La dirigencia de la Central Obrera Boliviana y el gobierno de Evo Morales acaban de llegar a un acuerdo en el que se acepta el cierre de Enatex (Empresa Nacional de Textiles). Se crea una nueva empresa, Senatex (Servicios Nacionales Textiles), que incorporaría sólo a 180 trabajadores (aquellos que aún no cobraron finiquitos), pero por fuera de la Ley general del Trabajo, es decir sin derechos a incrementos salariales, horas extras o a la sindicalización. La burocracia abandonó a los 800 trabajadores restantes que ya han cobrado finiquitos bajo presión, levantó las movilizaciones y sólo se limita a negociar que las incorporaciones a Senatex sean bajo la Ley del Trabajo. Teniendo en cuenta que las movilizaciones y huelgas de hambre eran por la reapertura de Enatex bajo administración de los trabajadores, estamos en presencia de una traición. Sin embargo, este acuerdo produjo un fuerte rechazo en la base fabril, especialmente en los trabajadores despedidos; su dirigente, Gerónimo Cori, sostuvo que seguirán en pie de lucha hasta resolver la situación no sólo de 180, sino de los 266 trabajadores que exigen reinserción laboral en este momento.

 

El desenlace del conflicto y la traición de la burocracia están aún sujetos a los resultados de un ampliado nacional de la COB. Allí la burocracia medirá fuerza con las bases fabriles. Sucede que, pese a la fuerte presión que ejercen las bases obreras, la burocracia tiene aún espacio para maniobrar en la medida en que el proceso de divorcio de la clase obrera con el gobierno no es aún general.

 

Gobierno antiobrero

 

En las últimas semanas, la clase obrera boliviana paralizó el país en rechazo al cierre de Enatex y al consiguiente despido de casi mil trabajadores. El gobierno viene aplicando una política pro-patronal con represión de por medio: tranzó con la patronal la postergación del pago del doble aguinaldo; asignó un mísero incremento salarial de 5 bolivianos diarios a los trabajadores, mientras otorgó un “incentivo” de hasta 55 dólares por barril a las petroleras; no asegura el pago retroactivo del incremento salarial y amenaza cerrar más empresas estatales. Los ajustes capitalistas que en la Argentina vienen siendo aplicados por Macri, son ejecutados por Evo Morales en Bolivia; esto porque la oposición derechista está anulada frente a las masas y no es potable hoy para el imperialismo, mientras que el bonapartismo de Evo Morales sigue siendo confiable para la burguesía en la tarea de contener y desviar a la clase obrera.

 

Crisis capitalista en un país sin industria

 

Los trabajadores de Enatex libran una lucha estratégica. Advirtieron la quiebra de la empresa y denunciaron que ésta era un botín político para el gobierno. La ministra de Desarrollo Productivo entregó la empresa a su hermano y, mientras los obreros recibían salarios que oscilaban entre 1.800 a 2.500 bolivianos, la parte administrativa obtenía 12 mil.

 

El telón de fondo es la crisis capitalista en un país atrasado. La burguesía boliviana no pasa de ser una burguesía intermediaria y el capitalismo en crisis se erige como una barrera infranqueable para los países sin industria. A pesar de la tecnología de punta, Enatex no pasó de ser la “tercerizada” de las grandes marcas, y su incursión en el mercado se reducía a un nicho marginal. Es el fracaso del nacionalismo indigenista y su “capitalismo andino-amazónico”.

 

Divorcio en proceso

 

La contundencia de los paros hacen manifiesta la separación de la clase obrera con respecto al gobierno, muy especialmente en el sector fabril. Las luchas precedentes -el Tipnis, las luchas obreras por jubilación del 100%, las luchas estudiantiles contra las camarillas del MAS en la universidad y las movilizaciones del desatendido pueblo potosino- son el caudal empírico sobre el que cabalga esta separación. Las consecutivas derrotas electorales del MAS, fueron el termómetro de este proceso. Las contundentes movilizaciones de la clase obrera, una burocracia oficialista puesta contra la pared y las violentas represiones policiales, dibujan un cuadro político caracterizado por la materialización del divorcio de un importante sector de la clase obrera respecto al gobierno del MAS.