La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó en el día de ayer una ley que restringía el aborto en el estado de Luisiana, por considerarla inconstitucional.

Se trata de una normativa sancionada en 2014 que limitaba al personal de salud, obligando a los médicos a solicitar un permiso para derivar a las mujeres que requerían hospitalización a establecimientos, dentro de un radio de 48 kilómetros. Algo que en muchos casos era negado y que se sumaba a las grandes dificultades que atraviesan quienes quieren realizar esta práctica, en un sistema de salud totalmente privatizado. De aplicarse, además, habría quedado solo un centro en Luisiana para atender a las 10.000 mujeres que piden cada año esa atención en el estado (La Vanguardia, 29/6).

La ley tomaba como modelo una anterior del estado de Texas, que había sido anulada en 2016 por el supremo tribunal, por considerar que los privilegios de admisión para el personal de salud no son un criterio médico y limitan el acceso al aborto.

Lo sorprendente de la nueva medida es que el conservador John Roberts se sumó a los liberales en la votación para rechazar esta ley, lo que ha generado molestia entre los republicanos (CNN, 29/6). El presidente del tribunal, que había apoyado la normativa de Texas, se basó ahora en el antecedente y sostuvo que “la ley de Luisiana impone una carga sobre el acceso al aborto tan severa como la impuesta por la ley en Texas. Por este motivo la ley de Louisiana no puede permanecer, según los precedentes”.

El pronunciamiento es un golpe para las corrientes antiabortistas, en especial para los grupos evangélicos que, con la presencia de los nuevos jueces, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, tenían la esperanza de que se diera un fallo contra las mujeres. La designación de estos jueces fue una de las principales promesas de campaña de Trump, consolidando su relación con las iglesias, con el objetivo de revertir la legalidad del aborto en el país y empujar a las mujeres nuevamente a la clandestinidad. Si bien ambos jueces defendieron ayer la ley de Luisiana, no alcanzó para que se diera un giro en la jurisprudencia.

Al mismo tiempo, la sentencia constituye un revés para Trump, que se suma a recientes fallos que cuestionan al presidente en el marco de rebeliones populares a lo largo y ancho del país, reflejando un quiebre en la relación del presidente con la Corte. Días atrás el máximo tribunal defendió los derechos laborales del colectivo LGBT+ y frenó la deportación de los inmigrantes jóvenes, que entraron a Estados Unidos con sus familias cuando eran niñes, protegiendo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca).

 

La Casa Blanca reaccionó al pronunciamiento contra la Ley de Luisiana con un comunicado que determina que la decisión del tribunal es “desafortunada” y que “devalúa” tanto la vida de la madre como la del niño por nacer. Un claro mensaje contra un derecho democrático conquistado en 1973, dirigido en particular a los sectores oscurantistas que encuentran en el gobierno de Trump la atención a sus demandas y el avance de las políticas reaccionarias. Meses atrás, el presidente había participado de una marcha antiaborto proclamando que “los niños no nacidos nunca han tenido un defensor tan firme en la Casa Blanca” (Infobae, 24/1).

La lucha de las mujeres y diversidades contra los intentos de eliminar los derechos sexuales y reproductivos y de las minorías sexuales, y por mejoras laborales y salariales, ha tenido un lugar destacado en el último tiempo en Estados Unidos. En ese contexto, el rol del Partido Demócrata ha sido de contención del movimiento de mujeres, buscando limitar su movilización y encarrilarlo tras la candidatura presidencial de Joe Biden.

En medio de las manifestaciones que impactan de lleno a todo el país, el movimiento de mujeres y diversidades tiene un gran desafío por delante para derrotar el ataque clerical y las políticas que atacan al conjunto de trabajadores. Es necesario poner en pie una alternativa independiente para superar la ofensiva contra las mujeres, así como la de los derechos de les inmigrantes y la población negra, que no es exclusiva de Trump, ya que tanto los republicanos como los demócratas han avanzado sistemáticamente contra les trabajadores, persiguiendo a las minorías, atacando el salario y profundizando la privatización del sistema de salud que impide el acceso de la población.