Internacionales
2/10/2025
La evolución del paro nacional en Ecuador y sus perspectivas
Una gran lucha contra el gobierno de Noboa.
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El paro fue desatado por la supresión del subsidio al diesel.
El paro nacional convocado por la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) contra la supresión del subsidio al diesel estuvo trágicamente marcado este domingo 28 por la ejecución extrajudicial de Efraín Fuérez, un campesino e indígena de la ciudad de Otavalo, por parte de las Fuerzas Armadas. Este hecho quedó grabado en video, lo que causó gran indignación en las redes y medios de comunicación. Pese a la evidencia, el gobierno de Daniel Noboa se deslindó del hecho y culpó a las dirigencias del movimiento indígena. Es importante explicar, a partir de este suceso, lo que ha sido esta semana de intensa organización de la lucha y resistencia en los territorios protagonizada por el movimiento indígena campesino, las distintas gremiales y agrupaciones estudiantiles.
Unidad en todas las luchas: ¡No son terroristas, son campesinos!
El pasado 18 de septiembre, la Conaie, tras una asamblea extraordinaria con todas sus estructuras organizativas, resolvió un paro nacional indefinido en todo el país. Esta decisión se tomó en rechazo a las medidas económicas de Noboa, principalmente en rechazo al decreto N° 126 que eliminó el subsidio a los combustibles. Dicha eliminación golpea gravemente las economías familiares. La protesta se debe, además, a la crisis de educación y salud y el impulso de la megaminería contaminante que amenaza el agua, la vida y los territorios. Este llamado de la Conaie vino a consolidar las acciones iniciadas el 15 de septiembre por los gremios del transporte, y los sectores estudiantiles y sindicales que ya se habían movilizado.
El paro nacional comenzó oficialmente este lunes 22 marcado por cortes de ruta a lo largo de toda la Panamericana y vigilias permanentes en distintas comunidades campesinas. Ante esto el gobierno de Noboa respondió con una brutal represión en las comunidades de las provincias de Imbabura, Pichincha, Bolívar, Chimborazo y Cotopaxi. Durante los enfrentamientos, se reportaron varios heridos y la detención arbitraria de 12 campesinos de la ciudad de Otavalo. Días después, fueron trasladados a cárceles de alto riesgo en la provincia de Esmeraldas donde se había producido un motín con 17 muertos.
El narcogobierno de Noboa se pronunció con un discurso marcadamente racista y clasista, utilizando una táctica histórica de los gobiernos conservadores para deslegitimar la organización y el plan de lucha. Ese mismo día, el gobierno tildó de “terroristas” y miembros del “crimen organizado” a los manifestantes vinculando de manera vil las protestas con redes de delincuencia organizada. También amenazó con mandar presos por más de 30 años a quienes interfieran con su gestión, asegurando que no retrocederá en sus políticas de ajuste. Esto se suma a una gran campaña mediática que busca invisibilizar las jornadas en las calles y tergiversar la realidad del país en favor del gobierno. A pesar de esto, en los grupos de mensaje y radios comunitarias circula un mensaje distinto: “no nos van a comprar, no nos van a callar”.
Represión, violencia, detenciones y censura
El martes 23 de septiembre distintas organizaciones gremiales como el FUT (Frente Unitario de los Trabajadores), agrupaciones de estudiantes universitarios y secundarios, y organizaciones sociales se dieron cita en calles y plazas de Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades para expresar su rechazo al gobierno de Noboa. Durante estas movilizaciones la Policía Nacional reprimió y detuvo a más de 50 personas. La imagen de la jornada fue la de un estudiante universitario rociado con gas pimienta en la boca mientras decía su nombre y número de documento a los grupos de DDHH.
A esta represión se sumó la persecución y criminalización a distintos líderes gremiales, estudiantiles y campesinos. La fiscalía General del Estado, entidad servil al gobierno, abrió supuestas causas por instigación, incendio y terrorismo. Adicionalmente, el gobierno y la Superintendencia de bancos ordenaron el bloqueo injustificado de las cuentas bancarias de las organizaciones gremiales y campesinas. El hostigamiento se completó con la suspensión de la señal del canal de radio y televisión 47 del MICC (Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi), que cubre en territorio para distintas comunidades en castellano y kichwa, dejando incomunicadas a muchas comunidades y trabajadores sobre los sucesos del paro nacional.
El miércoles 24 de septiembre, la Conaie denunció en Saquisilí (Cotopaxi) que policías y militares irrumpieron en casas y comunidades, rompieron vidrios e intimidaron a familias enteras, sin respetar la presencia de mujeres, niños y ancianos. En los días siguientes, la violencia se replicó en Huaycopungo (Otavalo) y en la parroquia La Esperanza (Imbabura), donde la fuerza pública lanzó gases lacrimógenos y granadas, dejando heridos en territorios del Pueblo Karanki. Además de la violencia directa, los dejaron sin energía eléctrica ni señal, expuestos al peligro de una emboscada y “cacería” de todo aquel que se oponga. A estos ataques se sumó la agresión que sufrieron los estudiantes de Cuenca frente a la gobernación de la ciudad. Ellos se encuentran en defensa permanente del páramo de Quimsacocha y rechazan enérgicamente el proyecto megaminero en el que el grupo empresarial de la familia Noboa posee acciones.
Pujas de poder
El 28 de septiembre, la Alianza de Organizaciones por los derechos humanos del Ecuador documentó 109 reportes de vulneraciones de derechos humanos, 48 personas heridas, 63 detenidos, 6 desaparecidos y una ejecución extrajudicial (Efraín Fuérez). A esto se le suma la imagen de un gobierno debilitado por la renuncia del alto mando militar, Iván Vásconez quien argumentó que las fuerzas del orden “no se hicieron para mancharse de la sangre del pueblo”. Todo esto es un síntoma de crisis del régimen de Noboa.
En el plano institucional, el gobierno ha aprobado varios proyectos de ley que permiten la exoneración de impuestos a grandes empresas. Un caso notorio es el de su familia, cuya deuda tributaria se redujo de 95 millones de USD a 6 millones de USD en poco menos de 2 años. Proyectos de ley como la privatización del IESS (Instituto de seguridad social ecuatoriano) y el banco de la misma entidad, entre otros, ya han sido impugnados por la Corte Constitucional, con la que el mandatario sostiene una pulseada de poder. El objetivo final del régimen es consagrar una nueva Constituyente que lo afiance en el poder y elimine cualquier obstáculo para sus planes económicos.
2019, 2022, 2025...
Los levantamientos de 2019 y 2022 lograron frenar la eliminación del subsidio a los combustibles por parte de los gobiernos de Guillermo Lasso y Lenin Moreno, pero sus gobiernos, que lanzaron represiones brutales que dejaron decenas de muertos, quedaron en pie. El actual paro nacional puede avanzar hacia una consigna que ya se ha popularizado entre muchos manifestantes: ¡Fuera Noboa, Fuera! La vida es incompatible e inhumana con este gobierno. Por ello, este paro puede profundizar una lucha que avance más allá de los reclamos legítimos ya planteados, y conduzca a una salida del gobierno.
