Esta nota analiza algunas características del gobierno de Evo Morales y su Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) en Bolivia, entre 2006 y 2019. Una experiencia política autodenominada como el “Proceso de Cambio” o “el gobierno de los movimientos sociales”.

Brindar algunos elementos analíticos tendientes a la elaboración de un balance político y en perspectiva histórica sobre los tres gobiernos del Movimiento al Socialismo, es una tarea imprescindible a la luz de los acontecimientos abiertos luego de la elección presidencial del pasado 20 de octubre y que días después culminaron con un golpe de Estado reaccionario. Desde entonces las masas bolivianas luchan en las calles contra el régimen golpista que encabeza la presidenta Jeanine Áñez, sufriendo las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).

Ascenso del MAS

El ascenso del MAS-IPSP -un partido de izquierda con características reformistas- fue fruto de una labor política al interior de los sindicatos cocaleros. La tesis de crear un “instrumento” o partido de base rural fue elaborada en la década de 1980, en un contexto de reflujo de los partidos de izquierda y de la propia Central Obrera Boliviana (COB). Esta tesis se materializó en el Congreso de “Tierra y Territorio” de 1995, bajo la hegemonía de los cocaleros de la región de El Chapare (Cochabamba), con la creación del Instrumento Político (IP) como “partido de los indígenas y campesinos de liberación, anticapitalista y anticolonial”.

De aquel Congreso participaron las organizaciones indígenas y campesinas más importante del país: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), la Federación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (Fnmciob “BS”) y la Confederación Sindical de Colonizadores e Interculturales de Bolivia (Cscib). Su máxima figura era el joven líder de los sindicatos cocaleros del Trópico de Cochabamba, Juan Evo Morales Ayma. Bajo distintas siglas -Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, Izquierda Unida y MAS- el IP se presentó a diversas instancias electorales desde 1995, conquistando hacia 2002 unas 35 bancas en el parlamento.

Al calor de las insurrecciones de masas ocurridas entre los años 2000 y 2005 -con las Guerras del Agua y del Gas como epicentro-, el MAS-IPSP logró su primer gran triunfo electoral en diciembre del 2005, proyectando así a Evo Morales y Álvaro García Linera al frente del Poder Ejecutivo. El ascenso electoral del masismo es tributario del movimiento social revolucionario que puso en crisis a los gobiernos nacionales de la derecha pro-imperialista -Banzer Suarez, “Tuto” Quiroga, Sánchez de Lozada y Mesa Gisbert- y al régimen capitalista en su conjunto. Empero, cabe señalar que no se trata de una continuidad de la insurrección -o de la materialización de sus aspiraciones- sino de un intento por domesticarla y clausurarla en los marcos del régimen social imperante, a través de algunas concesiones. Así, desde una visión geopolítica más amplia, la experiencia del Movimiento al Socialismo forma parte de los gobiernos nacionalistas burgueses del continente que hacia comienzos del siglo XXI llegaron para lidiar con la rebelión popular, cuando la burguesía ya no podía hacerlo mediante los gobiernos derechistas de ofensiva directa.

Durante su primer gobierno, Evo promulgó el Decreto Supremo Nº 28.701 “Héroes del Chaco” sobre la nacionalización de los hidrocarburos. A través de un acto realizado en el campo gasífero “San Alberto” (Tarija), el 1º de mayo del 2006 se instó a las compañías multinacionales del sector -como YPF Repsol- a firmar nuevos contratos en un plazo de 180 días. Esta medida significó que las empresas se encontraban a partir de entonces sujetas a nuevos controles estatales, cargas impositivas y a una reducción de su paquete accionario. De esta manera, se concretaba parcialmente una de las grandes exigencias del movimiento social insurgente: la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos, pero sin expropiación y bajo la explotación “mixta entre el Estado y las empresas multinacionales”. De este modo, la llamada “nacionalización” de los hidrocarburos fue en verdad una renegociación entre el gobierno y las empresas.

El incremento de la renta proveniente del sector hidrocarburífero permitió incrementar el gasto fiscal orientado hacia la ampliación de diversos beneficios sociales. Como saldo, en poco más de una década los índices de pobreza descendieron del 60 al 30 por ciento y se registró un importante crecimiento de los denominados “sectores medios urbanos”.

Estas reformas mostraron profundas limitaciones y expusieron las debilidades de la economía capitalista en Bolivia. El crecimiento económico del país se cimentó en la dependencia de los precios internacionales de bienes primarios exportables, un hecho que reforzó el histórico carácter dependiente de la economía boliviana. También, en flagrante contradicción con la retórica oficial del “buen vivir”, se profundizó un modelo de desarrollo con características extractivistas sobre la base de una alta explotación de los recursos naturales y dejando en manos del capital multinacional gran parte de las ganancias. Así el Estado boliviano, terminó convirtiéndose en una suerte de socio menor de las corporaciones.

Asamblea Constituyente y nuevo Estado Plurinacional

También durante el primer gobierno de Morales se conformó la Asamblea Constituyente (agosto del 2006), uno de los grandes temas nacionales que fue colocado en la agenda política al calor de las movilizaciones iniciadas en el año 2000 por las organizaciones indígenas-originarias-campesinas integrantes del Pacto de Unidad (Csutcb, Cidob, Conamaq, etc.). El proceso constituyente atravesó por varias etapas y episodios de gran conflictividad: entre el MAS y la derecha, y en menor medida entre el MAS y grupos indígenas y campesinos.

Luego de aprobarse un texto constitucional en la ciudad de Oruro (2007), los levantamientos golpistas de la derecha en la región de la “media luna” (Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni) y la crisis política abierta en 2008 condicionaron el desenlace de la Constituyente. En ese contexto el MAS abrió un proceso de negociación con la derecha. Así, el texto final de la nueva constitución se pactó por fuera de la propia Asamblea Constituyente, entre representantes del legislativo, de los poderes departamentales y el propio ejecutivo. Este hecho generó que se modificaran alrededor de 150 artículos de la “Constitución de Oruro” que favorecieron los intereses de la derecha. Estas modificaciones condicionaron las características del nuevo Estado Plurinacional y permitieron que las oligarquías conserven su poder sobre las mayorías explotadas.

Conflictividad política y social

Entre 2006 y 2009 la oposición política de derecha fue liderada por los prefectos (gobernadores) y los llamados “líderes cívicos” de los departamentos de la “media luna”. El punto más álgido del conflicto fue en septiembre de 2008 cuando en la localidad del Porvenir (Pando) se produjo la matanza de campesinos que se movilizaban en favor del MAS. Horas antes de este acontecimiento, Evo había ordenado la expulsión del país del embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg, acusado de conspirador. El propio Morales denunció la existencia de un “golpe de Estado”.

En el segundo gobierno del MAS (2010-2014) la principal conflictividad no provino del bloque regional de la “media luna” sino de las propias filas del masismo, de sus aliados o de sectores campesinos y trabajadores que siempre conservaron independencia política. Es decir, se produjo un desplazamiento en la conflictividad, desde las blancas oligarquías de la “media luna” hacia el interior del movimiento indígena-originario-campesino.

Desde el 2010 en adelante la conflictividad social giró alrededor de diversas problemáticas: la defensa de las comunidades, los territorios y los recursos naturales, demandas de incremento salarial, el control estatal sobre los precios de bienes de consumo interno, etcétera. Esta nueva conflictividad coincidió con el inicio del declive de los commodities. El ascenso de precios en los bienes primarios exportables en la década anterior fue aprovechado por Morales para efectuar concesiones a los sectores populares. Ese declive también puso en crisis la política de cooptación de las organizaciones obreras y campesinas a manos del Estado.

Desde el inicio de esa segunda gestión masista se registraron enfrentamientos con sectores de trabajadores nucleados en la COB que denunciaban la inexistencia de verdaderos cambios a nivel productivo y salarial. El conflicto que marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Bolivia fue en torno al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis): la construcción de una carretera que debía atravesar este territorio para unir el departamento de Cochabamba con el de Beni. Este proyecto gubernamental generó una crisis al interior del Pacto de Unidad. Las combativas Cidob y Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) fueron las organizaciones que comenzaron a denunciar el avasallamiento del gobierno sobre las comunidades y sus territorios.

En esa coyuntura, se produjo la escisión del Pacto de Unidad y el surgimiento de direcciones paralelas en Cidob y Conamaq, es decir una fracción “oficialista” o masista y otra “orgánica” o de oposición al MAS.

Hasta el 20 de octubre de 2019, la conflictividad y los antagonismos en el tercer gobierno masista -interrumpido por un Golpe de Estado- giraron en torno a la re-postulación presidencial, para su cuarto mandato, de la fórmula Morales-García y el Referéndum Constitucional vinculante realizado el 21 de febrero de 2016, donde el “NO” a la re-postulación ganó con un 51 por ciento de los votos.

Algunas líneas conclusivas

El gobierno del MAS fue un gobierno nacionalista burgués que buscó disciplinar al movimiento de masas tras la insurrección del 2003. Debido a las expectativas que inicialmente concitó entre las mayorías populares y el carácter refundacional que intentó imprimirle al Estado, el llamado “Proceso de Cambio” encuentra en términos históricos algunos puntos de comparación o paralelismos con la orientación gubernamental nacionalista-burguesa promovida por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) entre 1952 y 1964: nacionalizaciones parciales o en acuerdo con los capitalistas a través de indemnizaciones, fundación de empresas estatales, dotación de tierras a campesinos pobres, ampliación de la ciudadanía, extensión del sistema educativo, profundización de un patrón productivo primario-exportador, intentos por desarrollar una burguesía “chola” o autóctona, intervención sobre las organizaciones obreras y campesinas, etcétera.

El MAS tuvo su principal oposición en una derecha regional -con dificultades para proyectarse nacionalmente- situada en los departamentos del oriente, quien de manera permanente contó con el apoyo de los gobiernos imperialistas de los Estados Unidos y de instituciones como Usaid (U.S Agencia Internacional para el Desarrollo). Ante una virulenta confrontación en 2007 y 2008, la principal política del MAS fue buscar una salida pactada, pese a la movilización popular en curso. Mediante concesiones a la oposición reaccionaria -como permitir el avance del sector terrateniente en la zona del oriente y la modificación del nuevo texto constitucional-, el masismo buscó blindar temporalmente su gobernabilidad. A cambio, la derecha logró conservar sus históricos privilegios económicos como clase social propietaria. Es decir que Morales adquirió una orientación de conciliar posiciones con las oligarquías de la “media luna” y brindarles protección estatal a sus intereses económicos. La derecha aprovecharía esta situación para mantenerse expectante durante un largo período e impulsar, en 2019, un golpe de Estado reaccionario.

Asimismo, la relación del MAS con los movimientos sociales fue mutando a partir de su segundo gobierno. El conflicto sobre el Tipnis marcó un punto de inflexión entre el partido de gobierno y algunas de las principales organizaciones indígenas. Incluso el propio gobierno ejerció violencia directa contra quienes hasta hace muy poco tiempo formaban parte de sus “bases”. También el masismo buscó limitar las capacidades organizativas de movimientos disidentes como Cidob y Conamaq mediante la cooptación estatal -también en el seno de la COB-, el armado de direcciones paralelas y hasta la persecución a dirigentes opositores. En ese marco, las organizaciones sociales fueron perdiendo autonomía y poco a poco se convirtieron en maquinarias burocratizadas con escasa capacidad de movilización.

Por último, resulta necesario dejar de manifiesto que la necesidad de arribar a conclusiones colectivas sobre el “Proceso de Cambio” forma parte de un álgido y necesario debate político que va tomando cuerpo y profundizándose al calor de las luchas populares que desde hace meses enfrentan al golpe de Estado y a su régimen reaccionario.

En este proceso, el MAS tuvo una política de adaptación a la ofensiva golpista, conteniendo las luchas en función del calendario electoral, que el gobierno fue corriendo sucesivamente. Para asestarle una derrota al golpismo derechista y el imperialismo, el camino es la huelga general.

Al mismo tiempo, es necesario bregar por la independencia política de los trabajadores y el desarrollo de un partido revolucionario que supere la experiencia masista.