La detención de Mijail Jodorkovsky, principal accionista de la Yukos (la mayor petrolera rusa, con reservas comprobadas superiores a las de Kuwait) y el oligarca más poderoso de Rusia, ha desatado una crisis política en Rusia con alcances internacionales.

Jodorkovsky no solamente fue detenido a punta de pistola en un aeropuerto de Siberia, acusado de fraude y evasión fiscal, sino que la justicia se incautó de sus acciones en la Yukos, el 44% del total, que detenta a través de una compleja red de sociedades establecidas en distintos paraísos fiscales. Distintos medios anticipan que esta incautación es el paso previo a la expropiación.

La detención de Jodorkovsky fue seguida por la renuncia de Alexandr Voloshin, jefe de la administración presidencial y representante de la “familia” Yeltsin en el gabinete de Putin; también habría renunciado el primer ministro Kasyanov. Estas renuncias llevaron a ciertos medios a caracterizar que se había desatado una guerra entre las dos principales mafias que comparten el poder en Rusia: los oligarcas yeltsinianos y la camarilla de los “silovici” (ministerios de fuerza, encabezados por la KGB) representada por Putin.

En respuesta a la detención, la Bolsa de Moscú cayó abruptamente (aunque luego se recuperó parcialmente) y se agudizó el proceso de fuga de capitales iniciado en julio, cuando se conocieron las primeras noticias sobre las investigaciones contra Jodorkovsky Entre julio y septiembre salieron de Rusia 7.700 millones de dólares y se especula que en el último trimestre la fuga alcanzará los 10.000 millones.

La ExxonMobil y la Chevron-Texaco suspendieron las negociaciones establecidas con el ahora preso Jodorkovsky para comprar una parte significativa (entre el 20 y el 40%) del paquete accionario de la Yukos. Sensible a los intereses petroleros, el Departamento de Estado norteamericano cuestionó la “legalidad” de la detención y la “imparcialidad” del sistema judicial ruso. Como respuesta recibió un seco “no se metan” del gobierno de Putin.

Golpe de Estado y redistribución de activos

Importantes medios rusos caracterizaron la detención de Jodorkovsky como “un golpe de Estado de la KGB”. Su objetivo sería “no la renacionalización sino un nuevo reparto de la propiedad privatizada” (El País, 31/10).

Pero el nuevo reparto de esa propiedad ya estaba en curso, incluso con la activa participación del capital extranjero. El oligarca Roman Abramovich vendió, en apenas dos semanas, el 50% de Rusal (uno de los mayores grupos mundiales de aluminio) y la petrolera Sibneft precisamente a la Yukos. Con la compra de Sibneft, Yukos se ha convertido en la cuarta mayor petrolera del mundo.

Las ventas de Abramovich, explicaba el Financial Times (6/10), “intensificaron una tendencia que comenzó en la primera parte del año. Una década después de que fueran adquiridos por ‘oligarcas’ políticamente influyentes, los principales activos financieros rusos están otra vez en venta (…) Y, por primera vez desde la Revolución de 1917, algunas de las joyas de la corona de Rusia Inc están en el mercado para los inversores externos (…) La mayoría de las empresas están a la venta si el precio es el correcto”.

Efectivamente, grandes grupos capitalistas “están volviendo” a Rusia y British Petroleum compró la mitad de la petrolera TNK; Sual, otro gran grupo del aluminio ruso, vendió una parte significativa de sus acciones al capital británico (con el agregado de aceptar que los ingleses pongan sus gerentes a dirigir las empresas); ExxonMobil tiene una asociación con la petrolera estatal Rosneft para la explotación de los campos de Sajalin1; General Motors ha establecido una empresa mixta con Autovaz para la fabricación de autos; el grupo francés Danone hizo lo propio con Wimm Bill Dann, una empresa de productos lácteos.

Pero todo esto palidece frente a las negociaciones entre Exxon, Chevron y Yukos: los norteamericanos pagarían hasta 28.000 millones de dólares por el 40% de las acciones de la mayor petrolera rusa.

Para algunos, la razón de la detención de Jodorkovsky sería que la venta de activos rusos tan determinantes a compañías norteamericanas sería “indigerible” para el gobierno de Putin (Clarín, 1/11). Para otros, en cambio, la causa fue la resistencia de Jodorkovsky a “asociarse con corporaciones occidentales como socio menor, de acuerdo con el plan de Putin para la economía rusa” (Stratfor, 31/10). Más aún, algunos analistas sostienen que “la fracción que apoya la incautación de las acciones (…) quiere seguir adelante con el plan de vender una parte significativa de las acciones de Yukos a una compañía petrolera norteamericana, pero no quiere que Jodorkovsky se lleve los beneficios” (Financial Times, 31/10).

Sea como fuere, está claro que la crisis política desatada por la detención está directamente ligada a la redistribución de los activos rusos y a la participación en ella del capital financiero internacional.

Política y economía

No hay dudas de que los cargos contra Jodorkovsky podrán ser ampliamente probados: como reconoce Bill Browder, cabeza del Hermitage Capital Fund, el mayor fondo de inversiones externo en Rusia, “no hay oligarcas limpios ni ángeles ricos en Rusia. Todos violaron un montón de leyes e hicieron un montón de cosas malas para tener los activos que tienen. Mucha gente fue asesinada en muchas industrias. En la mayoría de los grandes activos, hubo muertes de por medio” (Financial Times, 1/11). Los funcionarios del Estado saben perfectamente donde encontrar las pruebas por la sencilla razón de que el Estado fue el principal cómplice y garante de la apropiación de los activos por parte de los oligarcas.

La opinión más generalizada es que el ataque contra Jodorkovsky es la respuesta de la camarilla putiniana al creciente protagonismo político del oligarca, quien nunca ocultó sus intenciones de convertirse en primer ministro, e incluso en presidente, al término del segundo mandato de Putin. Según relata el Financial Times (1/11), el propio Jodorkovsky le habría propuesto a Putin una reforma constitucional para “pasar de una presidencia con poderes casi zaristas como la rusa a algo más cercano al sistema francés, con un primer ministro con mayor autoridad y estabilidad”.

Bajo Putin, los oligarcas obtuvieron un dominio indisputado de la economía rusa. “En lugar de combatir a la oligarquía como clase, Putin la institucionalizó. (Pero) en lugar de darle a sus favoritos, como hizo Yeltsin, el manejo del Kremlin, Putin excluyó a los oligarcas, como grupo, del manejo del Estado” (The Washington Post, 14/12/2002). Los que no respetaron el pacto, como Boris Berezovski (crítico de la política oficial respecto de Chechenia) y Boris Gusinsky, fueron sometidos a investigaciones y obligados a exiliarse. Los que lo respetaron, entre ellos, Jodorkovsky, “prosperaron y consolidaron sus holdings” (ídem).

Bajo Putin, se repitieron incluso algunos de los más oscuros esquemas puestos en vigencia por Yeltsin para permitir el acaparamiento mafioso de la propiedad por parte de los oligarcas, como el canje de “préstamos por acciones”. Mediante este sistema Jodorkovsky “compró” el 78% de Yukos por 309 millones de dólares. Bajo Putin, el “rey del aluminio” Oleg Deripaska le prestó al gobierno 10 millones de dólares para la construcción de una planta energética en Siberia; si el préstamo no fuera reembolsado, Deripaska se quedará con el 25% de la propiedad de la planta, valuada en 2.000 millones de dólares.

Bajo Putin, “ocho clanes de oligarcas controlan el 85% del valor de las 64 mayores compañías rusas”; las ventas combinadas de las 12 mayores empresas privadas iguala los ingresos del gobierno.

Transición

A diferencia de la época de Yeltsin, con Putin, la burocracia estatal logró una relativa independencia respecto de los oligarcas. El ya citado Bill Browder, del Hermitage Capital Fund, enfatizaba hace ya un tiempo que “Putin está actuando claramente en el interés del Estado (…) Hace lo correcto” (ídem).

La “independencia” de la burocracia estatal respecto de los oligarcas es el régimen político que mejor se acomoda a las características del período de transición existente en Rusia. De nuevo, Bill Browder, que opera en Rusia desde hace diez años: “Un gobierno autoritario bien conducido es mejor que un régimen de las mafias oligárquicas – y esas son las únicas ofertas disponibles” (Financial Times, 1/11).

La oligarquía surgida de las “privatizaciones salvajes” de la era de Yeltsin, a pesar de la enorme masa de riquezas de las que se ha apoderado, es una capa social extremadamente débil. No es el resultado de un desarrollo histórico sino de la apropiación mafiosa de los activos del Estado, con la complicidad del propio Estado. Durante este período, el del “reparto de los despojos”, el gobierno ruso limitó severamente la posibilidad de participación del capital externo en las privatizaciones; los pocos que se arriesgaron, fueron sencillamente desvalijados por sus “asociados” rusos.

Ahora que la guerra por los despojos ha concluido, los “oligarcas” se encuentran con que no tienen la fuerza financiera, ni el acceso a los mercados mundiales, ni el desarrollo tecnológico para llevar adelante sus negocios. Por otro lado, temen que las leyes que les dieron la propiedad de sus imperios puedan revertirse. Por eso, están transformando sus propiedades en efectivo para marcharse a vivir de rentas en Londres o Montecarlo o se asocian, como socios menores, del gran capital imperialista. “En los próximos tres a cinco años – dice Stephen Jennings, cabeza del banco de inversiones moscovita Renaissance Capital – todos los oligarcas venderán sus activos y se marcharán de Rusia o harán asociaciones con esos activos, como TNK con BP” (Financial Times, 6/10).

La restauración del capitalismo no ha dado nacimiento a una burguesía rusa sino a una capa parasitaria intermediaria del paso de la propiedad estatizada al gran capital financiero internacional. La experiencia yeltsiniana demostró que la dominación directa del Estado por parte de esta oligarquía llevaba a la desintegración de Rusia.

Para mantener la cohesión del Estado, los “ministerios de fuerza” no sólo reclaman el monopolio de la “política” sino que, además, han conservado ciertos mecanismos de control económico sobre los oligarcas. Mientras le entregan a los oligarcas los yacimientos petroleros, mantienen bajo el control del Estado la red de oleoductos a través de las cuales se exporta el petróleo. La burocracia gobernante peleó a muerte para impedir que los oleoductos que llevarían el petróleo del Mar Caspio a Europa soslayaran a Rusia e, incluso, fue a la guerra en Chechenia para tener bajo su control los territorios por donde pasarían esos oleoductos. Es decir, que el Estado mantiene en sus manos el control de última instancia del negocio petrolero. Otro de los motivos de la disputa entre el gobierno y Jodorkovsky fue precisamente la campaña pública del capo de la Yukos, respaldado por los yanquis, para privatizar la red de oleoductos.

La crisis desatada ilustra el carácter transitorio en que aún se encuentra el capitalismo en Rusia.

Los oligarcas podrán ser “propietarios” de empresas pero no son todavía una clase social propia del capitalismo. No es el desarrollo del régimen social capitalista, con sus propias leyes, lo que los ha convertido en oligarcas; son una creación del Estado. Por eso la masa del pueblo los ve como usurpadores y apoya el ataque contra ellos.

La transición de la economía estatizada al capitalismo ocupará todo un período histórico, cargado de crisis, convulsiones, choques, violencias y guerra, no sólo determinado por las condiciones internas de Rusia sino, en particular, por la crisis de la economía mundial a la que Rusia debe integrarse. La camarilla de la KGB en el poder “actúa en interés del Estado” porque es perfectamente consciente de que, sin Estado, la restauración del capitalismo es una utopía.