En los días previos a la destitución de los dirigentes mineros, la burocracia de la COB, encabezada por Juan Carlos Trujillo, firmó el acuerdo sobre la Ley de Pensiones con el gobierno del MAS. Al momento de su firma, Evo declaró: "lamento que desde mayo no haya conseguido firmarse este convenio pese a que ya existía esta propuesta… la COB fue derrotada por el pueblo y no por el gobierno" (www.opinión.com.bo/).

Para el sector minero la jubilación sube de 3.700 a 4.000 Bs, para el resto de sectores de 2.600 a 3.200 y para los asalariados con 35 años de aportes de 1.300 a 1.400 -rentas inferiores al 70% del promedio de salarios de los últimos 24 sueldos. Siendo que la canasta familiar está en 8.000 Bolivianos. La jubilación para el minero "privilegiado", y estamos hablando del mejor de los casos, cubre apenas la mitad de las necesidades básicas de su familia.

Durante la combativa huelga por la Ley de Pensiones, que la dirección de la COB desmovilizó primero y hundió después decretando un "cuarto intermedio" que no se levantó jamás, la consigna que fue cobrando fuerza fue la de una jubilación equivalente al 100% del salario en actividad, un planteo defensivo elemental frente al miserable salario que percibe la inmensa mayoría de la población -las FFAA se jubilan con el 100%, para lo que el gobierno eroga dos millones de pesos bolivianos mensuales. El "acuerdo" firmado por la COB le da la espalda a este reclamo y no modifica en nada la herencia del gobierno "neoliberal": las jubilaciones siguen dependiendo básicamente del ahorro individual de los trabajadores. En números, el trabajador aporta un 12,2% y los patrones el 1,7% con otro fin, la cobertura del riesgo profesional. Existe además una jubilación asistencial a partir de los 60 años de vida y 10 de aportes, con contribuciones en la misma proporción anterior. La dirección de la COB se opuso al aumento del aporte patronal y estatal porque "podía poner en riesgo la estabilidad económica de la empresa privada y del Estado", y consideró que en momentos de crisis económica lo prioritario era preservar las fuentes de trabajo.

El "acuerdo" deja en pie el descuento de los días de huelga, que el gobierno de Evo impuso a los docentes y trabajadores estatales -dando pie a los empresarios a hacer lo mismo, así como las causas abiertas contra los activistas que sostuvieron la huelga, entre ellos los mineros.

La lucha por la financiación íntegra de la jubilación a cargo de las patronales (incluido el Estado), un mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, y la eliminación del trabajo en negro a través de la organización masiva de los lugares de trabajo, deben volver a ser parte de la agenda de los trabajadores bolivianos.