El Comité Permanente de la Asamblea Popular china aprobó la ley de seguridad nacional para Hong Kong, que refuerza las atribuciones represivas del Estado en ese territorio semi-autónomo. El presidente chino, Xi Jinping, promulgó la norma.

La nueva legislación, bajo una genérica referencia al combate de la “secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras”, apunta contra las gigantescas movilizaciones que tuvieron lugar a lo largo de 2019. El gobierno hongkonés, que apoya la medida y está ligado a Beijing, quedaría habilitado -según el South China Morning Post- a autorizar el espionaje policial sin orden judicial previa. A su vez, el gobierno chino desembarcará en el territorio con una fuerza propia, la Oficina de Salvaguardia de la Seguridad Nacional. Según algunos medios, las personas arrestadas por este organismo podrían ser juzgadas en los tribunales continentales.

Como respuesta a la promulgación de la nueva ley, se han producido las primeras protestas, de algunos miles de personas, que fueron reprimidas por las fuerzas policiales y dejaron casi 400 arrestos. Una de las fuerzas de la oposición, Demosisto, una organización formada por referentes estudiantiles tras la “revolución de los paragüas” de 2014 (en reclamo de mayor autonomía), tomó la decisión de disolverse ante el cariz que han tomado los acontecimientos, aunque anunció que seguirán participando de las protestas. Otro grupo, el Frente Nacional de Hong Kong, empezaría a operar desde el extranjero.

El gobierno norteamericano condenó la aprobación de la ley y anunció que quita el estatus de nación más favorecida para Hong Kong, que brinda una serie de privilegios arancelarios. A su vez, anunció que dejará de exportar material militar a la isla, para evitar que caiga en manos de China, y podría seguir el mismo camino en material tecnológico clave. China promete represalias. De este modo, la cuestión de Hong Kong se transforma en una pieza clave de la guerra comercial entre ambos países. La Unión Europea criticó la medida, pero no adoptó sanciones.

Está en duda el impacto que la ley de seguridad nacional podría tener sobre el sector financiero. Hong Kong es una importante plaza y dos tercios de la inversión al continente están mediadas por la isla (Financial Times, 25/6). Algunos analistas señalan que la nueva normativa restringirá la libertad de los bancos a la hora de elaborar informes, algo que querría ser aprovechado por otras plazas -como Tokio y Singapur- para atraer empresas que quieran reubicarse. Sin embargo, este desplazamiento podría ser menor. “Dados los inconvenientes de sus rivales, el éxodo de Hong Kong puede resultar más un goteo que una inundación” (ídem). Por lo pronto, el HSBC y el Standard Chartered respaldaron la ley. Desde el regreso de la isla a la órbita china, bajo el modelo “un país, dos sistemas”, la cartera de clientes de los bancos se ha ido volviendo más y más “chinocéntrica” (ídem, 1/7).

El principal problema que enfrenta el proceso de movilizaciones es que algunos sectores, incluyendo una parte del activismo surgido al calor de las protestas, intenta recostarse en el imperialismo, como contrapeso de la burocracia china, lo que muestra los fuertes límites del movimiento. En septiembre del año pasado, se produjo una marcha al consulado yanqui con banderas norteamericanas, reclamando la intervención de Trump.

Las masas hongkonesas necesitan abrirse un rumbo independiente para lograr sus reivindicaciones democráticas y sociales y buscar una confluencia con los explotados del continente, donde la crisis económica, potenciada por la pandemia, con decenas de millones de despidos, hará mella en el ánimo popular.