Recientes revelaciones so­bre el accionar de la policía de Los Angeles han provocado una conmoción política en los Estados Unidos y echa luz so­bre el carácter re-podrido de la reforma represiva de Ruckauf- De la Rúa-Rico-Alvarez. Es que se ha podido establecer que “oficiales deshonestos armaron acusaciones a por lo menos 99 personas en los últimos tres años en un vecindario, luego de ‘plantarles drogas o armas, y han llegado a deleitarse dispa­rándole a sospechosos desar­mados”. Este sería, de todos modos, un caso entre miles, pues la investigación sobre la ‘fabricación’ de sospechosos in­volucra a una lista ‘creciente’ de oficiales y recién comienza. “Creemos que, cuando el humo se disipe, pueden estar impli­cados muchos más de 99”, ha declarado la vocera del aboga­do del distrito. Si la policía fa­brica el delito, ¿qué garantía tienen los acusados por ellos, si no es el derecho a la excarcela­ción?

Un caso es el de Javier Francisco Ovands, a quien, se­gún confesó un oficial de poli­cía, “él y un compañero le dis­pararon, le plantaron un arma y luego testificaron que Ovands los había amenazado en un asalto armado”. Ovands podría haber quedado postrado en una silla de ruedas de por vida y fue sentenciado a 23 años de prisión sobre la base del testimonio falso por los policías (fue liberado una semana antes de que el escándalo irrumpiera).

El mismo testimonio permitió sa­ber de otro ca­so en el que “varios oficia­les le dispara­ron a un jo­ven de 21 años, miem­bro de una banda a quien habían estado persi­guiendo a través de un edificio de departamentos; demoraron la llegada de la ambulancia mien­tras le ‘plantaban’ un arma y armaron la escena para que el tiroteo apareciera justificado”. El hombre, Juan Saldaña, mu­rió horas más tarde. Es el caso emblemático de un procedi­miento en el que la policía jugó todos los roles para los que ha sido dotada en función de una justicia “rápida y expeditiva”: actuó con absoluta impunidad, fabricó las pruebas y los acusa­dos, mató al infeliz que cayó en su mira y entregó ‘caso cerrado’ ante el juez.

La policía de Los Angeles está facultada para interrogar a los detenidos, ser parte de la investigación y presentar la acusación respectiva. Se ha constituido como un aparato terrorista que es un Estado ‘le­gal’ dentro del propio Estado.

¿Estamos hablando de la policía de Los Angeles o de la Bonaerense de Ruckauf, Rico y la Alianza?

(Las citas son del International Herald Tribune, 14/2)