En menos de 48 hs, entre el 18 y el 19 de mayo, ocho mil personas traspasaron la frontera que separa a Marruecos de Ceuta, la ciudad bajo soberanía española ubicada en el norte de África. El episodio revela, por un lado y una vez más, la situación desesperante en la que este régimen social condena a vivir a millones que arriesgan su vida en la búsqueda de un porvenir y, por el otro, un entramado político de características reaccionarias con el que se busca abordar el “problema” de los migrantes.

Las relaciones entre Marruecos y España, en crisis

El reaccionario régimen marroquí encabezado por el rey Mohamed VI tiene en el Estado español a uno de sus aliados fundamentales desde hace décadas. España cedió en 1975 a Marruecos el control del Sahara Occidental desconociendo la autodeterminación del pueblo saharaui, cuya lucha por la independencia continúa hasta hoy. A cambio, el Estado ibérico se garantizó el acceso privilegiado a los recursos mineros y pesqueros de la región. A este acuerdo original, en los últimos años se le ha sumado una aceitada política común de “control” de las migraciones mediante la cual Marruecos debe impedir que su propia población o la proveniente de otros países africanos logre introducirse en los territorios españoles. Por este servicio, la monarquía magrebí recibe 13 mil millones de euros.

Los métodos mediante los cuales Marruecos consigue impedir la migración son los mismos con los que reprime al pueblo saharaui, es decir mediante la represión salvaje. Este acuerdo garantizaba para España una frontera “tranquila” en sus enclaves de Ceuta y Melilla, viejos resabios del colonialismo europeo cuya soberanía es reclamada, con baja intensidad, por el país magrebí.

Sin embargo, la última semana el vínculo entre ambos países entró en crisis. Es que los servicios secretos marroquíes detectaron que el dirigente del Frente Polisario (la organización político militar saharaui), Brahim Gali, fue recibido en un hospital español para ser internado por coronavirus. Marruecos busca juzgar al dirigente saharaui por acusaciones relacionadas con torturas a disidentes saharuies, pero, en general, rechazan que España haya permitido el ingreso de quien considera su enemigo. Como represalia, el gobierno de Mohamed VI alivianó los controles fronterizos en Ceuta lo que produjo el mencionado aluvión de migrantes.

La podredumbre de PSOE – Podemos

Si la utilización de las personas en una situación desesperante como munición diplomática por parte de Marruecos retrata como pocas cosas el carácter reaccionario de un régimen, la respuesta por parte del gobierno español de Pedro Sánchez no se queda atrás. En una expresión más de la orientación antiobrera de la formación política centroizquierdista que gobierna España, Sánchez ordenó el despliegue del ejército en los enclaves africanos y habilitó las llamadas devoluciones “en caliente”, es decir la detención de los migrantes en territorio español y su expulsión inmediata. Esta medida es contraria a todas las disposiciones legales sobre el tema, que indican que cada migrante debe ser considerado en forma particular, otorgándole asistencia legal y la posibilidad de que solicite derecho de asilo. Entre las 8 mil personas que traspasaron la frontera se cuentan cerca de mil niños que en estos momentos están siendo alojados en centros de confinamiento en condiciones deplorables.

La situación dio la excusa para que la derecha española y continental profundice su demagogia xenófoba, lo que incluyó un acto de Santiago Abascal, dirigente de Vox, en la propia Ceuta. La Unión Europea (UE) ensayó su “solidaridad” para con España en contra del “ataque” que estaría sufriendo. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, señaló que “las fronteras españolas son las fronteras europeas”, en una advertencia hacia Marruecos, pero también en un llamado a los gobiernos del continente para avanzar en un abordaje de conjunto de la crisis migratoria.

El conjunto del régimen político español y de los medios denunciaron lo ocurrido como una mera maniobra marroquí a rechazar y llamando a defender la soberanía española, sin tener en cuenta que, si ocurrió semejante movilización de personas es debido a la extrema destrucción de sus condiciones de vida a la que son sometidos los pueblos de África, en primer lugar, como consecuencia de la expoliación imperialista.

A este operativo se ha sumado incluso el Partido Comunista, un integrante de la coalición oficialista (forma parte de Unidas Podemos), que reivindicó la potestad del gobierno para defender la soberanía. Incluso otras agrupaciones que no son parte del gobierno, como Anticapitalistas, llamaron a que la UE haga una gestión propia de las fronteras en lugar de delegar la tarea en los gobiernos autoritarios extranjeros, en lo que constituye un embellecimiento del imperialismo “democrático” europeo. El gobierno de Sánchez ya está intentando recomponer las relaciones con Marruecos, el llamado a indagatoria a Gali por parte de la justicia española es un paso en ese sentido.

Los trabajadores deben ponerle fin a la barbarie capitalista

Esta crisis es solo la última expresión de la emigración a la que deben recurrir millones en todo el mundo como producto de las consecuencias de la explotación capitalista y de la guerra imperialista. Los partidos gobernantes en los países imperialistas ensayan una demagogia nacionalista que está al servicio de fortalecer a los estados para luego proceder a un mayor ajuste contra los propios trabajadores del país, mientras los obreros migrantes son super explotados. La clase trabajadora debe rechazar la persecución de los migrantes, defender el derecho de asilo y luchar en común en contra de los regímenes reaccionarios responsables de las condiciones de miseria imperantes.

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