La crisis política boliviana ha avanzado aún más con las denuncias de Evo Morales de que el líder parlamentario de su partido –Filemón Escobar– habría aceptado dinero para retirar a su bloque del Senado cuando se debatió la ley de inmunidad a las tropas norteamericanas que operan en Bolivia.

“Son platistas” disparó Evo, agregando que Escobar necesitaba la “plata” para cancelar la deuda que tenía con la ONG que financió su campaña electoral. Escobar respondió desconociendo la dirección de Evo Morales (“en el MAS no hay jefes”). Acusó al entorno de Morales de estar compuesto por “infiltrados” y reclamó “que la COB se haga cargo de la dirección del MAS” (Bolpress, 31/5). Desde octubre, el MAS es el principal sustento de la “gobernabilidad”.

La trifulca parlamentaria es sólo uno de los aspectos de la crisis del MAS. La incorporación de la Central Obrera Regional y de las Juntas Vecinales de El Alto a las movilizaciones de la COB fue una derrota política para el MAS, cuyo dirigente Juan Melendres no pudo hablar en la marcha del 24 de mayo debido a las chiflatinas, calificado por los trabajadores como “traidor” y “vendido”. Los seguidores de Evo Morales en la dirección de la COR se habían jugado a fondo para impedir que se sumara a la huelga general y habían iniciado una “negociación” con el gobierno: “El diálogo con el gobierno, en pleno conflicto de los trabajadores del país, le cobró una alta factura al principal dirigente de los trabajadores alteños” (Bolpress, 25/5).

Huelga general y maniobras

En medio de la convulsión de marchas, movilizaciones y huelgas que diariamente sacude a Bolivia, el gobierno se ha dado una política.

Prometió tierras a los campesinos y logró levantar los bloqueos; derogó el decreto de “descentralización” y logró levantar la huelga de los trabajadores de la salud y vialidad. Ahora, logró dividir la única huelga nacional que continuaba, la de los maestros, mediante un acuerdo con los maestros rurales; aunque la de los maestros urbanos continúa, está en curso una negociación por intermedio del episcopado (Bolpress, 29/5).

En el desarrollo de esta política, Mesa tomó algunas medidas “audaces”, como la nacionalización de la mina de Caracoles. A pesar de las protestas de grupos mineros ligados a Sánchez de Losada, Mesa siguió adelante con la nacionalización. El objetivo del gobierno es cooptar a la dirección de la Federación Minera y quebrar a la COB.

La nacionalización fue clasificada por la FSTMB como “el renacimiento de la COMIBOL (la minera estatal)”. Según la Federación “es urgente imponer al gobierno una política minero-metalúrgica que rescate nuestros recursos” (Econoticias, 23/5). Para la FSTMB, el gobierno de Mesa es un aliado potencial. Pero una nacionalización puntual, a cargo del Tesoro, no pasa de ser una maniobra… cara.

Estas maniobras, según Bolpress (29/5), “han perforado la huelga general”. Aunque la COB ratificó en un ampliado la continuidad de las medidas y bloqueos, su secretario general declaró que “la COB no ha fracasado; lo que fracasó fue la conciencia de las masas” (ídem). El dirigente ni siquiera sabe olfatear la política del gobierno.

Frente único y boicot

En este marco, Mesa espera hacer pasar el referéndum trucho.

Entre las organizaciones populares y de la izquierda boliviana no existe una claridad política para enfrentar a Mesa y su referéndum, como lo revela la “Declaración del Encuentro de Movimientos Sociales” realizado en Cochabamba el 28 de mayo.

El Encuentro presenta al referéndum como una abstracción y ;a lo caracteriza como “una demanda de la sociedad civil y una conquista social impuesta por los movimientos sociales en octubre de 2002” (Econoticias, 30/5). Acusa a Mesa de desnaturalizarlo porque no plantea la pregunta de la nacionalización inmediata de los hidrocarburos. ¡Precisamente! La demanda popular es la nacionalización del gas y del petróleo. No es cierto que el referéndum haya sido “una conquista”: fue una maniobra para facilitar el ascenso de Mesa al gobierno, y permitirle a las direcciones políticas y sindicales “vender” al pueblo rebelado como una victoria la subida de Mesa.

“La primera tarea” –dice el Encuentro– es “recuperar el carácter democrático y popular del referéndum mediante el cambio del contenido de las preguntas” (ídem). Pero para eso hay que derrocar a Mesa, es decir, al gobierno de la Repsol, de lo contrario se trata del intento de un nuevo compromiso. La tarea que se plantea es organizar el boicot popular y activo al referéndum.

No es casual, entonces, que el Encuentro entienda la “nacionalización” como “la anulación, resolución o conversión de todos los contratos suscriptos con las empresas privadas” (ídem). Es decir, que admite nuevos contratos incluso antes de anular los existentes. Algunos sostienen que Bolivia podría pagar fácilmente las indemnizaciones a las petroleras, dadas sus inmensas reservas de gas y petróleo. Es decir que proponen pagar las indemnizaciones mediante una nueva deuda que tenga a esas reservas como garantía. Todas estas propuestas delatan que una parte de la oposición está buscando un arreglo con el gobierno. Esto debilita el boicot y una derrota de éste sería una derrota de las masas. El Encuentro termina con una presión al gobierno para “el cambio de las preguntas”.

Las organizaciones obreras deben superar esta división que parte principalmente de la pequeña burguesía, profundizando la movilización de los explotados. Para ello debe establecer un frente único por el boicot. Sólo así podrán candidatearse al poder político.

Sólo un gobierno obrero y campesino podrá dar satisfacción a las reivindicaciones de los campesinos por la tierra, la nacionalización efectiva y real del gas, el petróleo y los recursos mineros y garantizará la plena soberanía del pueblo a través de la convocatoria de una Constituyente soberana.

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