Hemos escrito en varias oportunidades que la llamada nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia había sido confeccionada por los propios monopolios internacionales que operan en ese país. Fue la forma que encontraron para rescatar al gobierno de Evo Morales de sus compromisos antiimperialistas con la población indígena y de obtener una suerte de estabilidad política. No en balde, los convenios de nacionalización se cobraron la cabeza del ministro de Hidrocarburos que había pergeñado el planteo de nacionalización del Movimiento al Socialismo durante la campaña electoral.

Fue el propio dimitente, Andrés Soliz Rada, el que se encargó en su momento de poner de relieve el subterfugio de la nacionalización que acabó siendo aprobada por el Congreso. La denuncia más relevante fue que los convenios que fueron firmados en el marco de la nacionalización no inscriben la soberanía del Estado boliviano sobre la totalidad de las reservas de gas y petróleo, que están estimadas en 200.000 millones de dólares. Esta omisión intencional ha permitido, por ejemplo a Petrobras, inscribir como propias las reservas de los campos en los que opera. De modo que los contratos que ha firmado el Estado con los monopolios no tienen el carácter de “convenios de servicio”, por los cuales el capital privado recibe una remuneración preestablecida por sus operaciones y por el cumplimiento de un plan de inversiones. Los nuevos contratos reconocen a los pulpos áreas de operación y derechos de exploración y explotación exclusivos (por un plazo de treinta años), como también los autoriza a asumir el riesgo geológico y de mercado (y consecuentemente las rentas de la explotación petrolera). Estamos ante la forma del “contrato de producción compartida” que caracterizó a la privatización realizada por los gobiernos precedentes. Los monopolios han inscripto las reservas en sus libros. Para Soliz Rada se trata de un golpe mortal a la posibilidad del desarrollo estatal del petróleo, porque privaría a Bolivia de la posibilidad de obtener capital en el mercado internacional prendando las reservas estimadas. En este planteo, el Estado boliviano no tributaría renta a los monopolios petroleros sino al capital financiero internacional. En la pseudo nacionalización de Evo Morales los que van a recoger el capital en los mercados internacionales serán directamente los pulpos hidrocarburíferos —también empeñando las reservas comprobadas.

Putin

Un cotejo con la política seguida por el gobierno de Putin sirve para poner en su lugar lo hecho por el indigenismo boliviano. Por ejemplo, la empresa semi-estatal rusa de gas, Gazprom, acaba de suscribir un acuerdo con la francesa Total para explotar el campo de Shtokman, en el Artico, el cual “no autoriza a Total ningún reclamo por las reservas subyacentes de gas natural”. La francesa tendrá una participación del 25% en la compañía operadora, pero también deberá contribuir con la financiación del proyecto (International Herald Tribune, 12/7). Le Monde (13/7) informa lo mismo: “Total no poseerá las reservas —las licencias de explotación seguirán siendo propiedad de Gazprom— pero aportará su conocimiento técnico y participará en la gestión”. “Como cuestión de principios”, dice un especialista ligado a la embajada noruega en Moscú, “los rusos no aceptan que las compañías tengan la propiedad de los activos del subsuelo”. En realidad, la afirmación no es del todo veraz, porque Rusia está precisamente revirtiendo contratos que no incluían esa prohibición. Así, ha obligado a British Petroleum a ceder su control a Gazprom en la explotación del campo de Kovykta, a la cual la inglesa reingresaría como socia minoritaria (The Wall Street Journal, 22/6). Las petroleras, sin embargo, se han avenido a estos cambios porque, dicen, la rentabilidad de la explotación de estos campos muy productivos está asegurada mientras el precio internacional del barril se encuentre por encima de los 40 dólares (está a casi 80).

No debe concluirse de esto que el gobierno restauracionista de Putin se ha convertido al antiimperialismo; el gobierno ruso está dispuesto a cambiar de postura de nuevo si los pulpos internacionales admiten la asociación de Gazprom en la distribución y comercialización del fluido en el mercado internacional. O sea que se trata de una moneda de cambio. Gazprom pretende reducir la participación del Estado, hoy en un 51%, y colocar acciones en la Bolsa de Londres. Es lo que acaba de hacer al asociarse con una firma austríaca para utilizar un depósito de combustible en ese país, y es también lo que ya ha logrado al asociarse con la alemana Rhur Gas para construir un gasoducto por el Báltico para distribuir en Europa el gas explotado en común. En resumen, la semiestatal rusa, que carece de la tecnología y de los recursos para explotar el gas del Artico, apunta a convertirse en una rueda de la penetración del capital internacional en Rusia.

Reservas

La ‘nacionalización’ indigenista no le da, sin embargo, al Estado boliviano la capacidad de pulseada que tiene la rusa. Pero aún peor es que Evo Morales ha renunciado a resarcir al Estado por los fraudes comprobados realizados por Petrobras, Repsol, Total y Shell cuando se malvendió en su beneficio a YPFB. También ha renunciado a multarlas por los cuantiosos contrabandos que han realizado, al aprovechar el desmantelamiento de YPFB y de sus organismos de control. En estas condiciones, Bolivia debería desembolsar una suma dinero para obtener la mayoría accionaria de los emprendimientos hidrocarburíferos. Soliz Rada dice que “los pulpos han conseguido que se les reconozcan las delirantes inversiones que dicen haber efectuado y las esmirriadas indemnizaciones que dicen haber obtenido en el país” (La Prensa, 6/12/06). Lejos de una nacionalización de las operaciones y de las reservas, Evo Morales no ha obtenido aún la gestión mayoritaria de las operaciones. Una auditoría realizada por el ex ministro ha establecido que la diferencia entre las inversiones que dicen haber realizado las petroleras y las que efectivamente han podido comprobarse llega a 2.700 millones de dólares. Indemnizar semejante fraude es un saqueo al pueblo boliviano de las proporciones del cometido por los conquistadores españoles con la minería del altiplano.

Es cierto, sin embargo, que Bolivia ha obtenido un incremento de la recaudación por impuestos y regalías a la producción de gas —pero con una salvedad. Los contratos firmados incluyen cláusulas relativas a los compromisos de inversión de las petroleras y a las modalidades de cálculo de las amortizaciones, que tienen un carácter provisorio —o sea que son inciertas. El punto es fundamental porque los contratos prevén que el Estado comenzaría a cobrar regalías una vez que hayan sido amortizadas las inversiones que hubiesen sido realizadas. Cualquier cálculo excesivo de esas amortizaciones podría postergar por mucho tiempo la recepción de regalías por parte del Estado.

¿Modelo?

¿Alguien puede reivindicar en serio el ‘modelo boliviano’ para un planteo de nacionalización en Argentina?

Los términos de la ‘nacionalización’ indigenista no son casuales. Recientemente, Repsol hizo conocer su intención de vender sus operaciones latinoamericanas, menos los activos en México, a su colateral YPF. “La idea es armar una empresa latinoamericana”, dice seductoramente Repsol (Clarín, 7/6). Se trata en realidad de otra cosa: “YPF compraría con deuda las operaciones de Repsol en el resto de la región” (Perfil, 10/6), aprovechando el hecho que redujo su endeudamiento del 21% al 6% de su capital. Esta operación tiene como requisito absoluto la posibilidad de registrar como propias las reservas de los campos que explota. En estas circunstancias, Evo Morales anunció su disposición a “recomprar la filial de Repsol YPF” (El Cronista Comercial, 18/5), cuyos activos serían valuados mediante una licitación internacional. Es decir, Morales va a endeudar a Bolivia para “recomprar” Repsol YPF, de la misma manera que lo hará Kirchner para “argentinizar” YPF. No hace falta decir lo que concluirán las consultoras convocadas. Repsol está buscando levantar capital a como sea, porque corre el riesgo de ser comprada por una rival por un precio irrisorio. Repsol pretende descapitalizar a América Latina para sus inversiones en otrás áreas o para entrar en el negocio del biocombustible. Por estas razones monta una gigantesca deuda internacional que tiene como contrapartida los recursos de petróleo y gas de América Latina. La ‘nacionalización’ indígena y la ‘argentinización’ pingüina están al servicio de este enorme fraude anti-nacional.

Mientras que la riqueza boliviana es un negocio ‘a la carte’, en el caso argentino hay un agotamiento de reservas comprobadas. Gastar dinero para rescatar a YPF significa volcar recursos en un negocio vaciado, porque luego habrá que invertir para exploración y explotación. La privatización de YPF, desde Menem y Kirchner en adelante, fue efectuada a cambio de un enorme endeudamiento (equivalente al 100% de toda la operación), el cual fue cancelado luego con remate de sus activos (propiedades, flota, refinerías y agotamiento de las reservas). Una auditoría de semejante privatización determinaría un resarcimiento equivalente a la expropiación sin pago del pulpo y al restablecimiento de la titularidad de una YPF estatal sobre la totalidad de los recursos. Una ‘nacionalización’ indigenista en Argentina significaría una tercera privatización, otro remate más.