La cuestión migratoria volvió a encender el debate político en el Estado Español, con cruces retóricos y políticos entre el gobierno de Pedro Sánchez y la derecha, por un lado, y dentro de la propia derecha (Partido Popular y Vox), por otro.

La reciente gira de Sánchez por Africa, en la que el mandatario suscribió convenios de “migración circular” con Mauritania y Gambia que incentivan la llegada de mano de obra al Estado Español, fue respondida con críticas por parte de dirigentes del PP, que alegaron que esos acuerdos podrían generar un “efecto cascada”. Casi en simultáneo, el dirigente de Vox, Santiago Abascal, acusó a Sánchez de promover una “invasión” migratoria y dijo que “los españoles van a tener que empezar a defenderse por ellos mismos” de los migrantes, un planteo fascista que está en la misma línea de las manifestaciones reaccionarias que estallaron recientemente en el Reino Unido.

Abascal fue aún más lejos en su diatriba xenófoba, acusando al PP de ser cómplice de Sánchez y rompiendo los acuerdos regionales de gobierno que compartía con aquella formación política, a raíz de un pacto de reparto de unas centenas de menores migrantes no acompañados entre Madrid y las comunidades autonómicas.

Dos planteos burgueses frente a la migración

Frente a los discursos de la derecha, Sánchez y el PSOE contraatacaron, reprochando a la oposición su “falta de humanidad”. En esto no les falta la razón. Pero, ¿qué clase de “humanidad” es la que promueve el gobierno?

Por empezar, Sánchez, a la par que impulsa los acuerdos de “migración circular”, endureció su discurso contra la migración irregular. Durante la gira africana, dijo que era “imprescindible” que esta volviera a sus países de origen. La centroizquierda no se priva de las deportaciones, los acuerdos con otros Estados, para que actúen como tapones de las oleadas de refugiados y formar a su personal de seguridad (como en los casos de Marruecos y Mauritania), y tampoco renuncia a los vallados y la represión más despiadada en sus fronteras, como se ha visto tantas veces en Ceuta y Melilla.

Pero además, los acuerdos de “migración circular” no son un ejemplo de “humanidad” sino un mecanismo provechoso de explotación de mano de obra extranjera en las tareas más penosas, como la agricultura y la construcción. En esta clase de acuerdos, que existen desde 2000, el Estado Español informa a los Estados con los que tiene convenios, a través de sus embajadas, aquellas actividades económicas en que hay mayores vacantes, y los Estados en cuestión procuran encontrar los trabajadores.

El contrato consiste en hasta nueve meses de labor, tras los cuales el migrante debe volver a su país de origen. Recién al cabo de cuatro años de relación puede obtener una residencia temporal y de trabajo en el Estado Español por apenas dos años. El modelo de esta clase de migración es el de las trabajadoras marroquíes que llegan cada año para la recolección de la fresa en Huelva. Pero los convenios se han ido extendiendo y en 2023 ya los había con Senegal (otro de los países que visitó Sánchez el mes pasado), Colombia, Ecuador, Uruguay y la Argentina (El Diario, 28/8).

Evidentemente, los trabajadores bajo esta modalidad de contratación se encuentran sometidos a una enorme vulnerabilidad y regimentación que conspira contra sus derechos y sus salarios. Y no faltan las denuncias por maltrato, e incluso abuso sexual (ídem).

Frente al enfoque netamente expulsivo de Vox, el planteo de Sánchez se hace eco de otra fracción de la burguesía española que ve en la migración no solo una fuente de mano de obra barata, sino una fuente vital para la economía española. En esta línea se ubica, por ejemplo, el diario madrileño El País, que en un editorial señaló que “España ya es a todos los efectos un país de inmigrantes: 8,7 millones de ciudadanos (un 17,8% de la población) han nacido en otro país. La llegada regular de extranjeros ha sido imprescindible para llegar a este nivel de prosperidad y lo seguirá siendo para mantenerlo. Por ejemplo, para garantizar en 2053 la actual relación entre trabajadores y pensionistas harán falta 24 millones de inmigrantes, según el Banco de España. Dar la espalda a esa realidad es absurdo” (El País, 29/8).

De momento, los acuerdos de “migración circular” pueden ser importantes en algunos sectores productivos, pero todavía son poco representativos tomada la economía de conjunto. En 2023, fueron poco más de 17 mil personas las que ingresaron al Estado Español por estos convenios.

Mitos y verdades sobre la migración

Si bien es cierto que, al calor de las guerras promovidas por el imperialismo en Africa y Asia, y de la agudización de la crisis capitalista mundial, los flujos migratorios hacia Europa se han disparado, y que en la actualidad la ruta atlántica (hacia el Estado Español, vía las Canarias) se volvió más numerosa debido a que el gobierno italiano cerró un acuerdo con Túnez para taponar la llegada de refugiados africanos a la península itálica, los números están muy lejos de la “invasión” desenfrenada de la que habla Abascal. En lo que va de 2024, los arribos irregulares fueron 31 mil. En todo 2023 fueron 57 mil (casi todos por Canarias), doblando los números del año previo, pero por debajo del pico de 64 mil de 2018 (datos de El Diario, 6/2). Se estima que en el Estado Español hay medio millón de migrantes irregulares (France 24, 26/4), mientras que la población total llega casi a los 48 millones de habitantes. Equivale más o menos al 1% de la población total.

Con la histeria anti-migratoria y las fake news que asocian a los refugiados con el crimen, Abascal y compañía buscan un eje de campaña política y electoral y un chivo expiatorio frente a la crisis del capitalismo español. Pero la centroizquierda no se priva tampoco de reclamar mayor represión. Y, dentro de la propia “izquierda” europea han surgido planteos hostiles a las migraciones, como es el caso de la alianza Sara Wagenknecht (BSW) de Alemania, de buen debut electoral en Turingia y Sajonia. El argumento, en este caso, es que la migración sería un ariete para rebajar el salario de la población nativa. Pero lo que pueda tener de cierto este diagnóstico queda anulado por lo absurdo de la conclusión, que es el planteo de control y expulsión de los migrantes. Por caso, la población desocupada es, como enseñaron Marx y Engels, un “ejército de reserva” que presiona a la baja el salario de los ocupados, y no por eso habría que promover la deportación de los desempleados. Una corriente socialista tiene que bregar por la unidad de la clase, nativa y extranjera, en una lucha común contra el capital, tanto reivindicativa como política.

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