La dirección de la COB ha resuelto el levantamiento de la huelga general, al que presenta como un cuarto intermedio de treinta días. En el interín, se producirá el 'análisis' de un proyecto de reforma de la Ley de Pensiones por una comisión conjunta de la central y el gobierno. El levantamiento se produjo cuarenta y ocho horas antes de la anunciada marcha de los cocaleros sobre La Paz y otras ciudades en defensa del gobierno y contra el "golpe de Estado" que -según Evo- estaba por detrás de la huelga general indefinida lanzada por la COB. El gobierno había declarado la ilegalidad de la huelga y llamó a las "organizaciones sociales" encuadradas en el MAS a salir a las calles contra ella.

Los dirigentes de la COB han expuesto como uno de los fundamentos, si no el principal, del levantamiento de la huelga, el evitar enfrentamientos entre "hermanos bolivianos", que es exactamente lo que buscaba el gobierno al lanzar su política de provocación.

¿Qué es lo que obtuvo la COB al dar por finalizada la huelga general?

Que el cálculo para determinar la jubilación se considere sobre la base de los últimos 24 recibos de sueldo (dos años) -antes eran 72 (seis años)- y que el cálculo de jubilación de los mineros se haga sobre 30 y no 35 años, como hasta ahora.

Pero el haber jubilatorio quedó en el 70% del promedio de esos dos años como lo planteaba el gobierno, contra el reclamo central del 100% de los últimos sueldos del trabajador activo, la consigna que motorizó la huelga general.

Esto es todo. El reclamo de los mínimos jubilatorios quedó en las cifras planteadas por el gobierno: 4.000 bolivianos para los mineros (571 dólares) y 3.200 (457) para el resto contra los reclamos de la COB de 8.000 y 5.000 respectivamente. Además, se forma la comisión mencionada para consensuar las reformas a la Ley de Pensiones.

El desenlace de la huelga se produjo sin garantizar el pago de los días caídos, luego de que el gobierno dictara su ilegalidad a partir del 6 de mayo. Ello afecta a los docentes y trabajadores de la salud en primer lugar, pero es una voz de orden para el conjunto del empresariado. Sobre el filo del levantamiento de la huelga, Evo declaró, una vez más, que "se paga por día trabajado, por eso hemos decidido (y) quiero que sepan, maestros y maestras, día no trabajado no se va a pagar".

El desenlace de la huelga dejó intacta la ofensiva sobre la mina Huanuni, condenada a ser "autosuficiente" sin recibir un sólo peso fuera de una devolución de impuestos -que le es incluso retaceada- y una auditoría exigida por el propio Evo con esta definición: "es desmoralizante pensar en una nueva nacionalización de empresas mineras, si los trabajadores están llevando a la quiebra a la que hemos nacionalizado".

El desarrollo de la huelga

Al momento de su levantamiento, la huelga estaba en desarrollo y comenzaba a entroncar con signos de una crisis más general. La policía había comenzado a exigir una jubilación igual al 100 por ciento y las mujeres de los efectivos habían iniciado una huelga de hambre en La Paz con ese reclamo -tomando como antecedente su otorgamiento a las Fuerzas Armadas tiempo atrás.

El gobierno adelantó, por otra parte, el aumento de la Renta Dignidad (una prestación para personas de más de 60 años que no reciben ningún tipo de ingreso) a 250 bolivianos (un 5% del costo de la canasta familiar).

El gobierno creyó que iba a lograr un rápido desmoronamiento de la huelga mediante el boicot de las organizaciones sindicales que le responden -como petroleros, docentes y estatales- y la represión a los bloqueos en las rutas.

Se encontró, sin embargo, con una sorpresa. Los piquetes fueron muy activos y crecieron, con el correr de las horas, con la participación de sectores que no se habían sumado a la huelga en el primer momento -docentes y mineros estatales (Huanuni, Colquiri), entre los más importantes. Ni la burocracia de la Central pudo desarticularlos cuando llamó a la "vigilia" -una manera encubierta de levantarlos- en función de la negociación en los primeros días de la huelga. Aunque la represión se ensañó con ellos, no pudo impedir que fueran reinstalándose sucesivamente -el propio informe oficial constató, al décimo día de huelga, la existencia de 22 bloqueos en todo el país. Por otra parte, el llamado a boicotear la huelga a partir de las organizaciones controladas por el gobierno fracasó. La organización de los maestros rurales, dominada por el MAS, se convirtió en un puntal en la huelga, así como varias de las departamentales del magisterio urbano que seguían al oficialismo. La COR de El Alto, que hasta hace muy poco respondía al gobierno, se sumó a la huelga. La militancia de los mineros estatales fue masiva y activa.

La política de la COB

La dirección de la COB quiso imponer la "vigilia" -o sea, el retiro de los piquetes- y una fracción de ella, los fabriles, estableció su propia agenda a través de paros parciales.

La última brecha en esa dirección fue el planteo de la Federación de Trabajadores Mineros que "lejos de los 8.000 de pensión…que plantea la COB, pasó a pedir una renta de hasta Bs 4.900 para el sector y de hasta Bs 3.700 para los demás asalariados" y omitió el reclamo de la jubilación al 100% (La Razón, 18/5). El gobierno rechazó esta propuesta. Pero se mostró partidario de continuar la negociación sólo con los mineros, lo que produjo una crisis que obligó a la COB a denunciar toda negociación sectorial.

La evolución de la huelga y el propio desenlace están indicando las enormes reservas del proletariado boliviano y los límites de la dirección de la COB. En el desarrollo de la huelga, se produjo una diferenciación que tendió a expresarse, en algunos casos, en los ampliados de la COB, en los distritos o en las conferencias de los sindicatos. Habrá que ver de qué modo se expresa en la deliberación de los trabajadores luego del enorme esfuerzo realizado y en el inminente segundo Congreso del IPT (ver PO Nº 1.259 y 1262), anunciado para junio.