Alvaro Uribe empezó su mandato "jugando fuerte". En las primeras 72 horas, estableció por decreto el "estado de conmoción interna" (estado de sitio) que le otorga superpoderes represivos y legislativos por un plazo de 9 meses; anunció la incorporación de 10.000 efectivos a la policía y la creación de dos brigadas militares de 3.000 soldados; puso en marcha un programa para organizar un ejército de un millón de informantes "antiguerrilla" en las zonas rurales, y envió al Congreso un proyecto de ley para plebiscitar la reducción del nœmero de parlamentarios.

Del lado de las Farc, están fuertemente armadas, cuentan con decenas de miles de hombres y una implantación muy fuerte en las zonas rurales; su más reciente desarrollo ha sido la aparición de las milicias urbanas (que encuadrarían hasta 5.000 efectivos), las que "celebraron" la asunción de Uribe bombardeando el palacio presidencial. Una operación de esta envergadura, realizada en una ciudad militarizada y con miles de efectivos, deja en claro el progreso de las Farc en el terreno urbano.

Las limitaciones de Uribe

Uribe, un poderoso hacendado y connotado miembro del "establishment" político colombiano, hizo su carrera como gobernador del Estado de Antioquía (Medellín), donde su creación más famosa fue una guardia de vigilantes, llamadas "Convivir", que "lindaban con los escuadrones de la muerte" (El País, 7/8).

Con estos "antecedentes", llegó al gobierno luego del fracaso de las "negociaciones" del ex presidente Pastrana con la guerrilla.

El Estado colombiano no domina la totalidad de su territorio; por lo tanto no recauda impuestos ni brinda servicios educativos o sanitarios. Su ejército, pese a ser el que, después de Israel y Egipto, recibe más ayuda militar de los Estados Unidos, es "reducido", débil, "manifiestamente inepto" en el combate y en el espionaje (La Nación, 9/8). Ha sufrido humillantes derrotas a manos de los guerrilleros y no ejerce el monopolio de la represión estatal. El aparato del Estado –su administración pœblica, la Justicia, la policía, el ejército y los partidos patronales– están penetrados hasta los tuétanos por el narcotráfico, que también financia, junto con los ganaderos, a los paramilitares.

Contra estas mismas limitaciones deberá chocar también Uribe.

La oficialidad del ejército se opone a aumentar el nœmero de soldados, porque "podría llegar a serle incontrolable" (ídem). Segœn la ley colombiana, los bachilleres (educación secundaria) están exceptuados del servicio militar; Colombia tiene un ejército de campesinos pobres a los que se envía a combatir a una guerrilla campesina en defensa del régimen político de los terratenientes. En Colombia, 2.300 hacendados (uno de ellos Uribe) poseen 40 millones de hectáreas; 2,5 millones de campesinos pobres apenas poseen 4,5 millones de hectáreas. Los terratenientes y la burguesía no quieren enviar a sus hijos a la guerra ni redistribuir las tierras; sin una cosa ni la otra, el Estado colombiano no podrá tener un "ejército fuerte".

Por la misma razón, el millón de "informantes" rurales sólo puede ser reclutado mediante la coerción estatal... que no llega a todo el territorio. Los intendentes y jefes políticos oficiales de las zonas rurales anticipan que no se podrá reunir esa cifra (El País, 9/8).

¡Cómo financiará Uribe la ampliación del nœmero de soldados, su equipamiento y a su ejército de informantes? "Colombia necesita un crecimiento anual del 4% en su maltrecha economía, al menos hasta 2010, para situarse en un nivel aœn inferior al de 1995" (El País, 2/6). Con una deuda externa del 50% de su PBI y una recaudación fiscal en baja, el FMI le exige a Uribe el despido de miles de empleados pœblicos y una "reforma previsional", altamente impopulares. Es decir que Uribe se plantea "la cuadratura del círculo" (ídem): librar una guerra y aumentar el gasto militar, al mismo tiempo que se paga la deuda externa y se pega un "ajustazo" contra el pueblo. Si cree que los yanquis lo financiarán indefinidamente, Uribe se equivoca amarg amente.

Los paramilitares se han fracturado. Su propio jefe, Carlos Castaño, denunció que las "autodefensas unidas" se han convertido en bandas descontroladas que actœan al servicio del narcotráfico. El segundo de Casta–o, Hernán Giraldo, es se–alado como el nuevo capo de la droga en el Caribe colombiano. La descomposición de los paramilitares aleja todavía más las posibilidades de que el Estado monopolice la represión. "Se generará más violencia descontrolada; los paramilitares actuarán como grupos locales sin dios ni ley" (El País, 20/7).

Otra contradicción mayœscula: Uribe continœa el "Plan Colombia" para "combatir al narcotráfico". Pero la economía colombiana gira en torno a los ingresos provenientes del narcotráfico; cualquier intento de desarticularlo provocaría un descalabro económico mayœsculo que "desfinanciaría" la guerra contra las Farc. ¡Pero cómo podría Uribe "combatir a los narcos" y al mismo tiempo "fortalecer" a la policía, al ejército y a la Justicia, infiltrados por los narcos?

La política que propone Uribe plantea contradicciones explosivas. La Nación (9/8), en una nota editorial, advierte que "si no puede fortalecer sustancialmente la capacidad castrense, será indefectible que apele al recurso de los paramilitares (...). Las conexiones de esa contraguerrilla (con los terratenientes y el narcotráfico) son una trampa para Colombia".

Si Uribe resulta incapaz de contener las contradicciones que está desatando, la "cuestión colombiana" sobrepasará sus fronteras y se convertirá en una cuestión continental, con una intervención todavía más directa del imperialismo norteamericano.

Para los trabajadores y la juventud argentina, es decisivo defender a los explotados colombianos de la guerra que les ha declarado Uribe. No se trata, sólo, de una obligación de solidaridad de clase. Una victoria de la contrarrevolución en Colombia será un punto de apoyo para la imposición de una salida de fuerza contra los trabajadores en Argentina y en todo el continente.