El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSAF), que gobierna el país desde la caída de Hosni Mubarak, se vio obligado a realizar una nueva serie de concesiones tras la revitalización de las protestas en El Cairo, Suez y Alejandría durante las últimas semanas, que pusieron a los militares y al aparato represivo en el ojo de la tormenta. El CSAF determinó la jubilación forzosa de casi 700 oficiales de policía involucrados en casos de represión, mientras que anunció juicios públicos a los miembros del anterior régimen. Asimismo, las protestas forzaron a una remodelación del Ejecutivo, que ahora contará con un miembro del partido liberal Wafd, Ali el Slmi. De todas maneras, en el último tiempo se ha intensificado la represión sobre el movimiento popular, ya sea mediante la represión directa o por grupos de matones que desalojan las protestas (como sucedió con un grupo de trabajadores contratistas del Canal de Suez). Por esta razón, han regresado los acampes a la Plaza Tahir para exigir el desmantelamiento del aparato represivo.

Sin embargo, la decisión más importante de la cúpula castrense ha sido la reglamentación de la convocatoria a elecciones generales para antes de fin de año -aún sin fecha, de todas maneras. El CSAF constituyó un Comité Supremo Electoral (CSE) presidido por el jefe del Tribunal de Apelaciones de El Cairo, Abdel Moez Ahmed, que comenzará a funcionar a partir del 18 de septiembre. Uno de los generales de la Junta fue el encargado de anunciar que no podrán ingresar observadores internacionales para supervisar la elección. Por otra parte, se aplicará un complejo mecanismo para la elección legislativa que conformará la Asamblea del Pueblo (Cámara Baja) y la Shura (Cámara Alta), que combinará la utilización de listas abiertas y cerradas. La mitad de los escaños provendrá de listas cerradas de partidos, mientras que la otra mitad serán candidatos individuales en listas abiertas. Esta medida, sin duda, apunta a perjudicar a los Hermanos Musulmanes, para evitar que logren el control del Parlamento. A los 504 miembros de la Cámara baja, se les sumarán diez designados por el Presidente. Del mismo modo, la Shura tendrá 390 miembros, de los cuales 260 serán electos en los comicios, mientras que 130 serán nombrados por el Presidente. Es decir, ambas Cámaras seguirán siendo manipuladas y digitadas por el Ejecutivo de turno. Los cambios introducidos por la cúpula castrense se limitan a aspectos menores como la edad mínima para ser candidato o la participación obligatoria de una mujer en cada lista.

El objetivo

La cúpula castrense apunta a preparar las condiciones para un nuevo gobierno, en un cuadro de agudización de la crisis económica del país. La deuda externa asciende al 90% del PBI, mientras que el 70% de la población sigue ganando un salario de 40 dólares mensuales (el CSAF permitió un aumento del salario mínimo a 115 dólares mensuales, pero los sindicatos exigen que sea de 200 dólares). La desocupación se encuentra en el 11,9%, según las cifras oficiales, pero se estima que alrededor de 750 mil jóvenes se suman anualmente al mercado de trabajo.

El CSAF intentó, sin éxito, establecer un impuesto a las ganancias para aquellos que reporten ganancias por más de 1,7 millones de dólares, pero sufrió el rechazo del empresariado. Las concesiones y maniobras realizadas por la Junta Militar tienen como objetivo neutralizar la revolución en curso. Sin embargo, para garantizarse comicios en calma, los militares están obligados a inflingirle una derrota al movimiento obrero y popular que, sin duda, se ha colocado a la vanguardia de la revolución árabe. En Egipto, por tanto, se juega gran parte del destino del proceso revolucionario iniciado en el norte africano.