La campaña hacia las elecciones del 6 de junio ya está en marcha. Se elegirán los 500 diputados nacionales, casi la mitad de los gobernadores, los diputados provinciales y 1.900 intendentes.

El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, encabeza una alianza (Juntos Hacemos Historia) que incluye al centroizquierdista Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. El PAN, el PRI y el PRD, los partidos que gobernaron las últimas décadas, conformaron Va por México. Por fuera de estas dos grandes coaliciones se presentan otras fuerzas menores, entre ellas el Partido Encuentro Social (PES), una formación conservadora (rabiosamente hostil al aborto legal) que apoya al gobierno, pero por ser nueva está imposibilitada de formar alianzas.

Las encuestas vaticinan un amplio triunfo del oficialismo, que se explica más por el enorme descrédito de las fuerzas que hundieron el país en las últimas décadas que por los méritos supuestos de López Obrador.

¿Cuarta Transformación?

El gobierno de AMLO no ha dado en lo que va de su mandato una respuesta a los grandes problemas de las masas mexicanas. Para empezar, la gestión de la pandemia ha sido calamitosa: un estudio de la Organización Mundial de la Salud, que tomó como muestra 39 países, colocó a México como el cuarto con mayor “exceso de mortalidad”. Este cálculo, que compara las cifras de 2020 con las del período 2018-2019, sirve para evaluar los daños ocasionados por el Covid-19, o bien por las enfermedades que se desatendieron para priorizar el combate contra el primero. México arroja 43% más de muertes que en la etapa anterior, contra un promedio de 17,3%. De allí que la OMS estime que se podrían haber evitado 190 mil muertes (Animal Político, 12/4). En estos registros influyen tanto el desfinanciamiento sistemático del presupuesto de salud por parte de los gobiernos anteriores, como las propias medidas del gobierno actual, que subestimó la pandemia en sus comienzos, inició una prematura “vuelta a la normalidad” después y no robusteció el sistema sanitario como correspondía -hubo varias protestas de trabajadores de la salud en reclamo de insumos y debido a deudas salariales.

Al mismo tiempo, se ha agudizado la crisis social. La pobreza trepó del 48,8% en 2018 al 55,7% en 2020 (La Jornada, 29/3). La informalidad laboral es de casi el 57% y llega en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas casi al 80% (Radio Fórmula, 15/4). Los subsidios sociales que el gobierno ha dispuesto frente a este escenario son sólo un paliativo y están muy por debajo de las cifras que se destinan al pago de la deuda externa.

Todos estos números desmienten los slogans altisonantes de una “cuarta transformación”. Además, AMLO ha continuado la política de subordinación al imperialismo norteamericano de sus predecesores. Ratificó el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que había suscripto Enrique Peña Nieto y acordó con Trump un mayor despliegue represivo para contener la migración. Ya bajo la administración de Biden, reforzó la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur. El pacto de AMLO con los militares es notorio; al punto de introducirlos en tareas de seguridad interior. En los últimos días, se les ha dado un lugar también en el Consejo General de Investigación Científica. Conviene tener presente que las fuerzas armadas cumplieron un rol nefasto en la “guerra contra el narcotráfico”, que dejó decenas de miles de muertos, sin resolver el problema. Todo este cuadro se completa con la represión del movimiento de mujeres (como ocurrió el 8M), el crecimiento de los femicidios, los acuerdos con sectores conservadores como el PES y el apoyo de la candidatura a gobernador en Guerrero de Félix Macedonio Salgado, quien tiene dos acusaciones por violación.

Es cierto que el gobierno está protagonizando choques parciales con sectores del gran capital (por ejemplo, con la asignación de la prioridad al sector estatal en la generación eléctrica), que reclaman la privatización de Pemex, pero también que AMLO ha repetido en varias ocasiones que respetará los contratos de la reforma energética del nefasto Pacto por México. “No se trata (de) expropiar por expropiar; no nos interesa revocar los 210 contratos que se entregaron con la reforma energética” (La Jornada, 3/3), dijo en una conferencia de prensa. Esto muestra la tibieza de su política petrolera, que está muy por detrás de la del gobierno de Lázaro Cárdenas.

Los luchadores y la izquierda

La retórica nacionalista y el discurso anticorrupción le han permitido al gobierno incorporar a sus listas a figuras representativas de importantes movimientos de lucha, como Adrián García, sobreviviente de la masacre de Ayotzinapa. También sonó como posible candidato Felipe de la Cruz, padre de uno de los normalistas desaparecidos. Asimismo, un sector de obreras de las maquiladoras del norte mexicano y su abogada Susana Prieto, de impronta antiburocrática y combativa, también se han integrado a las listas de Morena. La puesta en pie de candidaturas obreras independientes hubiera sido un importante paso adelante. Pero lo que aparecía como una oportunidad para que un sector combativo del movimiento obrero diera un salto a una intervención política independiente, resultó en lo contrario. Pues la integración a las listas de Morena de las obreras de las maquiladoras equivale a una cooptación política, que sacrifica la bandera de la independencia de clase para tributar al gobierno de AMLO. La tarea, al revés, era poner en pie una fuerza independiente que fuera una referencia para los luchadores.

En este sentido, la conformación del Frente de Izquierda Anticapitalista (integrado por el MTS, corriente ligada al PTS argentino; el MAS, ligado a IS de Argentina; la Liga por la Unidad Socialista y el Grupo Socialista Obrero) fue un paso adelante, con una plataforma que expresa un planteo de independencia de clase frente al gobierno de AMLO y la derecha, y que reivindica el gobierno de los trabajadores. Llamativamente, en su plataforma plantean la lucha “por una integración económica y política regional, anti-imperialista y socialista, encabezada por los trabajadores de América del Norte” (ver “Surge un Frente de Izquierda Anticapitalista”, en Izquierda Diario.mx, 1/11/20), revisando la consigna histórica de la lucha por la unidad socialista de América Latina. El principal límite de este armado es que fue estrechamente electoral.

El FIA intentó presentar candidaturas a la diputación en uno de los distritos de la capital mexicana. Trató de hacerlo apelando al mecanismo de las candidaturas independientes, dado que no es una fuerza registrada. Pero no pudo sortear las trabas que impone el Instituto Nacional Electoral (INE). Si bien consiguió la adhesión de algunos sindicatos importantes (Sindicato Mexicano de Electricistas; de los trabajadores de la agencia Notimex) y de otros sectores en lucha, no obtuvo la cantidad de firmas exigidas para la presentación. El MTS explica en distintos artículos aparecidos en Izquierda Diario que el INE rechazó flexibilizar los requisitos, pese a una pandemia que dificultaba las tareas de recolección. No obstante estos atenuantes, e inclusive las maniobras proscriptivas, la no presentación es un registro de la debilidad de la izquierda en el escenario mexicano, todavía dominado por el nacionalismo burgués.

La situación, de todos modos, no debe verse como una fotografía. La envergadura de la crisis le imprime un gran dinamismo al escenario político y le da más importancia que nunca a la lucha por poner en pie una alternativa política de las y los trabajadores.