El 12 de agosto, con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Juventud, diferentes organizaciones juveniles y frentes estudiantiles hondureños convocaron a movilizaciones en varios puntos del país, como parte de una jornada más por la defensa de la educación pública. Esta tenía como eje la denuncia de una nueva Ley General de Educación impulsada por el gobierno, que pretende avanzar en la municipalización de la educación (modelo -en crisis- chileno).

Las movilizaciones fueron multitudinarias, desbordando las plazas principales de San Pedro Sula y de Tegucigalpa -a pesar incluso de que la asistencia fue limitada, dado que cientos de estudiantes mantenían sus guardias en los 140 colegios tomados por los estudiantes desde hace dos semanas, a pesar de la continua represión y persecución.Un día antes de la movilización, dos cortes de ruta fueron realizados en El Progreso por más de mil estudiantes, exigiendo el pago a los  maestros y contra la privatización de la educación (siendo desalojados violentamente por militares y policías). El gobierno de Lobo-Hernández había dado a los estudiantes un ultimátum para que desalojaran los institutos tomados, en medio de un gran operativo mediático, que concluyó en la mayoría de los casos con los alumnos entregando las instituciones. Pero las tomas se retomaron enseguida. En algunos casos, hubo represión con bombas lacrimógenas, detenidos y amenazas de expulsiones de parte de las autoridades de los mismos institutos y del Ministerio de Educación.

Los reclamos de la juventud latinoamericana, y su repudio contra el avance y las consecuencias de la injerencia capitalista en la educación, son el síntoma de la apertura de una nueva etapa en la lucha contra un régimen social en bancarrota.