El pasado 7 de agosto fue firmado en Ciudad de Guatemala un acuerdo de paz por parte de los cinco gobiernos centroamericanos. En su preámbulo se invoca el apoyo de los gobiernos patronales de Contadora y del grupo de apoyo a Contadora, de la imperialista Comunidad Económica Europea y hasta del Papa. También se invocan los principios de las Naciones Unidas y de la OEA, así como de infinidad de reuniones, conferencias y declaraciones internacionales. No solamente se establece el objetivo de “forjar un destino de paz para Centroamérica” sino que se declara la finalidad expresa de “Colocar al Parlamento Centroamericano como símbolo de libertad e independencia de la reconciliación a la que aspiramos en Centro América”. En otra parte se pide “un trato internacional que garantice el desarrollo para la paz que buscamos sea duradera”. Aunque los centroamericanos y caribeños tienen una propensión climática al verbo, todos estos conceptos son algo más que verborragia, puesto que revelan que estamos ante algo que va mucho más allá de un acuerdo de paz, como que definen el carácter social y político que deben tener los Estados de la región, así como su correspondiente garantía internacional. Bajo la forma de un plan de paz aparece en la superficie la vieja pretensión de condicionar el desarrollo de la revolución nicaragüense a los intereses del imperialismo, liquidando de paso las posibilidades de la revolución centroamericana.

Pero si por un lado el acuerdo de Guatemala es mucho más que un acuerdo de paz, por otro lado, no llega exactamente a ser un tratado de paz en regla, lo cual no es para nada contradictorio. Los signatarios del acuerdo no se comprometen fehacientemente a eliminar las bases extranjeras y mercenarias de su territorio (como es el caso de Honduras), sino que la posibilidad de que esto ocurra depende de la interpretación que se haga del cumplimiento por parte de Nicaragua de determinados procedimientos “democráticos” que le han sido impuestos por sus “hermanos”. El único país que realmente carga con la responsabilidad de cumplir con las cláusulas del acuerdo es Nicaragua, que deberá formar una “comisión de reconciliación” con los agentes Internos de la “contra” y del gobierno Reagan; garantizar la libertad de prensa, manifestación y elección a este mismo sector; amnistiar a los presos contrarrevolucionarios; declarar un cese del fuego; y finalmente convocar a elecciones municipales y para el parlamento centroamericano (esto en 1988), conformando en este caso una institución internacional contrarrevolucionaria con funciones limitativas de la soberanía nicaragüense. Como se puede apreciar, estas cláusulas nada tienen que ver con un tratado de paz y sí mucho con una injerencia Internacional que pretende condicionar la evolución política de Nicaragua. No puede sorprender entonces que una revista tan autorizadamente reaccionaria como The Economist (15.8) diga en un editorial que “el acuerdo, si es lealmente aplicado por Nicaragua, es bueno”, para luego agregar: “Si Nicaragua cumple, aunque sea a regañadientes, se transformará en un Estado de partido único con varias trampas pluralistas (una adecuada descripción de México) y con poca capacidad para interferir a sus vecinos. Esto puede no ser lo ideal, pero es aceptable”. Este vocablo en The Economist es mucho, si se tiene en cuenta que es el vocero, y hasta consejero, de la Thatcher y de Reagan.

Es indudable que el solo hecho de que se firme un acuerdo de paz constituye un retroceso para los planes del gobierno Reagan de derrocar al sandinismo. Sin embargo, el acuerdo firmado el mes pasado está muy lejos de ser un revés para el jefe “contra”, que hubiera podido vetarlo si esa fuese la posición dominante dentro del imperialismo yanqui. El plan de paz, que fue diseñado por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, fue largamente discutido en los círculos políticos norteamericanos antes de entrar en vigencia. Se puede decir, sin lugar a dudas, que contó con el aval mayoritario de aquéllos antes de ponerse en práctica. El propio Reagan colaboró con su vigencia cuando en lugar de llamar a boicotear la reunión de Guatemala (como lo hiciera en tantas otras ocasiones) ofreció su propia versión de un plan de paz, acompañado de la firma del vocero del partido Demócrata en el Congreso. Reagan rechazó la propuesta de sabotear las negociaciones centroamericanas, como se lo proponía la derecha de su partido, y eligió arbitrar entre las distintas fracciones que se disputan el liderazgo de la política exterior de Estados Unidos. La razón de todo esto es, por cierto, que los “contras” han fracasado militarmente y que el imperialismo yanqui no puede jugar la carta de una Invasión. Otro autorizadísimo vocero gran capitalista y derechista, “Business Week” (24.8), dice en forma contundente: “Como a Reagan sólo le queda un año en el gobierno, es muy tarde para que pueda transformar a los contras en una fuerza militar viable. En tanto la iniciativa centroamericana se mantenga viva, Reagan no tiene otra opción que aceptar la diplomacia en lugar de la guerra de guerrillas”.

Si bien el centro de las preocupaciones del plan de paz es Nicaragua, no menos importante en sus miras es la situación de El Salvador. “Ciertamente, dice “The New York Times” (20.8), la posición del presidente de El Salvador, José Napoleón Duarte, quedaría reforzada con la firma de un acuerdo con el presidente Daniel Ortega Saavedra de Nicaragua, por el hecho de que legitimaría a ambos gobiernos”. Duarte pretendería que el FMLN entregue las armas y se incorpore a un proceso electoral en cumplimiento del acuerdo de Guatemala, pero los propios yanquis lo consideran excesivo. “Los términos del plan Arias necesitan ser adaptados a las circunstancias salvadoreñas” —dice “The Washington Post” (26.8), algo que el propio Arias ya está procurando mediante entrevistas con los principales dirigentes del FDR y el FMLN de El Salvador. Nicaragua, sin embargo, está obligada por el acuerdo a cortar su apoyo a la revolución salvadoreña, sin que esto signifique en lo más mínimo el corte del apoyo militar de los Estados Unidos al gobierno de Duarte. El acuerdo de paz está exactamente concebido para liquidar la revolución en El Salvador, aislar a Nicaragua y condicionar su evolución política. “¿Es suficiente esto para conformar las legítimas preocupaciones de los Estados Unidos?” —es lo que naturalmente siguen preguntándose muchos círculos imperialistas (The Economist, 22.8).

Nuestro perspicaz diario La Nación (16.9) definió muy bien las perspectivas del plan de paz: “Una especie de última posibilidad para los rebeldes (se refiere a los “contras”) de fundar un nuevo modelo contrarrevolucionario de carácter político”. Lo que el diario no dice es que este “modelo” funcionaría sobre la base de la injerencia norteamericana que el plan de paz no elimina ni se propone hacerlo. Lo que el diario tampoco dice es que la función de ese modelo es desintegrar a la revolución nicaragüense y permitir de este modo una contrarrevolución violenta naturalmente encabezada por los mercenarios. La vía política que preconiza un sector del imperialismo yanqui no excluye la otra vía, que sigue presente en el financiamiento clandestino de la “contra”, luego en las bases yanquis en Honduras y finalmente en las maniobras militares de Estados Unidos en todo el arco oceánico desde el canal de Panamá (Nos referimos a las distintas etapas de desarme que prevé el acuerdo). El acuerdo de paz no abole la presión armada, solamente la canaliza a través de la acción política dentro de Nicaragua, a la que el acuerdo da vía libre.

El FSLN y el FMLN han sido llevados a aceptar este acuerdo, principalmente por un condicionamiento exterior, y sólo secundariamente por la terrible crisis económica que sufre Nicaragua. La expectativa de salir del desastre económico provocado por la agresión armada, a través del acuerdo de paz, equivale a aceptar un principio de re- colonización económica del imperialismo. Como ya lo dijo Alfonsín hace dos años: si extienden la revolución, habrá guerra; si la congelan, habrá coexistencia pacifica; si retroceden, colaboraremos en la reconstrucción económica. La “ayuda” económica exterior estará cargada de muchos mayores condicionamientos que este acuerdo de paz.

La efectivización en principio del acuerdo es una consecuencia muy clara de la política internacional de la burocracia rusa, cuando no de su presión directa. Los Gorbachov ya han dicho reiteradamente que Nicaragua era un asunto “latinoamericano”, que debía resolverse en el marco de Contadora, no en el de la extensión de la revolución. Recientemente la burocracia rusa aplicó sus propios principios disminuyendo el suministro de petróleo a Nicaragua, con la declarada finalidad de que los “nicas” resuelvan este problema con México y Venezuela, es decir, con la burguesía mundial (Recientemente se avino a entregar 100.000 barriles hasta el final de año).
Órganos de prensa de todos los colores han interpretado este hecho como un claro reclamo para entenderse con el imperialismo.

De un modo general, hay que decir que el régimen nicaragüense estuvo condicionado desde el vamos por factores internacionales. A estos factores se debe el lugar que ocupa la burguesía en la sociedad “nica”, cuando se trata manifiestamente de una clase parasitaria y saboteadora. El FSLN ha desechado desde el vamos la expropiación generalizada del capital y la centralización económica correspondiente, que son los únicos medios para enfrentar una ofensiva como la que sufre de parte del Imperialismo. En el momento actual existe una inflación descomunal y un mercado negro imparable, factores de extraordinaria diferenciación social, que solo pueden jugar en detrimento de la base social de la revolución.

Es indudable que se ha abierto un período de profunda crisis en el proceso revolucionario centroamericano. Es necesario clarificarlo sin concesiones; denunciar a las burguesías de nuestros países latinoamericanos, como agentes “diplomáticos” del imperialismo contra la revolución centroamericana; y hacer los mismo con la política contrarrevolucionaria de la burocracia de Gorbachov.