Han transcurrido dos meses desde el anuncio de la nacionalización de la banca por parte del régimen de Alan García. En este tiempo, el Parlamento se ha convertido en el escenario de una gran pugna en torno a la reglamentación del decreto de nacionalización, especialmente dentro del propio partido aprista. García acaba de caracterizar la situación peruana con tres palabras: “gobierno sobre un polvorín”.

Descalabro

Alan García decidió la nacionalización en medio de una verdadera catástrofe de la economía. Durante los últimos dos años el gobierno había logrado impulsar una limitada reactivación por medio de subsidios directos y de créditos subsidiados en beneficio del capital. De esta forma se incrementó el endeudamiento del Estado. Se triplicó el déficit fiscal y se provocó una oleada inflacionaria que arrasó con el salario, precipitando importantes quebrantos en las regiones agrícolas.

La burguesía peruana lucró con las subvenciones, pero no invirtió nada de ese lucro en ampliar la capacidad productiva. Al contrario, continuó fugando capitales al exterior a través de los bancos, lo cual se vio facilitado por la enorme masa de dólares que vuelcan los narcotraficantes. El propio gobierno contribuyó a esta crisis financiera pues, al margen de sus proclamas, llegó a destinar el 50% del valor de las exportaciones al pago de los intereses de la deuda externa, es decir todo lo que el país podía transferir a los acreedores en las condiciones concretas del Perú.

Limitaciones

Las nacionalizaciones han sido presentadas como un medio de frenar la fuga de capitales y reestablecer cierto control sobre la economía. Pero la medida ha sido concebida con tantas limitaciones que resulta ineficaz incluso para alcanzar esos objetivos restringidos. Los bancos extranjeros e importantes grupos de bancos regionales están excluidos de la nacionalización ¡como si no fueran un canal de fuga de capitales y monopolizadores del crédito! En definitiva, la nacionalización se circunscribe básicamente a dos poderosos grupos financieros (grupo Romero y Banco Weisse).

Ninguno de estos dos pulpos será sin embargo expropiado. Ambos percibirán una indemnización que el gobierno calcula en 120 millones de dólares, pero que los especialistas suponen que no bajará de los 1.000 millones (Ámbito Financiero, 7-8). El precio exacto está sujeto a negociación; Alan García se ha limitado a pedir al Parlamento que establezca que la indemnización sea reinvertida en el país. A partir de aquí, la nacionalización puede llegar a convertirse en un gran negocio para los “afectados”. Conviene recordar que el “grupo Romero” se forjó con la indemnización en bonos que recibió del Estado por las expropiaciones de la reforma agraria de Velazco Alvarado (1968-74), los cuales podían ser invertidos en la industria.

La derecha se lanzó inmediatamente a la calle y movió todos sus tentáculos jurídicos y políticos para, forzar a García a retroceder o a recortar aún más la nacionalización. Así fue que logró que el presidente levantara la intervención a los bancos y luego que pusiera la medida en discusión en el Parlamento. En las “comisiones” del Congreso (donde juegan toda su influencia los banqueros) se discute ahora cuál será el porcentaje en que se mantendrá la participación de los actuales dueños en los bancos nacionalizados.

Crisis política

La nacionalización de la banca se empalma con una política económica de “ajuste”, en la mejor tradición FMI, lo cual desvirtúa su carácter antimperialista. Si por un lado se deja indemne a la banca extranjera, por el otro Alan García acaba de poner en marcha un plan de privatización de 40 empresas públicas, que se inauguró con la entrega del paquete mayoritario de una compañía automotriz a las multinacionales Volvo y Perkins (La Nación, 27-8). Estas iniciativas demuestran el carácter consecuentemente capitalista de la política de Alan García, lo cual ubica a la nacionalización bancaria como un recurso para contener el colapso económico y confundirá los trabajadores.

Alan García ha intentado naturalmente formar un frente político detrás de las nacionalizaciones, pero esta maniobra está naufragando aceleradamente. La exasperación de la derecha se ha transmitido al seno del aprismo y un sector que lidera el propio vicepresidente Sánchez rechaza la medida públicamente, afirmando que “provocará una debacle económica” (La Nación 22-8). Los intentos de retacear la iniciativa en el Parlamento han desatado, por otra parte, la oposición de 70 de los 108 legisladores del partido (Página 12,22-8). La coalición con la izquierda democratizante (Izquierda Unida), que apoyó plenamente la nacionalización al principio, levanta ahora también reparos frente a la reglamentación derechista que se está cocinando en el Parlamento. Pero la IU también vive una gran crisis interna como consecuencia de su compromiso con la política de Alan García.

Alan García es presentado en la Argentina por el peronismo y toda la izquierda democratizante como el prototipo del líder antiimperialista. Se han ocultado todas las limitaciones de la nacionalización, su contenido parasitario y sus objetivos antiobreros. En Perú como en la Argentina sólo la expropiación de la banca y el gobierno de los trabajadores podrán terminar con el saqueo imperialista.