03/05/2018 | 1500

La cara oculta

El régimen de Kim Jong-un acompaña la iniciativa de un acuerdo de paz bajo la presión de sus propios intereses sociales.


Desde el año 2013, el gobierno norcoreano ha puesto en marcha un programa de liberalización económica. “Los agricultores venden su cosecha tras entregar la cuota estatal, los empresarios privados dejaron de ser estigmatizados y perseguidos, y los gestores de las compañías estatales son libres para contratar o despedir a trabajadores, subirles el sueldo o repartir beneficios” (La Nación, 15/5/17). ”Hay empresas que son capitalistas en todos los aspectos menos en el nombre” (Andrei Lankov, de la Universidad de Kookmin en Seúl, El Comercio, 15/1/15). Aunque formalmente pertenecen al Estado, esas empresas están dirigidas por gerentes que maximizan ganancias y se quedan con la principal tajada de lo que producen. Este fenómeno está en crecimiento en empresas de autobuses, de producción de carbón y de oro.


Por caso, hay “una agencia gubernamental que otorga el derecho de venderle carbón a China pero ésta no tiene ni idea sobre minería o sobre cómo comenzar una mina, así que hace un acuerdo con un hombre o mujer ricos que invierte su propio dinero" (Lankov, ídem).


El gobierno viene legalizando esta autonomía. Los cambios abarcan al sistema de control sobre las empresas estatales, cuyos administradores determinan su programa de desarrollo, siempre que le paguen el impuesto correspondiente al Estado.


Como en la China de los ’90, existen “zonas económicas especiales” para la inversión de empresas extranjeras. Los recursos para salarios van para el Estado, que da una pequeña parte a los trabajadores. Una de estas zonas es Rason, cerca de la frontera con Rusia; otra es Kaesong, cerca de la zona desmilitarizada. Gozan de exenciones impositivas y prebendas económicas, en medio de una condición de mano de obra semiesclava. Pyongyang ha anunciado su voluntad de abrir más zonas especiales en cada de una de las provincias, ofreciendo incentivos a inversores extranjeros.


Del mismo modo, el Estado exporta 50.000 o más trabajadores a China, Rusia, Italia y Qatar, y la mayoría de sus salarios también van directamente al Estado. Según estimaciones, esto le proporciona al régimen de Pyongyang ingresos en torno de los 2.200 millones de dólares en sectores como la minería, la construcción o el textil. Los afectados son superexplotados, con salarios que pueden rondar los 120 dólares mensuales (El País, 18/4/17).


El comercio privado también levanta cabeza, tanto el legal como el ilegal. El mercado negro crece bajo la vista gorda del Estado a la par del contrabando.


Este proceso va de la mano de una ascendente diferenciación social. “La apertura dinamitó la sacrosanta igualdad de clases. El líder (refiriéndose al presidente) se esfuerza por fidelizar a los donju o maestros del dinero, casi siempre relacionados con el comercio internacional (ídem). En Pyongyang, la capital norcoreana, se registra un auge inusitado de la construcción de viviendas residenciales y centros comerciales. Entretanto, tres de cada cuatro norcoreanos, empezando por las zonas rurales, están amenazados por la malnutrición, según la ONU.


La nueva capa enriquecida, que pugna por consolidar sus privilegios, constituye un factor de presión para poner fin a las tensiones al conflicto reinante y arribar a una normalización de relaciones con Corea del Sur y Estados Unidos.


Perspectiva


Una mayor “integración económica” entre ambas Coreas, como pregona gran parte de la burguesía surcoreana y la élite del Norte entrelazada al Estado, será una nueva fuente de confiscación contra la clase obrera de los dos lados. Extender las “zonas económicas especiales” es, por un lado, un mecanismo de superexplotación de la clase obrera del Norte y, por el otro, una extorsión a los obreros del Sur para depreciar aún más los salarios, sometiéndolos a la competencia de la mano de obra. Por lo pronto, en Surcorea, está en ejecución una reforma laboral draconiana fogoneada por la Federación de Industrias y los “chaebols” -los grandes conglomerados capitalistas que controlan la economía del país.


Aunque no está colocada como perspectiva inmediata, esta integración económica nos da una pista de lo que sería una reunificación bajo el padrinazgo de Washington, Tokio e incluso Pekín.


Lejos de usufructuar las ventajas de Occidente, la población del Norte, como ya viene ocurriendo con los trabajadores del Corea del Sur, será acreedora de sus lacras, con más razón, bajo los efectos dislocadores de la bancarrota capitalista mundial.


El régimen norcoreano apuesta a sobrevivir con un giro de carácter restauracionista. Esta apertura de la economía, más temprano que tarde, acelerará el derrumbe del régimen burocrático.


La unidad de Corea en términos progresivos, que supone y plantea la autonomía política de Corea en su conjunto, está reservada a la clase obrera, de la mano de una reorganización integral de la península sobre nuevas bases sociales. Los trabajadores de las dos Coresas deben unirse y emerger como una fuerza política independiente, tanto del imperialismo y sus socios locales, como del restauracionismo chino y la burocracia descompuesta -ésa es la batalla por una Corea unida y socialista.

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