No es habitual que la nacionalización de una parte del sistema bancario de un país sea respaldada por la Asociación de Bancos y la cámara empresarial más poderosa, sobre todo si el gobierno que nacionaliza se dice “socialista” (aunque sea “del siglo XXI”) y esas entidades patronales están alineadas, además, con la oposición de derecha.

Eso ha ocurrido, sin embargo, con la intervención estatal a siete bancos venezolanos -tres de ellos fueron liquidados- decidida por Hugo Chávez.

En este caso, además, las irregularidades delictuosas en los bancos intervenidos provocaron un sacudón político directo porque derribaron a un hombre muy importante en el esquema de Chávez: Jesse Chacón, ministro de Ciencias, Tecnología e Industrias Intermedias, cuyo hermano Arné estaba en el directorio del grupo integrado por los bancos Real, Central y Baninvest.

Arné Chacón, ex oficial de la Armada, acompañó a Chávez en el alzamiento militar de 1992, estuvo dos años preso por eso y desde entonces fue un cuadro importante del chavista MRV. Ahora está otra vez preso, pero por estafa.

Por eso, la oposición “escuálida” aprovecha para hablar de la corrupción general del gobierno, aunque en un tono inusualmente moderado. Después de todo, los financistas involucrados sólo malversaban fondos, especulaban con bonos basura y usaban para eso dinero de subsidios estatales; desviaban a la timba bursátil capitales destinados a la promoción industrial y, además, lavaban plata procedente de la corrupción y del narcotráfico. Esto es: los banqueros “rojos rojitos” no hacían nada que no hagan a diario todos sus colegas de otros colores. No cayeron por eso, sino porque llevaban sus instituciones hacia una quiebra segura, lo cual bien habría podido tener un efecto dominó inmediato. La nacionalización, por lo tanto, evitó un peligro que amenazaba a todo el sistema.

La patronal escuálida de Fedecámaras dijo que la intervención a los bancos fue “adecuada y acorde a norma” (Aporrea, 4/12). Juan Carlos Escotet, accionista principal de Banesco -uno de los bancos más grandes del país- felicitó al gobierno por “su manejo de la crisis” (ídem), y Víctor Vargas Santaella, de la Asociación Bancaria (patronal), dijo que las medidas gubernamentales fueron “acertadas”. Como se ve, la banca y la gran burguesía, o por lo menos una parte de ellas, se sienten protegidas por la intervención a los bancos, no agredidas por ella.

Toda la banca, Banco del Estado

Chávez anunció que fusionará las cuatro entidades afectadas que se mantienen activas y creará con ellas un nuevo banco estatal, el Bicentenario. Si eso se hace, el Estado acumulará alrededor del 24 por ciento de los depósitos del sistema. En cuanto a los otros tres, los que fueron liquidados, no tienen mayor importancia: entre todos reunían menos del 3 por ciento de los depósitos y eran propiedad de un solo empresario, el “boliburgués” Pedro Torres Ciliberto.
Además, el gobierno dispuso la intervención de la financiera U21, encargada, entre otras cosas, de la colocación de bonos argentinos. U21 pertenecía al intervenido banco Canarias, cuyo dueño es el empresario Ricardo Fernández Barrueco, ahora preso (otro “boliburgués” enriquecido obscenamente en estos años). “Fernández, dueño de los bancos intervenidos, se considera el ejemplo por excelencia de una nueva clase de empresarios que han ganado millones a través de contratos gubernamentales” (Ambito Financiero, 3/12).

Ahora, como se decía, Chávez anuncia la creación de un nuevo banco estatal. En su programa “Aló presidente” convocó a los cuadros del PSUV a organizar comités con expertos financieros para controlar el manejo de los bancos, similares a los “comités de alta calidad” que intervienen, por ejemplo, en la también nacionalizada Sidor. A eso el gobierno lo llama “control obrero” aunque, como denuncian los trabajadores, en la práctica esas “patrullas” son una fuerza de choque antisindical.

En el caso de los bancos, ni siquiera se tiene una evaluación precisa de la situación de cada uno de ellos, y la “nacionalización” bien puede significar que el Estado se hace cargo de las deudas. Esos “comités” del PSUV, elegidos por la burocracia estatal, pueden facilitar maniobras como las ocurridas en el otro gran banco del Estado, el Banfoandes, en el cual se denunciaron negociados de la gerencia con banqueros privados y dinero de los ahorristas. El nuevo banco estatal, el Bicentenario, nace de la fusión de entidades quebradas. Ya es un mal comienzo.