En una semana, el 1° de agosto, debiera entrar en vigencia el aumento al 50% en los aranceles de importación de productos de Brasil, decretado por Donald Trump. Es sabido que el presidente yanqui utiliza la guerra comercial de los aranceles para negociar y disciplinar a sus competidores, incluidos aliados estratégicos. El aumento de aranceles fijado para Canadá es al 35%. A Japón le redujo la amenaza de un 25 al 15%, después de una negociación. Por supuesto, que en su amenaza a Rusia, para que cese con su avance militar en Ucrania y se avenga a un “acuerdo de paz”, amenazó con aplicar un arancel del 100% a aquellos países que compren petróleo ruso. La proteccionista “guerra de los aranceles” es usada como un arma no solo económica, sino política y militar.

El arancel del 50% de Brasil grava un conjunto de exportaciones agropecuarias (carne, café, azúcar, jugo de naranja, etanol) y mineras e industriales: el acero y aluminio han sido aumentados del 25% anunciado hace meses al 50% actual. Más allá de que esto significará para los consumidores yanquis un aumento en los precios del consumo (Estados Unidos, por caso, es el país que más café consume mundialmente), causará perjuicios a capitalistas brasileros y, más que nada, a trabajadores, que ya han ido siendo notificados por sus patronales, que de concretarse su aplicación, muchos serían despedidos.

Las justificaciones usadas por Trump para esta medida son que EEUU tiene un déficit permanente en su comercio con Brasil, que la República Federativa que preside Lula aplica una “práctica comercial desleal” y que no se respetan los “derechos humanos”, reclamando el cese de los juicios contra el expresidente Jair Bolsonaro y los derechistas golpistas del 2023. Por fuera de los reclamos económicos resalta la injerencia directa de Trump para salvar a Bolsonaro y sus huestes fascistoides, por encima de los Tribunales, el Parlamento y la presidencia brasileña.

Sobre el déficit comercial es directamente falsa la afirmación del presidente yanqui. Hace 16 años que se mantiene el superávit comercial favorable al imperio del norte.

Respecto a la “práctica comercial desleal” se refiere, seguramente, a la competencia del PIX, un sistema de tarjetas de crédito nacional, que entró en vigencia en el 2020 y compite con los grandes bancos extranjeros que trabajan con Visa y Mastercard. El PIX no cobra intereses a los consumidores individuales y a las Pymes, entre otra serie de ventajas. Esto ha significado un retroceso relativo del negocio de estas tarjetas bancarias, con la pérdida de unos miles de millones.

Pero lo que aparece como una injerencia directa es la defensa de Bolsonaro, reclamando el cese de los juicios -que debieran culminar en octubre- contra todos los golpistas de ultraderecha que lanzaron el putsch del 2023 tomando la Casa de Gobierno y los Ministerios instando a las Fuerzas Armadas a destituir al gobierno de Lula que acababa de asumir (imitando la toma del Capitolio norteamericano cuando Trump perdió las elecciones, en enero 2021).

Los choques con los Brics

También ha sido una “advertencia” a Lula y a los países integrantes del Brics que se reunieron en Río de Janeiro el 6 y 7 de julio. Esa cumbre fue relativamente intrascendente en materia de resoluciones (se pide por la paz en Medio Oriente y el retiro de las tropas israelíes, pero Brasil sigue enviando pertrechos –petróleo, etc.- al ejército sionista agresor). Se cuestiona al dólar como reserva internacional, promoviendo el uso de monedas nacionales en el “comercio transfronterizo” y se encara el estudio de una moneda internacional que compita con el dólar como moneda dominante. Trump inmediatamente cuestionó esto señalando que la pérdida del estatus del dólar como moneda de reserva mundial sería equivalente a que Estados Unidos “perdiera una guerra” sin disparar una sola bala. Pero ya Dilma Rousseff, la expresidenta lulista de Brasil volteada por un golpe, y actual presidenta del Banco de Fomento de los Brics, había afirmado que no promueve "ninguna señal de desdolarización" en el mundo. La cuestión es que la resolución de Trump aumentando el arancel a las importaciones de Brasil al 50%, se anunció el 9 de julio, es decir, 48 horas después de finalizada la cumbre de los Brics.

Crisis política en Brasil

En el trasfondo político nacional actual en Brasil está el reciente rechazo del Congreso Nacional a una propuesta de Lula de una tímida reforma impositiva que eleva impuestos a transacciones financieras. Lula y su ministro de Economía, Fernando Haddad, elevaron al parlamento un proyecto de incremento del IFO (impuesto a las Operaciones Financieras) que eleva las tasas a algunas transacciones: compras de divisas, remesas al exterior, etc. El objetivo es aumentar la recaudación fiscal en 21 mil millones de reales este año, y 40 mil millones el año que viene, para controlar el aumento del déficit fiscal y no verse obligado a nuevos recortes. Las comisiones del parlamento lo objetaron y se desarrolló una quincena de negociaciones donde se eliminaron o redujeron algunos ítems que fueron reemplazados por otros (incremento de impuestos a los juegos de apuestas deportivas, etc.). Pero cuando se pensó que el acuerdo estaba cerrado y se puso a votación en el Congreso, recibió un rotundo rechazo (383 a 98 votos) por una alianza del llamado Centrao (centroderecha) y la bancada bolsonarista. El diario “La Nación” de Argentina (26/6) tituló: “Inesperado revés para Lula: por primera vez en 30 años el Congreso de Brasil rechazó un decreto presidencial”. Golpeado políticamente, Lula elevó el problema al TSF (Tribunal Federal Superior) para que arbitre entre el decreto presidencial y el rechazo legislativo. Lo evidente es que el Ejecutivo dirigido por Lula ha perdido poder frente al Legislativo (el Centrao) y el poder judicial. Lula se había jactado de su “muñeca” para acordar con el Centrao.

Anteriormente, en enero de este año, declaró -cuando presentó un capitulo previo de la “reforma tributaria”- que al asumir su mandato le habían advertido “que iba a ser imposible gobernar porque la derecha había elegido muchos diputados en el parlamento”, pero que la aprobación de “la reforma tributaria ha sido una proeza de la democracia y la capacidad de diálogo”. Claro que la “reforma” que presentó no cuestionaba intereses de la burguesía y que luego de algunos maquillajes, presentaba la aplicación de un SUPER IVA (impuesto al consumo), elevando el mismo al 28% y transformándose en el IVA “mais alto do mundo” (con excepción de algunos rubros). El diario “El País” de España caracteriza que Brasil tiene “un sistema tributario profundamente injusto”: los pobres aportan mucho más que los ricos.

La crisis política del gobierno Lula con el Congreso confluye con la amenaza de Trump de los aranceles al 50% si no se pone fin a la persecución penal contra Bolsonaro. Esto cuando en el Congreso hay propuestas de dictar una Ley de Amnistía que termine con los juicios a la derecha fascistoide. Es, evidentemente, una presión imperialista/fascista directa, que roza la promoción golpista.

La reacción de Lula y la burguesía brasileña

Prácticamente todo el arco político (menos el bolsonarismo) y empresario sacó declaraciones de repudio a la amenaza arancelaria trumpiana. Eduardo, hijo de Bolsonaro, electo diputado, autoexiliado en EEUU y lobista directo de la derecha fascistoide brasileña, fue un promotor de los anuncios contra la economía de Brasil. Lula fue el primero que salió en punta a “polarizar” contra Trump, amenazando con tomar represalias recíprocas de aumento de aranceles. Pero rápidamente cambió de actitud y declaró que llevaría el problema a la OMC (Organización Mundial de Comercio) y otros institutos internacionales impotentes para enfrentar la ofensiva trumpista. Las cámaras empresarias presionan para que se “negocie”. Algunos diarios ya critican medidas “exageradas” del Tribunal contra Bolsonaro. La orientación del gobierno es buscar hacer lobby con las empresas yanquis instaladas en Brasil que podrían verse perjudicadas con el aumento de los aranceles, para que presionen a Trump por una reversión, aunque sea parcial. Según Infobae, “el Gobierno de Lula y distintos gobernadores, están evaluando medidas de emergencia, como la introducción de una línea de crédito para apoyar a las empresas brasileñas penalizadas por la caída de las exportaciones hacia Estados Unidos”. El vicepresidente, el liberal Geraldo Alckmin, tuvo una “conversación productiva” con el secretario de Comercio norteamericano, Howard Lutnick que tiene carácter “reservado”: no se han dado a conocer todavía los términos de la posible negociación encarada.

La clase obrera y la izquierda

El partido del presidente Lula, el Partido de los Trabajadores (PT), ha tomado la agresión de Trump como eje de una campaña política nacionalista y de apoyo al gobierno de Lula. Este venía descendiendo en las encuestas de apoyo de la opinión pública a su gestión. El desaliento obrero y popular se debe a que Lula ha defraudado las ilusiones que tenían de que iba a revertir la situación de achicamiento de las masas. Las reformas laboral y previsional siguen en pie y se extiende la jornada de trabajo, la precarización y superexplotación.

La central obrera (CUT, Central Unica de Trabajadores) se dedica a “versear”. Hoy haría una “audiencia pública” en una facultad para dar a conocer una Carta en Defensa de la Democracia. Pero no ha sido capaz de organizar la lucha nacional por las reivindicaciones pendientes de las masas. En los próximos días lanzará un plebiscito, on line, para que se diga si se está de acuerdo o no, con derogar el régimen laboral del 6 x 1 (6 días de trabajo por uno de descanso) que anula feriados dominicales y sabatinos y agota a los trabajadores en aras de la productividad laboral que engorda los beneficios capitalistas. Mantendrá entretenida la burocracia por unos meses, para llevar después el problema a que se vote “bien”: por Lula en las elecciones de octubre 2026.

En la izquierda hay sectores que adoptan también una actitud “nacional” (y hasta se entusiasman con que habría sectores patronales bolsonaristas que se verían perjudicados con los aranceles de Trump y podrían sumarse a una resistencia nacional). El PSOL en primer lugar, partido de centroizquierda que integra el Frente Popular oficialista en el gobierno. Valery Arcady, dirigente de Resistencia, ha planteado que hay que movilizar a las masas, pero que esto no prosperará si el gobierno de Lula no gira a la izquierda. Se subordina a Lula y su declarado gobierno de conciliación de clases (es decir de abandono de los reclamos populares para conciliar con el interés de los capitalistas patrones). Para él, “el quid de la cuestión” es “la lucha contra el Congreso Nacional en defensa del mandato de Lula”. Cuando la línea de Lula es la de converger con el Centrao.

El MES, otra corriente que se reclamaba trotskista y participa en las reuniones del Secretariado Unificado oportunista (autoproclamado IV Internacional), llama a cerrar filas con el gobierno e ir “a la calle para gravar a los ricos, contra Trump, Bolsonaro y todos los golpistas”. Apoya a Lula contra los “ultraricos”, saludando en la reforma tributaria rechazada por el Congreso "una postura de clase”. “En este contexto –dice un comunicado de la dirección del MES- sabemos quiénes son los verdaderos enemigos del pueblo: la misma extrema derecha brasileña que se opone a gravar a los ricos y ahora apoya abiertamente las acciones de Trump contra Brasil”. Guilherme Boulos, otro dirigente del PSOL (segundo en la importante elección para gobernador de San Pablo, apoyado por el Frente con el PT de Lula), convocó en un mitin reciente a ayudar al gobierno de Lula a gobernar con el Centrao. La LIS (Liga Internacional Socialista en la que actúa el MST argentino) acaba de realizar el primer congreso de su organización brasilera, Revolución Socialista, reafirmando su permanencia dentro de este oportunista PSOL integrante del Frente Amplio Popular con el gobierno de Lula.

Movilizar a las masas contra la derecha consiste, en PRIMER LUGAR, en levantar y organizar la lucha por sus reivindicaciones más perentorias: eliminar las reformas laborales y previsionales reaccionarias y antiobreras, la jornada laboral del 6 x 1 y todos los reclamos pendientes de los explotados. El Movimiento Sin Tierra (MST) ha reconocido que el gobierno de Lula no avanzó en nada en resolver el problema de la tierra para los campesinos, pero… sigue confiando en él. Solo las masas en marcha podrán enfrentar a la derecha bolsonarista y al imperialismo agresor. Para ponerse en marcha deben romper políticamente con toda subordinación de sus organizaciones de masas (CUT, MST, etc.) con el gobierno de Lula y enfrentarlo con la acción directa. Una parte considerable de la izquierda oportunista es contraria a esto porque -argumenta- debilitaría al gobierno y permitiría el avance derechista.

Por supuesto que hay que levantar una plataforma contra la amnistía a Bolsonaro y por cárcel efectiva a todos los golpistas. Eso no saldrá “presionando” al Tribunal Superior o al Congreso del Centrao, ni tampoco de la consecuencia del gobierno Lula, que cuenta en su gabinete de ministros varios recolectados en la centroderecha y el bolsonarismo.

A las amenazas de Trump, responderle con una agitación por la nacionalización del sistema financiero y la prohibición de enviar dividendos a la metrópoli imperialista (y no pagar la deuda externa usuraria, etc.). Un programa obrero contra el imperialismo y el gran capital. La lucha por las reivindicaciones de las masas no es “economicismo”, sino que golpea el régimen de superexplotación desarrollado a fondo desde el golpe contra Rousseff por los gobiernos de Temer y Bolsonaro y continuado en su aplicación por Lula en el poder.

La crisis en Brasil se irá profundizando rápidamente. Es necesario que la vanguardia obrera y de la izquierda se organice en forma independiente para poder incidir en ella con posiciones antiimperialistas, socialistas, revolucionarias.