El gobierno italiano ha emprendido el camino sin retorno de Collor de Mello. Betino Craxi, ex primer ministro, secretario general del Partido Socialista y el “pontífice” de la política italiana de la última década, Giorgio de Michelis, ex canciller y vice-secretario del PS, Claudio Martelli, ministro de Justicia y cabeza de la oposición a Craxi dentro del PS, varios ministros, ex ministros, senadores, diputados, intendentes, concejales y cientos de dirigentes de todo nivel de todos los partidos de la coalición gobernante están siendo juzgados por haber recibido coimas a cambio de “favores” políticos. Las acusaciones alcanzan, incluso, a políticos opositores como “el insospechable Giorgio La Malfa, líder del partido Republicano” (El Cronista, 11/2).

Para que nada falte en el “collorido” escenario montado en Italia, Craxi tiene su “PC Farías”, Silvano Larini, hombre de su extrema confianza. Larini reconoció ser el titular de la “cuenta protección del PSI” y confesó haber recaudado cientos de millones de “contribuciones” empresariales en cuentas secretas diseminadas en Suiza, Singapur y otros “paraísos financieros” y haberlos entregado a su jefe y a otros dirigentes del PS.

Lo destapado es apenas una ínfima porción de los crímenes cometidos porque “los jueces de Milán aclararon que ninguno de los altos cargos institucionales del Estado (presidente, presidente del Senado) está siendo investigado” (La República, 10/2)… lógicamente “por razones de Estado”. El corresponsal de “El País” en Roma llega a afirmar que “curiosamente, son los propios magistrados los que están pidiendo una solución ‘política’ para unas investigaciones que, debido a la extensión de las conductas delictivas derivadas de la financiación de los partidos, amenazan a todo el sistema, en la medida en que pronto no habrá político nacional o regional en Italia que no sea candidato a pasar por la cárcel” (La República, 13/2). ¿“Curiosamente”? De ninguna manera, porque como lo reconoce el insospechable Angelo Codevilla, investigador de la norteamericana Hoover Institution, “todas las ramas de la justicia son cualquier cosa menos independientes de los partidos” (Foreing Affairs, verano de 1992).

Una crisis histórica

En el curso de la investigación han sido procesados más de 400 dirigentes de todos los partidos y 110 de ellos han quedado detenidos… lo que ha llevado a varios “comentaristas” de bolsillos llenos y cabezas vacías hablar de la “vitalidad” de la “democracia” italiana, que sería —dicen— capaz de “juzgarse a sí misma”. La “democracia” italiana, en realidad, tiene la “vitalidad” de una momia egipcia.

Los lazos de la “democracia” con la maffia son tan evidentes que la propia agencia noticiosa italiana Ansa llega a decir que “de los democristianos mejor no hablar: sus vinculaciones con la maffia parecen estar probadas con testimonios a prueba de juicio y a prueba de fuego” (Clarín, 11/2). El entrelazamiento entre la maffia, la burguesía italiana y el régimen político es, en realidad, de muy larga data. Constituye, por decirlo así, la “marca original” de la Primera República, con el declarado objetivo de evitar la revolución proletaria y detener el acceso del PC italiano —otrora el más poderoso de Occidente— al gobierno. La burguesía italiana y el imperialismo estaban aterrorizados por el espectro de la revolución proletaria que recorrió la península después de la caída del régimen de Mussolini, y que sólo pudo ser derrotada, y aún con gran esfuerzo, con la colaboración directa del stalinismo. La burguesía utilizó a la maffia como su punta de lanza contrarrevolucionaria contra el movimiento obrero; precisamente por eso, en ningún otro lugar del mundo como en Italia la maffia ha penetrado tan profundamente en los partidos políticos y en el propio aparato estatal (donde controla intendentes, jueces, diputados y hasta ministerios).

En esta “santa alianza” contrarrevolucionaria no estaba ausente, como es lógico, el Vaticano. El Banco Ambrosiano, donde convergían los dineros del Vaticano y de la maffia —según confesó el maffioso italo-norteamericano Michael Sindona (Página 12, 12/2)— está hoy en el centro del escándalo. La principal acusación contra Craxi es la “altísima sospecha de complicidad en la quiebra fraudulenta del Banco Ambrosiano, el ‘banco de Dios’’” (ídem). Silvano Larini, el “cajero” de Craxi, confesó haber recibido del Banco Ambrosiano una “contribución” de 7 millones de dólares como “agradecimiento” por la concesión de un préstamo estatal de 50 millones para evitar la quiebra del banco.

La quiebra fraudulenta del Ambrosiano hace una década, el “suicidio” de su director Roberto Calvi, ahorcado bajo un puente londinense, y las confesiones del gangster Sindona sobre las relaciones entre la maffia y el Vaticano desataron un escándalo que sólo se tapó cuando “Juan Pablo II negó a Italia la extradición del cardenal Marcinkus, el banquero de todos los banqueros de Dios” (ídem). El encubrimiento del Vaticano salvó al PSI y a Craxi, que se convirtió en primer ministro, “por la gracia de Dios”,  dos años después.

La guerra declarada entre la maffia y el Estado que se libra en el sur de Italia, los choques que se registran precisamente en estos días entre el Vaticano y el Estado alrededor del derecho de este último a anular los matrimonios religiosos y la catarata de denuncias y acusaciones contra los “pontífices” del régimen político italiano están señalando, no la supuesta “vitalidad de la democracia”, sino el hundimiento del conjunto de las relaciones políticas que dominaron a Italia desde el fin de la Segunda Guerra. Se trata, sin dudas, de una crisis de alcances históricos.

¿Corrupción?

No han faltado en Argentina derechistas y hasta centroizquierdistas que advirtieran a Menem sobre los “peligros” que crea la corrupción para la “modernización económica”, la “estabilidad” y “el modelo”. En realidad, el riojano debería temer que sea Cavallo —y no los cientos de Amira que pueblan su entorno— el que lo meta en un “collorido” escándalo“a la italiana”.

Ciertamente, los dirigentes del PS y de la Democracia Cristiana robaron muchísimo, y lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué caen ahora y no cuando la Bolsa marcaba récord tras récord? ¿Por qué recién ahora la super-informada “La Repubblica” de Roma “descubre” que “hemos sido gobernados durante decenios y, en particular, durante la última década de los ’80, por una banda perfectamente organizada, que había llegado a la cúpula del Estado, una banda que —solidaria en el robo y el reparto del botín— recitaba luego la escena de la lucha política” (Página 12, 12/2). ¿Esto no era evidente hace ya muchos años?

“La lira y las acciones se desplomaron mientras arreciaban los rumores de la supuesta implicación del primer ministro (el “socialista” Amato) en las investigaciones judiciales” dice Ambito Financiero (12/2). Pero esto no es más que el final de la película.

El régimen político italiano se ha mostrado completamente impotente frente a la crisis económica y social. El déficit fiscal —del 11% del PBI, el más alto de toda Europa— y la deuda pública —superior al PBI— han desvalorizado la lira, obligando a Italia a salir del Sistema Monetario Europeo y provocando una enorme fuga de capitales, y han puesto al país al borde de la hiperinflación y de la quiebra bancaria generalizada. Pese a la devaluación, la industria italiana no sólo pierde mercados de exportación sino que, además, pierde terreno en el propio mercado italiano (Ambito Financiero, 15/2). La desocupación llega al 30% en las zonas deprimidas del sur (Clarín, 14/2), un verdadero polvorín social.

El “plan económico” oficial está en el aire: las privatizaciones están empantanadas y el paquete de “economía de guerra” decretado en setiembre (aumento de impuestos al consumo, reducción de gastos sociales, elevación de la edad jubilatoria, congelamiento de salarios y jubilaciones y despido de empleados públicos) ha provocado una rebelión popular que superó la regimentación de la burocracia stalinista.

La impotencia oficial frente a la crisis creó un vacío de poder que dió lugar a que las denuncias florecieran; esto explica que, después de décadas de impunidad, “las pruebas contra los ‘peces grandes’ fueron reunidas en menos de 72 horas” (Clarín, 11/2).

Todas las clases sociales —lógicamente que con programas y direcciones diferentes— se rebelan contra el régimen político, lo que se expresa en el derrumbe electoral de todos los partidos oficialistas. Pero mientras la rebelión de la clase obrera y los explotados es una lucha contra la opresión social capitalista, la rebelión de la burguesía es una “rebelión contra sí misma”, que prueba su impotencia como clase frente a la crisis.

Un régimen político acabado

“Entre los democristianos y los socialistas, los dos principales partidos oficialistas, son muchos los que quieren incorporar a los poscomunistas del PDS y a los republicanos de La Malfa, para dar más autoridad al ejecutivo y afrontar las reformas electorales y las duras medidas de austeridad” (La República, 3/2). La pretendida “ampliación de la mayoría”, sin embargo, llega tarde y mal: hace ya unos meses “La Repubblica” de Roma viene alertando contra esta posibilidad por el “peligro” de incinerar al PDS y fortalecer a “Refundación Comunista”,  una escisión de “izquierda” del ex PCI que se proclama “marxista-leninista”.

No hay remedio para el gobierno DC-PDS pero tampoco hay sustituto: el régimen político está acabado. Sobre esto, la burguesía italiana no se hace ninguna ilusión. “Un editorial de primera página de ‘La Stampa’ de Turín, propiedad de la Fiat, afirma que el allanamiento de fuerzas policiales a la sede administrativa de la dirección nacional socialista cierra el viejo esquema político, el de la Primera República, nacida de las cenizas del fascismo y de la segunda guerra. ‘Desde ayer, el sistema ha muerto’ declara el director de La Stampa” (La República, 31/1). Tampoco el imperialismo se hace ilusiones sobre la “vitalidad” del régimen político. Ya en un artículo publicado a mediados del año pasado en “Foreing Affairs”, Angelo Codevilla, investigador de la norteamericana Hoover Institution, advierte que “pocas cosas son tan claras como que la Primera República italiana está casi muerta”.

El hundimiento del conjunto de las relaciones políticas que dominaron la península desde la posguerra, algo que ya nadie pretende ocultar, ha puesto en peligro la propia existencia del Estado unificado. Un aspecto es el espectacular crecimiento electoral de la “Liga lombarda”, un agrupamiento derechista que realiza una violenta demagogia contra la “partitocrazia” y reclama abiertamente la secesión del “norte rico” de la “Roma ladrona” y del “sur pobre”. Mientras el reclamo secesionista de la “Liga” plantea —como advierte Giorgio La Malfa, dirigente del Partido Republicano— una “perspectiva yugoslava”, la guerra abierta que libran en el sur la maffia y el Estado plantea el surgimiento de una serie de virtuales “colombias” (Sicilia, Nápoles, Cerdeña) en el corazón de Europa.

Precisamente por eso, la burguesía reclama un gobierno de “unidad nacional” para capear el temporal y, sobre todo, una reforma constitucional que dote de “músculo” al ejecutivo, potencie el papel político de las FF.AA. y recorte las libertades democráticas y de organización de las masas, todo esto para obligar a los explotados a pagar el salvataje del capitalismo italiano.

Sin embargo, “no es claro qué cosa seguirá a la Primera República” sostiene el mencionado Codevilla porque “los proceso legal y político por el cual ocurrirá la reforma son sombríos” (Foreing Affairs, verano de 1992). El corresponsal de “El Cronista” (11/2) en Roma se pregunta “¿cómo se hace para reemplazar una entera clase política de la noche a la mañana, por más indigna que sea, sin que haya intervenido ni una revolución, ni una guerra ni un cataclismo social?”. En la pregunta está la respuesta: no hay “recambio indoloro”; la salida al hundimiento del régimen político italiano  será dictada por la más furiosa de lucha de clases.