Se ha declarado una tregua en la lucha de los recolectores de basura contra los planes flexibilizadores de la Intendencia frenteamplista de Montevideo. Después de 9 días de huelga y de ocupación de la Usina 5 (donde se depositan los residuos recoletados), la asamblea de los recolectores resolvió suspender las medidas por 30 días e iniciar una negociación con el gobierno. Durante este lapso, las dotaciones de los camiones recolectores de residuos continuarán siendo de tres compañeros. El intento del gobierno ‘izquierdista’ de reducir esas dotaciones a dos trabajadores fue el detonante de la huelga. En la asamblea que aceptó suspender la huelga, una parte pequeña pero muy significativa (por su representatividad y combatividad) votó por seguir la lucha.

“Adeom (el sindicato municipal) no obtuvo ningún logro” se ufanaron los representantes del gobierno de la ‘izquierda que se une’ (La República, 10/6). Pero el gobierno tampoco pudo imponer el decretazo flexibilizador, que incluía, además de la reducción de las dotaciones, la eliminación de las horas extras mediante el cómputo semanal de la jornada laboral. Además de la promesa de negociar las dotaciones, el gobierno frenteamplista tuvo que aceptar el mantenimiento del régimen de horas extras para que se suspendiera el paro.

Durante los nueve días que duró esta primera etapa de la lucha, el Frente Amplio-Encuentro Progresista se jugó a muerte por quebrar la huelga con los métodos propios de las patronales más represivas. No se privó ni de utilizar rompehuelgas ni de reclamar el desalojo de la Usina 5 mediante la policía.

Pero no se trata sólo de las medidas que tomó el gobierno frenteamplista. Todo el FA-EP militó por quebrar la huelga. En La República (ídem) se publican una serie de instructivos reportajes a miembros frenteamplistas de los Consejos Vecinales que muestran el carácter orgánicamente antiobrero de la coalición ‘izquierdista’. “Yo no sé si se necesitan dos o tres personas por camión; lo que sí sé es que están muy bien pagos; tengo entendido que los municipales faltan mucho al trabajo” (Alejandro Añón, del Consejo Vecinal de Colón). “Hay lugares donde no amerita que salgan tres por camión; hay que reconocer que hay muchos abusos, pero llegó el momento de poner un límite” (Jorge Milano, del Consejo Vecinal de Goes y Aguada). “La sensación que tenemos es que buscan zafarse cuanto antes del laburo” (Consejo Vecinal de Cruz de Carrasco). Sí compañero, estas parrafadas antiobreras no las dice un derechista; las largan los representantes del FA-EP, que quién sabe por qué razones es calificado como “la izquierda más a la izquierda de la región” (Página 12, 9/6).

También la burocracia sindical frenteamplista militó activamente contra la huelga. No sólo la dejó aislada (lo cual no sería una novedad, porque es la política que ha adoptado esta burocracia frente a cada uno de los conflictos que se han desarrollado en los últimos diez años) sino que, además, se negó a incluirla entre las reivindicaciones de la huelga general del pasado 8 de junio. La burocracia ‘protesta’ contra los despidos del gobierno nacional pero se calla la boca, y hasta apoya por abajo, los despidos del gobierno ‘de la izquierda’.

La asamblea que votó suspender la huelga por 30 días ratificó la negativa a aceptar la reducción de las dotaciones y el cómputo semanal de la jornada laboral. El activismo ya está discutiendo cómo utilizar esta tregua para preparar la futura movilización.