, presidente del Partido Demócrata, el principal de la coalición gobernante. Antes del incidente, Veltroni se jactaba de haber expulsado a 15.000 gitanos de Roma; lo mismo habían hecho otros alcaldes del PD. La conmoción por el asesinato fue la excusa para ampliar a escala nacional la persecución racista contra rumanos y gitanos.

El ministro de Refundación Comunista votó a favor del decreto en el Consejo de Ministros (“por lealtad”, según explicó Gennaro Migliore, jefe de la bancada del PRC en la Cámara de Diputados), pero ahora amenaza rechazarlo en el parlamento. El PRC exige que las expulsiones “se limiten a quienes cometan delitos graves o actos de terrorismo” y que cada expulsión sea convalidada por la justicia.

Vittorio Agnoletto, eurodiputado del PRC, lamentó que el gobierno haya establecido las expulsiones por decreto “al impulso de las emociones”. Un editorial de Il Manifesto (4/11) denuncia “la criminalización de todo un grupo étnico, fuera de cualquier criterio de civilidad jurídica humana” y la imposición de un “castigo colectivo” por un crimen que fue responsabilidad exclusiva de un individuo. Critica al gobierno y a Veltroni por “seguir con la cabeza baja al fascista Fini, quizá pensando que así se lo contiene”.

“Tal como están las cosas, Prodi y su decreto estarán en minoría” (El País, 7/11). El decreto contra los rumanos ha condensado toda la crisis política italiana, por sobre todo en lo que se refiere a la "izquierda radical", que apoya a las tropas italianas en Afganistán, a la crisis militar en Líbano y ahora firma un decreto que habilita la "razzia" contra los inmigrantes.