Internacionales

17/11/2020

La juventud peruana, en la primera línea de la lucha contra el régimen

Multipliquemos su ejemplo en toda América Latina.

Foto: Klebher Vásquez (@klebhervas)

Los sucesos que están teniendo lugar en Perú merecen la atención de la juventud de toda América Latina. En la noche del martes 10, luego de consumarse el golpe de Estado tras votar el parlamento la destitución de Martín Vizcarra, quienes primero salieron a ganar las calles han sido los estudiantes universitarios. Desde entonces, la juventud universitaria jugó un papel clave en las movilizaciones contra la avanzada golpista. Esto tiene una profunda razón de ser, y es la acérrima ligazón que mantienen los grupos capitalistas de la educación privada con el golpismo.

Crisis educativa, ‘reforma universitaria’ y lobby golpista de la educación privada

En 1996, bajo el fujimorismo, se emitió en Perú el Decreto Ley 882, que permitió la creación de instituciones privadas en el país andino. Desde entonces y al día de la fecha, las universidades privadas superan el centenar y medio. El aval al libre desarrollo de los negociados en la educación fue motivo de un claro deterioro en la calidad de la misma, lo que llevó a un creciente malestar entre el estudiantado. Pero aquí se combinan otros factores fundamentales. Desde un punto de vista demográfico, por ejemplo, la educación privada logró un enorme avance porque llegó a zonas que carecían de instituciones educativas públicas. Un fenómeno a destacar en este sentido es la aparición de las “Escuelas de Bajo Coste” (EBC). Las mismas son escuelas privadas dirigidas a familias ‘de bajos ingresos’, cuyas cuotas mensuales son significativamente baratas. La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), una evaluación que se realiza en todo Perú a fines de constatar la calidad del sistema educativo reveló, como era de esperarse, que los estudiantes de este tipo de instituciones perciben cada año peor aprendizaje y calidad educativa respecto a la educación pública.

Así fue que el gobierno de Ollanta Humala, quien asumió en 2011, prometió llevar a cabo una “revolución educativa” a fines de contrarrestar la inmensa crisis educativa de Perú. Pero esto fue, cuanto menos, una farsa.

En primer lugar, porque prácticamente responsabilizó por el deterioro educativo a la docencia. El gobierno de Humala casi que abandonó cualquier programa real de capacitación docente, pero se encargó de crear un régimen laboral único para la docencia -un ataque al convenio y a la organización sindical-, y de llevar a cabo un programa de evaluación que implicaría una marginación cada vez mayor de los maestros que peores calificaciones obtuvieran. Esto desató en su debido momento grandes luchas y huelgas docentes en Perú. A su vez, en el año 2014, se promulgó una ‘reforma universitaria’, que en los hechos no es tal. En primer lugar porque solo apunta a “regular” la educación y su calidad educativa a través de la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), iniciando un proceso de ‘licenciamiento’. Es decir, las universidades privadas deberían solicitar para seguir funcionando una evaluación estatal y obtener a cambio una licencia que las habilite. Este ha sido sí un punto de confrontación parcial con la universidad privada, más por las demoras y las trabas burocráticas que les supone que por el concepto de la ley en sí misma. Al momento se han licenciado favorablemente más de 70 universidades sobre aproximadamente 140 que lo solicitaron, siendo denegadas únicamente 10.

Sin embargo, en todo lo que ha decantado esta “reforma universitaria” fue en que las universidades no licenciadas sigan funcionando, pero con un costo de matrícula muchísimo más bajo. Lo cual ha llevado, nuevamente, a que las familias más pobres terminen escogiendo estas opciones de peor calidad educativa. La ley a su vez contempla una serie de restricciones, como por ejemplo la imposibilidad de fundar nuevas instituciones hasta que no se termine el proceso de licenciamiento de las ya vigentes. Este es un punto clave a tener en cuenta para entender el apoyo de la educación privada al golpe de Estado. Varios parlamentarios, ministros y hasta el propio Manuel Merino, quien fuera presidente hasta tener que presentar la renuncia el domingo 15, tienen intereses directos en la fundación de nuevas universidades y lazos con las empresas de la educación privada. Basta con mencionar que tras la destitución de Vizcarra, la Comisión de Educación del Congreso, presidida por Somos Perú, partido que mayoritariamente votó la destitución, dio fecha inmediatamente para tratar cinco proyectos de creación de universidades y uno que apunta a reformar la Ley Universitaria 30220, es decir, la ley de la “reforma universitaria”. En total, al momento suman entonces doce proyectos de creación de nuevas universidades a ser discutidos.

Los estudiantes, la punta de lanza

Con el inmenso interés que hay detrás del golpe en barrer la ‘reforma universitaria’ para recobrar la absoluta anarquía en el sistema educativo, el estudiantado salió rápidamente a ganar las calles y se volvió un sector elemental de la vanguardia de los explotados contra el golpe de Estado en Perú. Tal es así que las masivas movilizaciones en Lima del día sábado contaron con una nutrida participación estudiantil, tras la cual la feroz represión desatada por el gobierno de Merino se cobró la vida de dos estudiantes universitarios, Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Brian Pintado Sánchez. Tras las movilizaciones y la represión, Merino debió renunciar, pero ha sido sustituido en el cargo por otra de las figuras del repudiado Congreso, Francisco Sagasti, quien tiene un pasado como funcionario del Banco Mundial.

El movimiento estudiantil junto a los trabajadores han dejado clara una cosa: la movilización popular no se trata de un apoyo a Vizcarra, sino del rechazo al golpe de Estado y a todo el régimen político. La consigna “Ni Vizcarra ni Merino” se paseó en pancartas y banderas por las calles insurrectas.

La Federación de Estudiantes del Perú (FEP) defendió esta consigna. Es hora de que la misma llame entonces a las asambleas estudiantiles para trazar una intervención independiente y desarrollar codo a codo con los trabajadores y los campesinos un plan de lucha a fondo y la huelga general.

Por una asamblea constituyente libre, soberana y con poder, que reorganice el país sobre nuevas bases sociales. ¡Que se vayan todos, y que gobierne la clase obrera!