Tras la catástrofe “anunciada” de la Línea Dorada del metro del Distrito Federal mexicano, sucedida el 3 de mayo, en que varias personas perdieron la vida tras un derrumbe y la caída de una formación, uno de los sindicatos que agrupa a sus trabajadores (Sindicato mexicano de Trabajadores del metro de la ciudad de México), en una demostración de protesta por la tragedia, ha anunciado un paro sin fecha, en un contexto de creciente inquietud entre los 8.000 trabajadores que agrupa. Las reivindicaciones demandadas son la renuncia de Florencia Serranía (directora del Metro) y la satisfacción de condiciones de seguridad para los trabajadores, incluyendo equipo y protección personal, según ha declarado Jesús Urban, secretario general del sindicato, quien ha agregado que la compañía ha despedido trabajadores en medio de la pandemia.

Pero Fernando Espino, líder de otro de los sindicatos del metro, rechazó la posibilidad de una medida de fuerza, enfatizando que están en disposición “de ayudar al gobierno capitalino” del Morena, añadiendo el argumento propatronal de todo rompehuelgas, como es la defensa de los millones de usuarios que viajan en el metro (de esto no se acordaron al poner en riesgo vidas humanas). El Sindicato Nacional del STC (Sistema de Transporte Colectivo) insistió también en el argumento mencionado.

El desastre en la Línea Dorada ha sido aprovechado por el PAN (Partido de Acción Nacional), el PRD (Partido de la Revolución Democrática) y el PRI (Partido Revolucionario Institucional). En la Cámara de Diputados, demandaron las renuncias de Marcelo Ebrard (quien siendo jefe de gobierno inició la obra de la Línea Dorada y que actualmente se desempeña como secretario de relaciones exteriores) y del entonces ministro de finanzas Mario Delgado, como así también de la actual jefa de gobierno, Sheinbaum, en virtud de la reducción del presupuesto de mantenimiento que en 2019 era de 18.000 millones de pesos mexicanos y se redujo a 15.000 millones en 2020. Los gobernadores del PAN (la oposición derechista) iniciaron una campaña publicitaria alrededor de esta cuestión. Desde luego que ante la proximidad de las elecciones parlamentarias y de gobernadores que se realizarán en junio, estamos asistiendo a un aprovechamiento de este trágico episodio, sin importarles otras cuestiones. Hay que tener presente que el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI) comparte las responsabilidades de esta masacre ya que fue presidente durante el período en que se construyó la Línea Dorada; aceptó pagar por encima del presupuesto y pasó por alto las advertencias realizadas sobre los enormes defectos en la construcción de la misma, en corresponsabilidad con quien fuera jefe de gobierno, Ebrard (hoy ministro de López Obrador y “exiliado” en Francia por propia voluntad durante algunos años, luego de haber sido acusado por la asamblea legislativa de México DF por actos de corrupción).

La crisis, siendo importante, amenaza con pronunciarse. Por eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo un llamado a los trabajadores del metro pidiéndoles que abandonen el propósito huelguístico.

Slim, el magnate mexicano, en la mira

En el diseño del proyecto intervino la empresa española Ayesa. En tanto, la responsabilidad de la construcción de la Línea Dorada estuvo en manos de la francesa Alstom, la mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y Carso Infraestructura y Construcción, que fue condenada a pagar una indemnización al Estado por defraudación en la construcción de la línea mencionada en 2017. Y cabe señalar que este consorcio capitalista está construyendo las líneas ferroviarias del Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Carso es propiedad del supermillonario mexicano Carlos Slim, quien ostenta el 17% de las acciones de este consorcio. Slim, el hombre más rico de México y de América Latina, fue calificado antes de la tragedia del metro como un empresario con “dimensión social” por parte del presidente López Obrador. Los intereses comunes entre López Obrador y el chupasangre mexicano harán que se empeñen en frenar cualquier investigación sobre las responsabilidades que a todas luces les corresponden.

Hay que añadir que durante la realización del proyecto de construcción de la Línea Dorada y de los problemas de origen que llevaron a interrumpir en 2014 el funcionamiento de la misma, se originaron nuevos gastos en la contratación de diversos consorcios de supervisión, que desde luego, como está demostrado por esta catástrofe, lejos de dar seguridad a los usuarios, solo sirvieron para engordar los bolsillos de las empresas contratadas y de los funcionarios que les facilitaron el negocio.

Las contrataciones del cuadro adjunto fueron aprobadas por diversas comisiones parlamentarias integradas por el PRI, PRD, PAN, y por integrantes del actual Morena, demostrándose como completamente ineptos para resolver los problemas de transporte y seguridad de la población trabajadora, aunque sí sirvieron para armar nuevas erogaciones cuya finalidad fue la de nuevos negocios entre funcionarios del Estado y de los partidos burgueses con grandes empresas capitalistas nacionales y extranjeras.

A lo sumo, llevaron a cabo demandas a las empresas intervinientes que fueron obligadas a pagar montos indemnizatorios irrisorios en comparación con los beneficios obtenidos. Solo medidas cosméticas.

La catástrofe de la línea Dorada del metro del DF, para quien lo quiera ver, coloca al desnudo el entramado de negocios, sobrefacturación, abuso de contratos innecesarios con empresas capitalistas nacionales y extranjeras, y especialmente la muerte como consecuencia de ello.

La clase obrera mexicana debe intervenir

La catástrofe del metro debería bastar para la declaración de una huelga general de protesta. Sin embargo, el sindicalismo mexicano está dominado por cuatro centrales obreras atadas a direcciones de partidos burgueses: la Federación Nacional de Trabajadores de México, del PRI; la Unión Nacional de trabajadores (Partido de la Revolución Democrática); la Confederación autónoma de Trabajadores (Morena) y la Confederación Internacional de Trabajadores (Morena).

En un contexto de salarios deprimidos, desocupación, trabajo precario, las centrales obreras han dado la espalda a la clase obrera. Las huelgas parciales de Telmex y Notimex por el cumplimiento del convenio colectivo han sido aisladas por las centrales obreras. El sindicato que agrupa a más de cien mil petroleros del país ha amenazado con ir a la huelga por el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, pero adelantó que confía en la negociación, en un contexto en que han fallecido mas de cuatrocientos trabajadores por Covid, una señal de la ausencia de seguridad industrial por parte de la patronal estatal.

Las pujas entre los partidos del régimen solo tienen como consecuencia la alternancia en el poder del Estado, sin que se modifique por eso el ataque a las condiciones de existencia de las masas. Es necesario un congreso de bases de la clase obrera mexicana que coloque las reivindicaciones más sentidas (salario, desocupación, precariedad laboral, seguridad laboral, desocupación) en un programa transicional, superando a la burocracia sindical de las cuatro centrales para poner en movimiento a la potencialmente poderosa clase obrera azteca:

• Por una comisión de obreros y victimas que investigue las causas de la tragedia del metro. Castigo a los responsables, empresarios y funcionarios. Que se abran los libros de la empresa del metro y se destapen los chanchullos.
• Por comisiones obreras de seguridad laboral que definan las condiciones de trabajo, de las instalaciones de las empresas y de los medios de transporte, incluidas las adoptadas contra el Covid.
• Prohibición de los despidos. Seguro al desocupado igual a la canasta familiar. Derogación de la ley de outsourcing (trabajo tercerizado).Pase a planta permanente de todos los trabajadores.
• Salario igual al costo de la canasta familiar. Representantes obreros elegidos en asamblea para discutir los convenios colectivos.
• No a la ficción de soberanía energética de Morena. Nacionalización sin pago de las empresas energéticas. Por una empresa única estatal de petróleo y electricidad bajo gestión de sus trabajadores. Desconocimiento de la deuda externa.

Y, por supuesto, una conclusión fundamental: la independencia política y organizativa de los sindicatos respecto al Estado, los gobiernos de turno y los partidos patronales.