En un comunicado fechado el 15 de octubre, el Mst reclamó al gobierno argentino “la ruptura de relaciones diplomáticas con ese gobierno (el de Sánchez de Lozada) y también con el de Estados Unidos”.

A la fecha que el Mst formulaba este planteo, Kirchner había dejado muy en claro su mortal hostilidad al levantamiento popular boliviano. El comunicado y la prensa del Mst omiten denunciar la política criminal de Kirchner frente a la rebelión expresada en declaraciones de su gobierno, de organismos del Mercosur y de la propia OEA. No sólo eso, la OEA – integrada por Argentina – había repudiado “la violencia contra las instituciones”, es decir a la propia rebelión popular. Después de la masacre de Warisata, después de la masacre de Ventanillo, después de las masacres del domingo 12 y el lunes 13, nadie escuchó a Kirchner abrir la boca para denunciar o repudiar el asesinato de decenas de trabajadores, por la sencilla razón de que esas matanzas estaban enderezadas a “defender las instituciones de la democracia”, un objetivo que Kirchner compartía plenamente.

El enemigo está en casa. La primera obligación de la izquierda, si quiere ser revolucionaria, es denunciar el papel de su propio gobierno. El Mst, en cambio, omite toda crítica a la política contrarrevolucionaria de Kirchner, antes y después del 15 de octubre. Tampoco lo critica más tarde cuando, junto con Lula, monta una “mediación” que termina con el desmonte de la movilización popular. El 17 de octubre, una declaración firmada por los diputados de IU, Ari, Frente para el Cambio, Partido Socialista y Polo Social no denuncia – y ni siquiera menciona – a la “misión K-Lula”.

Al 22 de octubre, cuatro días después de la caída de Sánchez de Lozada, cuando ya no caben dudas acerca del carácter contrarrevolucionario del desenlace de la crisis, no hay en la página web del Mst un simple comunicado denunciando el papel de Kirchner.

El Mst sólo distingue a la contrarrevolución cuando es “neoliberal” o cuando viste uniforme; pero es, como buen democratizante, incapaz de ver la contrarrevolución democrática. Que fue precisamente el arma de que se valieron los explotadores bolivianos, con la directa colaboración de Kirchner y Lula, para impedir la victoria de los explotados bolivianos.

Gobierno democratizante

En el mismo comunicado, el Mst plantea que “la única salida es que suba un gobierno de emergencia de la COB (central obrera), la Federación Campesina y las organizaciones en lucha, como el MAS de Evo Morales y el movimiento indígena de Quispe. Es el único gobierno, dice el Mst, que puede sacar a Bolivia de la miseria y de la entrega al imperialismo”.

Pero la COB y la Federación Campesina son organizaciones burocraticazadas que, como ha sido denunciado, primero intentaron negociaciones por separado con el gobierno que fracasaron por la presión de sus propias bases, y luego apoyaron a Mesa.

Mucho menos los partidos centroizquierdistas de Quispe o el de Evo Morales. En el caso de Morales, es dudoso, incluso, que se lo pueda caracterizar como una “organización de lucha”. Fueron muchas las voces que denunciaron en la propia Bolivia el papel de Morales: ausente del país hasta el 6 de octubre; sus organizaciones no se sumaron a los cortes hasta el día 10 (tres semanas después de iniciada la rebelión) y aun entonces en forma limitada (ver Econoticias 12 y 13/10, reproducido en Prensa Obrera, 16/10).

Lo que plantea el Mst es un gobierno de las burocracias sindical y campesina que impulsaron la “salida constitucional”, es decir, contrarrevolucionaria.

Esto queda en claro en el comunicado que firmó con el arco centroizquierdista, donde se reclama ” la creación de un gobierno de transición y la realización de una Asamblea Constituyente”. En otras palabras, el programa de Kirchner, Lula y… Mesa.