Toda la cuenca minera de Asturias y León, en el norte de España, se encuentra conmovida por la gigantesca huelga general indefinida que llevan adelante los trabajadores del carbón, la espina dorsal de la economía de la región. La producción, que depende de los subsidios del Estado, enfrenta una situación dramática luego de la decisión del gobierno de Rajoy de reducir las ayudas de 300 a 111 millones de euros anuales, en el marco del plan de ajuste reclamado por la Unión Europea. El cierre de las minas supondría la pérdida de 8 mil empleos directos, hasta 30 mil si se suman los indirectos o vinculados con ella.

La huelga, convocada inicialmente por cuatro días, se convirtió en indefinida a comienzos de este mes, luego del fracaso del diálogo con el gobierno. El acatamiento es del cien por ciento, tanto en la empresa pública (Hunosa) como en las tres empresas privadas de la región: en distintos pozos mineros de la cuenca los trabajadores realizan "encierros", acompañados masivamente por la población local, y se mantiene un acampe frente a la delegación del gobierno. El 31 de mayo, más de tres mil mineros viajaron a Madrid para manifestarse en el Paseo de la Castellana.

La huelga indefinida, con ocupación y permanencia en algunos pozos, se vio acompañada de múltiples cortes de calles, rutas y autopistas, con fuertes enfrentamientos con la policía y la Guardia Civil. Para evitar la represión los mineros realizaron cortes "relámpago" en diversos puntos de la región: la policía admitió que eran incapaces de controlar cortes nuevos que surgen "cada cinco minutos". El saldo de la semana de protesta, según un periódico regional, fue de "142 cortes de carreteras y autovías, diez interrupciones en las vías del ferrocarril, 394 vehículos protegidos por fuerzas policiales, 150 autocares dañados por ataques de piquetes".

Los mineros asturianos, corazón histórico del proletariado de la península ibérica, han vuelto a ser protagonistas, casi ochenta años después de la insurrección de 1934.