Juan Carlos de Borbón, ex rey de España, cuya abdicación en 2014 lo convirtió en rey emérito, ha huido del Palacio de la Zarzuela como resultado del descubrimiento de coimas recibidas por él por valor de cien millones de euros para favorecer a la empresa española ferroviaria Ave en la concesión de un tren de alta velocidad de Medina a La Meca. No se trata de la primera coima; en 1973 Francisco Franco lo premió con un porcentaje por barril de petróleo, debido a que el todavía candidato al trono de la casa Borbón había actuado como lobbista en una gestión ante el monarca saudí Faisal Bin Abdelaziz que le permitió a España obtener petróleo en medio de la crisis vinculada al hidrocarburo. Cabe señalar también, que ese porcentaje fue mantenido por sucesivos presidentes de todos los signos, entre ellos Adolfo Suárez de la UCD (franquista) y Felipe González del PSOE. En 1979 hubo una oferta de Kuwait de petróleo a menor precio que el saudí, no aceptada por el Ejecutivo español por las razones señaladas. Las concesiones de áreas petroleras a Repsol durante el menemismo también tuvieron al monarca prófugo como lobbista. Toda la familia real está embarrada hasta el cuello. Recordemos que su hija y su yerno estuvieron complicados en coimas, y que su hijo, actual rey Felipe VI ha viajado a Arabia Saudita en 2017 por las causas que complican a su prófugo padre. New York Times le atribuye al rey emérito la fortuna de 1800 millones de dólares.

La monarquía española fue repuesta en el trono por Francisco Franco luego de la guerra civil. Derrotada la revolución española, el dictador llamó en 1947 a un referéndum amañado para aprobar la ley de sucesión en la que declaraba al Estado español como un régimen monárquico.

La derrota de la revolución española y la imposición de un régimen fascista en España no impidieron que la clase obrera comenzara a desenvolver procesos huelguísticos en los años posteriores. En 1951 tuvo lugar en Barcelona una huelga de tranvías, en 1962 se produjo una oleada huelguística, sobre todo en Asturias y Catalunya. En 1968, en Tarragona se desarrolló una gran huelga de los obreros químicos y huelgas de la construcción en la central atómica Vandellós I. Las sobre exigencias productivas por parte de la clase capitalista sobre la clase obrera con la finalidad de aumentar su tasa de beneficio ocasionó en España una oleada de huelgas. En 1973 la resistencia se expresaba en las luchas barriales y estudiantiles. En 1974 se realizó en Catalunya un boicot a los autobuses. Para tener una idea del ritmo que adquirían las huelgas obreras basta decir que solo en Tarragona (Catalunya) en 1975 hubo 250.000 horas no trabajadas, en 1976 en la misma región se perdieron por huelgas 1.300.000 horas. En toda España durante ese año hubo 1.568 huelgas, a las que la burocracia sindical calificaba de “salvajes” y condenaba. En esto también incluimos a la dirección stalinista de las Comisiones Obreras dirigidas por el PC español, que se oponía decididamente a las huelgas por tiempo indeterminado. Diario 16, que respondía al PSOE decía de un modo decidido en qué andaba el partido de Felipe González: “no es momento de rupturas revolucionarias ni de utopías políticas sino de un programa que conduzca al cambio democrático y a la alternativa de poder mediante elecciones”. Esa era la salida buscada por la burguesía ibérica.

La transición

El cuadro descripto revelaba que la burguesía española de conjunto buscaba un cambio de frente que impidiera un rumbo independiente de su clase obrera. La sucesión de Franco por parte de Juan Carlos preparaba ese cambio de frente y tenía la finalidad de sostener los fundamentos políticos del caudillo y de su movimiento nacional. Ese proceso se plasmó jurídicamente en 1969 cuando Franco lo proclamó su sucesor y quedó claro que la monarquía sería la continuación política y jurídica del franquismo: “acabo de jurar como sucesor, a título de rey, lealtad a su excelencia, el jefe de estado, y fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y leyes fundamentales del reino. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia, el jefe de estado, generalísimo Franco, la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936” (fecha del alzamiento contrarrevolucionario de Franco en Marruecos).

La muerte de Franco en 1975 acelera la sucesión. El nuevo rey, si bien es una continuidad de Franco, se ve obligado a una maniobra, en virtud de la situación explosiva que hemos descripto. El monarca hace renunciar a un hombre del riñón de Franco que ocupaba la presidencia, Carlos Arias Navarro, para imponer en su lugar a Adolfo Suárez, un hombre partidario de la transición, que expresaba la orientación de la burguesía española y del mismo imperialismo. El Pacto de la Moncloa suscripto en 1977 luego del triunfo electoral de Adolfo Suárez fue firmado tanto por el PSOE (Partido Socialista Obrero Español de Felipe González) como por el PCE (Partido Comunista Español de Santiago Carrillo), que además de abandonar la lucha por la república de un modo ignominioso, al reconocer el régimen monárquico, abrían las puertas a una salida a la crisis, atacando conquistas obreras, al admitir que las patronales pudieran despedir libremente al 5% de su plantilla. Cabe señalar que el Partido Comunista Español fue legalizado como resultado de esta capitulación. Antes, durante la guerra civil se ocupó de estrangular la revolución, como parte de la política general de la burocracia del Kremlin.

La Constitución española surgida del Pacto de la Moncloa consagró la protección de la figura del rey de cualquier proceso judicial, mientras ejerza el poder. Los hechos delictivos que se le atribuyen fueron previos a su abdicación en 2014. Es decir que el Pacto de la Moncloa parió un régimen cleptocrático indisimulado. Todo el arco político español, empezando por el presidente Pedro Sánchez del PSOE y seguido por el PP, Ciudadanos, Podemos han respaldado el régimen heredado del franquismo, y hoy actúan protegiendo al prófugo, mientras encubren tanto su delito como su fuga.

Agotamiento

El régimen, herencia del franquismo, está agotado. Su agotamiento es concomitante con el del régimen capitalista. La lucha por la república y el derrocamiento de la monarquía y las rémoras del franquismo no van a encontrar satisfacción en el marco del sostenimiento del régimen político, económico y social capitalista. Unir las demandas de las masas explotadas españolas a la lucha por la república es una conclusión fundamental. Y ésta se coronará triunfante con una unidad socialista de repúblicas ibéricas, como resultado de la destrucción del Estado capitalista en España y Portugal. La construcción de un partido obrero revolucionario en la península ibérica es fundamental para materializar este propósito irrenunciable. La tercera república será obrera y socialista.