Con diferencia de pocos días, los gobiernos italiano y español anunciaron gigantescos planes de ajuste. Los enormes ajustes que ya se habían realizado han fracasado y los nuevos han empezado con el pie izquierdo. Las bolsas siguen cayendo y el valor de la deuda pública cae en picada. Se discute abiertamente la necesidad de un "rescate europeo".

En los primeros días de julio, el "gobierno técnico" italiano anunció un nuevo plan destinado a "ahorrar" 32.000 millones de euros en los próximos tres años (La Nación, 18/7). El recorte se centra en un ataque a los empleados públicos: dispone que podrán acogerse a jubilaciones anticipadas o ser puestos en "movilidad obligatoria"; o sea, enviados a sus casas con el 80% del sueldo básico, mucho menor al sueldo de bolsillo. Se trata de una suerte de plan de suspensiones masivas que destruye la histórica conquista de la estabilidad en el empleo y en el salario de los trabajadores estatales italianos, y es la antesala del despido. El objetivo, no declarado abiertamente, apunta a reducir en un 10% la planta de empleados públicos. El gobierno también planea efectuar recortes en el gasto sanitario, mediante el cierre de los pequeños sanatorios que tengan menos de 120 camas y la desaparición en total de unas 30.000 camas en los hospitales.

Pocos días más tarde, mientras la policía reprimía a los mineros en las calles de Madrid, Mariano Rajoy anunció un nuevo plan de ajuste -calificado por los periódicos como el "desguace del Estado de Bienestar"-, que emula al brutal "Plan de Estabilización" franquista de 1959. Se trata de un programa que incluye reducciones en los subsidios de desempleo, una suba de tres puntos en el IVA (que pasa del 18% al 21%), la anulación de la paga extra (aguinaldo) para los empleados públicos y una profundización de la reforma jubilatoria. El ajuste incluye reducciones en diversas prestaciones, aumentos de impuestos y privatización de servicios ferroviarios, aeroportuarios y marítimos.

Tanto en Italia como en España los ajustazos son presentados sin disimulo como una extorsión de parte de la Unión Europea. Monti reconoció que su antecesor, Berlusconi, fue sometido a presiones muy desagradables e, imagino, próximas a la humillación que sustancialmente habrían llevado a Italia a ceder buena parte de su soberanía" -o sea que él mismo se reconoce como un procónsul de la UE impuesto en Italia (El País, 11/7). En la misma línea, Rajoy reconoció que el ajuste era una exigencia de Bruselas, y planteó que "los españoles ya no tenemos la libertad de elegir si hacer o no sacrificios". La decisión del Banco Central Europeo de no comprar, como se esperaba, bonos de la deuda pública de Italia y España precipitó el pánico en las bolsas y aceleró la decisión de impulsar los nuevos ajustazos (Clarín, 7/7).

En cualquier caso, los ajustes no han logrado frenar la crisis, sino agudizarla. El diferencial de interés que pagan los bonos soberanos de esos países respecto de los de Alemania no deja de subir y se coloca en niveles de una cesación de pagos. El principal diario financiero de Italia (Il Sole 24 Ore) reclamó en su portada un rescate por parte de Alemania. El Financial Times acaba de editorializar que otra vez Italia está "en el ojo del huracán". La unidad financiera de Europa es una ficción: mientras Alemania, Francia, Holanda, Austria o Finlandia se financian a tasas de interés negativas, España, Italia, Grecia, Portugal e Irlanda están pagando intereses punitivos. Las tendencias centrífugas cobran fuerza: en España, el aumento del IVA y la decisión de reducir los aportes patronales fue caracterizada por El País (11/7) como una "devaluación fiscal", "a falta de poder devaluar la moneda". Berlusconi ha reaparecido, para capitalizar la reacción "anti-europea", y para hacer frente al cómico Beppe Grillo, del movimiento "antipolítico" llamado de las Cinco Estrellas.

En España han salido a luz las divisiones internas dentro del Partido Popular: lo anunciado esta semana no ha dejado conforme a nadie. El líder de la bancada del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo "un nuevo ejercicio de oposición responsable" y llamó a Rajoy a "un gran acuerdo nacional que permita una austeridad justa" (Público, 11/7). Rajoy agradeció el apoyo y recordó que también los socialistas, en alianza con Izquierda Unida, están llevando adelante recortes en Andalucía o Asturias. Los ajustes siguen agrietando, por otra parte, la "España de las autonomías": el partido de la burguesía nacionalista catalana, Convergencia i Uniò, apoyó las medidas de recorte pero planteó su preocupación por la creciente intervención de Madrid en las cuentas públicas catalanas. Denunciaron que "Cataluña está de hecho intervenida por España" y que prefieren tener una "interlocución directa" con las autoridades de la Unión Europea. El Financial Times advirtió que "Rajoy tiene mayoría absoluta, pero hemos visto en otros países que incluso los gobiernos con mayoría absoluta pueden derrumbarse rápidamente".